Además del juicio político, el Gobierno quiere ampliar la Corte
El proyecto para aumentar a 15 la cantidad de miembros del máximo tribunal formará parte del llamado a extraordinarias. Figura el pedido de juicio y la reforma de la Magistratura.
El Presidente firmó el decreto de convocatoria al Congreso con un temario que incluye el jury a los jueces supremos.
Después de que Juntos por el Cambio amenazara con paralizar el Congreso si el Gobierno no da marcha atrás con el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, la Casa Rosada redobló la apuesta y no solo promoverá la destitución de los jueces, sino que también insistirá con el proyecto para ampliar el tribunal a 15 miembros.
Esa iniciativa, junto a otras del área judicial, forma parte de la convocatoria a sesiones extraordinarias, que se publicó en el Boletín Oficial. Así, el Congreso quedó habilitado para sesionar entre el 23 de enero y el 28 de febrero, según confirmó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en conferencia de prensa.
La sorpresa del decreto no es solo la cantidad de proyectos (serán en total 27 temas) sino también el contenido del listado, que incluye iniciativas que difícilmente avancen por la fuerte resistencia de Juntos por el Cambio y otros bloques de la oposición que también condicionan su apoyo a una agenda “de consenso”.
Es que, además del juicio político a la Corte, el Ejecutivo incorporó el proyecto para ampliar el tribunal a 15 jueces, que fue aprobado en el Senado pero no prosperó en la Cámara de Diputados; y la reforma del Consejo de la Magistratura, que también logró media sanción y se trabó en la Cámara baja.
Más sorpresa causó que se incluya en el temario del pliego del procurador general de la Nación, Daniel Rafecas, que está congelado en el Senado desde marzo de 2020 porque necesita dos tercios de los votos para su aprobación, un número que el Frente de Todos no puede alcanzar sin apoyo de Juntos por el Cambio.
Número que no alcanzan
El Gobierno no desconoce la realidad numérica del Congreso y sabe que en tres años de gestión no pudo imponer ninguna reforma judicial. Por eso, el decreto de extraordinarias funciona como un llamado de atención a la oposición, para que deponga su actitud bloquista y acepte discutir todos los temas.
“Esperamos que la oposición no sea irresponsable, como lo ha venido siendo durante este tiempo”, dijo Cerruti desde Casa Rosada, y agregó: “El temario es lo suficientemente importante y extenso como para que la oposición entienda que en el libre juego democrático y de las instituciones hay que sentarse a debatir”.
En el mismo sentido se expresaron los diputados oficialistas. “No querer tratar proyectos es una extorsión inaceptable de Juntos por el Cambio”, denunció el secretario general de la CTA Hugo Yasky, quien integra la comisión.
El entrerriano Marcelo Casaretto coincidió: “Juntos por el Cambio quiere condicionarnos para que no podamos tomar decisiones. Es una barbaridad vaciar el Congreso o dejar sin herramientas al Gobierno para que pueda resolver alguno de los temas pendientes en la Argentina”.
Más allá de la amplia convocatoria, todas las miradas estarán puestas en el juicio político a la Corte, que comenzaría a tramitarse a partir del 26 de enero en la comisión que preside Carolina Gaillard.
El oficialismo presentará el proyecto en las próximas horas y aprovechará la semana próxima para ultimar detalles de la estrategia parlamentaria.
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