Crisis carcelaria en Neuquén: en un año aumentó 326% la cantidad de condenados en comisarías
Lo reflejan estadísticas oficiales. En su primer año de gestión el gobierno de Rolando Figueroa declaró la emergencia penitenciaria, solucionó problemas menores pero no agregó hasta ahora metros cuadrados nuevos de celdas para aliviar la sobrepoblación carcelaria.
El balance de la gestión 2024 del ministro Nicolini. Prometió ampliar la capacidad carcelaria. (Gentileza)
La crisis carcelaria es una de las bombas de tiempo heredadas que el gobierno de Rolando Figueroa todavía no logró desactivar. Por el contrario, se mantiene en constante expansión: nunca hubo tantas personas privadas de su libertad en Neuquén, y cuando a partir del 28 de febrero del 2025 la provincia comience a juzgar y condenar los casos de narcomenudeo, se prevé que el crecimiento será exponencial.
En su balance de fin de año, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, expresó que en 30 años se construyeron en toda la provincia 499 plazas (léase, espacios para alojar personas privadas de su libertad) y prometió que «en cuatro años vamos a construir 418». Dijo que «el ritmo de construcción aumentará 1.576%» y la capacidad se incrementará «83,8%».
Pero ya pasó un año de gobierno y ni siquiera se difundió que hayan adjudicado las obras. Tampoco han exhibido los planos. De acuerdo con la información oficial, en la primera etapa está previsto construir un pabellón de máxima seguridad en el predio de la Unidad 11, y otros en Cutral Co y Zapala.
Sobre lo único que se ha informado es la construcción de un nuevo edificio en el barrio Alta Barda de Neuquén en reemplazo de la inhabitable comisaría Cuarta, y otra comisaría en Centenario. Pero plazas carcelarias, no hay novedades.
«30% o 0% es lo mismo»
El pabellón de máxima seguridad con capacidad para 24 personas que la administración de Omar Gutiérrez abandonó en la Unidad 11 con un 30% de avance de obra no mejoró mucho: Nicolini le dijo a algunos medios que ahora está en un 40%, a otros en un 45%. Como expresó la jueza de Ejecución Raquel Gass en una audiencia, «30% de avance o cero por ciento es lo mismo. Hasta que no esté 100%, no se puede ocupar».
En noviembre del 2022, Gass y su colega de interior Alicia Rodríguez (quien se jubilará en enero) decretaron el «cierre» de las cárceles de la provincia: no pueden ingresar personas detenidas a menos que haya egresos.
El derrame a las comisarías
Como detenidos hay todos los días, porque se recurre mucho a la prisión preventiva y a las condenas a prisión efectiva, el colapso se trasladó desde hace tiempo a las comisarías.
En su informe anual, el Comité Contra la Tortura de Neuquén recordó que «las comisarías tienen espacios diseñados para estadías transitorias no superiores a las 72 horas«. Sin embargo, ya en el 2022 «la media de Neuquén era de 205 días de alojamiento, por encima de la media nacional de 184 días, por lo cual en promedio, para ese año las personas llevaban detenidas más de seis meses en sedes policiales».
Lo que reflejan las estadísticas
Diario RÍO NEGRO obtuvo estadísticas oficiales de personas detenidas en la provincia de Neuquén en noviembre del 2023, días antes de que asumiera Figueroa, y el último corte al 11 de diciembre del 2024, cuando cumplió un año.
Omar Gutiérrez dejó el gobierno con 596 personas privadas de su libertad; hoy hay 25% más: son 746.
El cerrojo en las Unidades de Detención se cumple: allí hay en este momento 543 personas, apenas 1% más que en noviembre del 2023.
La cifra preocupante es la de las comisarías. Según los datos oficiales, en un año creció 326% la cantidad de personas condenadas y 222% las personas con prisión preventiva alojadas en comisarías.
En noviembre del 2023 había 30 condenados y 22 con preventiva en comisarías; hoy se contabilizan 128 y 71 respectivamente.
Condenas cortas
Un dato a tener en cuenta es el fuerte crecimiento de las condenas cortas. En un año se disparó 39% el porcentaje de personas condenadas a cinco años o menos de prisión: pasó de 157 a 219.
Las condenadas a 6 o 10 años de prisión aumentaron 10%, de 228 a 252. A más de 20 años pasaron de 59 a 67, una suba del 13%. En este momento hay 48 condenados a perpetua contra 42 de un año atrás.
En la clasificación por delitos, comparada la foto de noviembre del 2023 con la de diciembre del 2024, bajaron los condenados por delitos contra la integridad sexual (del 39% al 34% del universo de condenados) y por delitos contra las personas (del 38 al 34%) y subieron los condenados por delitos contra la propiedad: del 20% al 26% del total provincial.
Por qué no debe haber condenados en comisarías
En los últimos meses en el ámbito de Ejecución Penal, que se ocupa de las personas que están cumpliendo una condena, se detectó un reclamo recurrente de las personas privadas de su libertad: si están en una comisaría, piden que las trasladen a una Unidad de Detención.
«Es un fenómeno inverso al habitual. El pedido solía ser que los trasladen a una comisaría», dijo una fuente de la justicia de Ejecución Penal. «Ahora están tan mal en las comisarías que prefieren las Unidades de Detención, donde tampoco la pasan bien».
En su informe anual, el Comité Contra la Tortura relevó 13 comisarías del área Confluencia (el ahogo presupuestario al que lo someten le impidió ampliar la cobertura) y concluyó que «en casi en la totalidad de las dependencias monitoreadas se registraron más personas alojadas que el cupo habilitado, habitando en condiciones inaceptables de hacinamiento».
Comprobó «la presencia de personas con condena en casi todas las comisarías, lo cual es contrario a lo que dispone el marco legal vigente».
El Comité señaló que «las personas privadas de su libertad que se encuentran alojadas de manera permanente en comisarías sufren una degradación considerable de sus derechos humanos, ya que no sólo viven en condiciones generales de inhabitabilidad, mala alimentación y escaso o nulo acceso a la salud sino que tampoco disponen de ninguna actividad educativa, laboral o de esparcimiento, las cuales, aunque de manera muy limitada, son ofrecidas en las unidades de detención y que les permitiría avanzar (en el caso de las personas con condena) en los regímenes de progresividad dispuestos por la Ley 24660» de ejecución de la pena.
Aprovechar mejor los recursos
Por otra parte, el Comité observó que «si se tiene en cuenta que en toda la provincia de Neuquén la cantidad de personas privadas de su libertad alojadas en unidades de detención y comisarías es 700, ello arroja un índice de prisionalización relativamente bajo, de 98 personas cada 100.000 habitantes. Esto nos permiten reflexionar si, con la adecuada instrumentación de políticas que atiendan al respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, en cumplimiento con la Ley 24660 de Ejecución de la Pena, sumado a los recursos que ya se destinan al mantenimiento del sistema carcelario neuquino (incluido desde este año el presupuesto aprobado por la ley de Emergencia Penitenciaria), las condiciones de vida de las mismas podría ser más digna y humana de lo que es actualmente».
Fugas extrañas y motines que ocultan reclamos
La sobrepoblación en las comisarías provocó efectos colaterales indeseados, como las fugas masivas y los llamados motines que no siempre fueron tales.
En cuando a lo primero, quedó instalada la firme sospecha de complicidad con los evadidos. Por ejemplo en el caso de la fuga en febrero durante la fiesta de la Confluencia de la comisaría Tercera, cuando escaparon seis internos de los cuales fueron recapturados cinco.
Los calificados como motines fueron en realidad protestas por las condiciones de alojamientos, que lejos de ser reprimidos contaron con un guiño de los jefes de las comisarías. El personal policial no está formado para cuidar a personas privadas de su libertad, no tiene interés en realizar esa tarea ni lo considera parte de su función.
La crisis carcelaria es una de las bombas de tiempo heredadas que el gobierno de Rolando Figueroa todavía no logró desactivar. Por el contrario, se mantiene en constante expansión: nunca hubo tantas personas privadas de su libertad en Neuquén, y cuando a partir del 28 de febrero del 2025 la provincia comience a juzgar y condenar los casos de narcomenudeo, se prevé que el crecimiento será exponencial.
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