Baja a la edad de imputabilidad: La Libertad Avanza y el PRO buscarán acelerar la aprobación de la ley en Diputados
El proyecto obtuvo dictamen y quedó en condiciones de pasar al recinto de diputados
Esta semana se volverá a discutir la ley que impulsa bajar la edad de imputabilidad, en Diputados. La Libertad Avanza junto al PRO y sus aliados buscarán avanzar con la aprobación de la norma que estuvo en pausa en las últimas semanas por la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos y la creación de la comisión investigadora por el caso $LIBRA.
Después de una semana corta donde los temas a debatir se centraron en la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos y la creación de la comisión investigadora, la Cámara de Diputados vuelve a retomar otras cuestiones como el dictamen de la ley para bajar la imputabilidad de 16 a 14 años para quienes cometen delitos graves.
Fuentes parlamentarias informaron a Noticias Argentinas que la estrategia del oficialismo es tener el martes firmado el despacho para poder tratarlo antes de fines de mayo.
Baja de edad de imputabilidad: el oficialismo buscará máximo consenso
La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, fue quien volvió a citar a una reunión a las 16 con el fin de firmar el despacho donde se buscará el máximo consenso. La iniciativa se debe tratar por el plenario de las comisiones de Legislación Penal y Justicia, de Familia y de Presupuesto, que presiden Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR) y José Luis Espert (LLA), respectivamente.
El oficialismo para avanzar con el proyecto, espera contar con el apoyo de los diputados del PRO, la UCR y la Coalición Cívica e Innovación Federal, y un sector de Encuentro Federal y del Frente Renovador.
Fuentes legislativas precisaron a NA que si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a adolescentes que cometieron delitos graves, el consenso que actualmente existe es sobre bajar la edad hasta los 14.
De qué trata el proyecto para bajar la edad de imputabilidad
El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de prisión perpetua y que el máximo sea de 20 años.
En otros puntos, la iniciativa propone que para la resocialización, el régimen penal de minoridad incluya programas educativos, de formación ciudadana, deportivos y tratamientos médicos cuando sea necesario.
También se propone la creación de la figura del supervisor, encargado de acompañar y guiar al joven infractor en su proceso de rehabilitación y reintegración a la sociedad.
Además establece una revisión de la pena cuando el imputado haya cumplido los dos tercios de la condena y de estar apto, continuarla en su domicilio.
Guillermo Francos solicitó en la sesión informativa que brindó el 15 de abril que el Congreso avance con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad y recordó que el Gobierno envió el proyecto en junio del año pasado: «Quien comete un delito de adulto debe pagar una pena de adulto».
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