Auditoría duda del costo del avión comprado por Río Negro

La conclusión parte del informe técnico del Tribunal de Cuentas, con cuestionamientos a la definición del costo oficial y que no "haya intervenido personal idóneo en la materia".

El avión adquirido por la Provincia ya está en Río Negro, pero sigue en análisis su adquisición por parte del gobierno provincial, especialmente su valor de 4,2 millones de dólares.

En ese sentido, una auditoria del Tribunal de Cuentas es concluyente cuando expresa que «no actúo personal idóneo» en la operación y que «no surgen los criterios aplicados ni consta documentación que respalde la determinación del costo técnico estimado».

Ese informe forma parte de la evaluación que realiza actualmente la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que abordará las «insuficiencias e incumplimientos» detectados para resolver si corresponde la denuncia de funcionarios.

Adjudicada por la licitación 101/21, en febrero pasado, la Secretaría General -con resolución 1.041- formalizó la compra a Gantt Aviation del avión Cessna Citation V Ultra, modelo 1994. El monto acordado fue de 4.234.990 dólares, incluyendo la aeronave (ítem asignado en 3,5 millones de dólares), equipamiento sanitario, capacitación a pilotos y servicios.

Conocida la adquisición, el Tribunal de Cuenta ordenó una auditoria por esa erogación, que incluyó el análisis del expediente, observaciones y descargos con las áreas responsables, la Secretaría General y el área de Aeronáutica, a cargo de Juan José Apud y María José Scheverin.

Las conclusiones de las auditorías -a las que accedió RÍO NEGRO– indican que la «estimación de costo que no fue evaluada y razonada por parte de quien la suscribió», según los decretos de la Ley de Administración Financiera y Control Interno. Estas normas exigen un «informe técnico inicial» para las cotizaciones oficiales evaluadas en «forma fundada y razonada acorde a los valores del mercado», cumpliendo «el objeto de la contratación», «en el momento oportuno y menor costo posible, bajo las pautas de economicidad, eficiencia y eficacia».

Además, la Comisión del Tribunal de Cuentas -que integraron Verónica Leves, Fiorela Carente y Mariana Sella- destacó que «no se advirtió» que «haya intervenido personal idóneo en la materia» para analizar «la conveniencia de la propuesta», como también, «dictaminar y ponderar la razonabilidad del precio ofertado», que concluyó con la aprobación en el marco de la adjudicación realizada.

Para los auditores, el responsable de Aeronáutica y firmante del informe de costo, que «concluyó con la estimación oficial», «no reuniría la idoneidad necesaria» para «la tarea encomendada». Afirmó que -según sus propios dichos- se «recurrió a `personas idóneas’ y con experiencia en la materia», aludiendo a «un ‘perito’, de quien no aporta datos».

Así, se ratifica que «no se cumplió» con un «informe técnico inicial» exigido por las normas «para estimar oficialmente el costo de la contratación».

En ese sentido, el informe del Tribunal dice que «no surgen los criterios aplicados ni consta documentación que respalde la determinación del costo técnico estimado» por Aeronáutica.

La envergadura y los montos hacían imprescindibles llevar una estimación del costo por parte de personas idóneas».

Parte del informe de la auditoría del Tribunal de Cuentas de Río Negro.

En resumen, los auditores entienden que la «envergadura» de la compra y «montos involucrados» «hacían imprescindibles llevar una estimación del costo por parte de personas idóneas en materia de aeronáutica», en lo «netamente técnicos», como también, en las «ecuaciones económicas y financieras». Precisa que «el objeto y precio» debe ser «justificada, desde su razonabilidad».

Los organismos involucrados -se precisa- informaron «que se realizaron consultas a entidades con experiencia en la materia» por «la complejidad y especificidad del bien a adquirir». Pero, la comisión auditora desautoriza ese aporte, detallando que «no se acompaña más información ni antecedente» de quien se le asigna «la condición de perito».

En otra parte, se aclara que en el expediente indica que se estableció «un tope de 4.500.000 dólares» mientras que Textron Aviatión -empresa fabricante consultada- fijaba en su correo «un valor mínimo de 1.500.000 dólares», «sin mención alguna del máximo impuesto como costo estimado oficial».

José María Scheverín, director de Aeronáutica de la provincia. Foto: Marcelo Ochoa.

Otras objeciones: intermediación y titularización


Además de su costo, la auditoría del Tribunal de Cuentas, de 34 páginas, observa otros aspectos del expediente, como la titularidad del avión o la intermediación en la operación.

Aclara que la empresa «no acompañó con la propuesta ni le fue intimada previa a la adjudicación el título de propiedad de la aeronave». Requerida por la Comisión, de la documentación entregada por la Secretaría General «no surgió claramente la titularidad de la misma» y «no fue posible obtener una evidencia suficiente».

Los auditores también se concentraron en la intermediación de la compra. «Los oferentes -recuerdan- deben ser el fabricante de la aeronave o su representante oficial o centro de servicio autorizado por el fabricante».

Los organismos auditados explicaron que «todos los distribuidores miembros de IADA (International Aircrafts Accreditef Dealer Association) o distribuidores oficiales de todas las marcas pertenecientes a los fabricantes que agrupa esa organización». La auditoría dice que «no pudo obtener una seguridad razonable, teniendo en cuenta el principio de deferencia (o especialidad)».

Además, la Comisión entendió que el pliego debió «contemplado como requisito para preadjudicar la acreditación de inexistencia de embargo e inhibición que pudiera recaer sobre el bien registral a adquirir o sobre el titular registral».


Las investigaciones y los pagos por venir


Esta auditoría del Tribunal de Cuentas fue enviada a la Fiscalía de Investigaciones Administrativa, a cargo de Fabian Gatti, que evaluará las «omisiones e inobservancias» detectadas y opinar si existe responsabilidad de los funcionarios.

Mientras tanto, a partir de una denuncia penal del legislador Pablo Barreno, el fiscal Juan Peralta abrió un expediente, iniciando con las 658 páginas acumuladas por la Fiscalía de Gatti.

Y la Provincia tramita otro pago, de casi 2,2 millones de dólares. En abril abonó el anticipo de un monto cercano al 1,7 millones.

Números de la compra

4.234.990
dólares fue el monto final de la operación en la compra de la aeronave, con el equipamiento sanitario.

34
páginas comprende el informe de la Comisión Auditora del Tribunal de Cuentas, enviado a la Fiscalía de Investigaciones.

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