Crisis carcelaria en Neuquén: qué cambió un mes después del acuerdo firmado para superar el hacinamiento

El 7 de marzo pasado el juez Marco Lúpica Cristo homologó un amplio acuerdo entre la fiscalía penal, la fiscalía de Estado, la defensa pública, la defensa particular y el ministerio de Seguridad en el que el gobierno de Neuquén asumió una serie de compromisos para terminar con la gravísima situación de las personas que cumplen condena hacinadas en las comisarías del área capital. Pasado más de un mes, la situación es casi la misma o peor de acuerdo con la mayoría de las fuentes consultadas.

El acuerdo fue trabajoso. Intervino en persona el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, y se ausentó el ministro de Seguridad Matías Nicolini con la excusa del incendio en el valle Magdalena.

De lo convenido para ejecutar dentro del primer mes no se cumplió casi nada. Todavía no empezó el traslado de personas que cumplen condena en las comisarías; las casas de pre-egreso de la Unidad 11 siguen con capacidad ociosa; no se mejoró la planta de personal de la Dirección de Población Judicializada y tampoco se cumplió con la promesa de evaluar especialmente las reubicaciones para evitar conflictos internos: a un mal manejo de ese tipo se debieron los incidentes en el Pabellón 8 de la Unidad 11 el mismo día de su reinauguración.

En medio de este panorama, el 30 de abril habrá una audiencia en la cual la fiscalía pedirá que se levante la restricción de alojar más condenados a la Unidad 11, vigente desde noviembre del 2022. Solicitará que se autorice el ingreso de 30 personas, aunque no está claro dónde las ubicarán porque la cárcel no amplió su capacidad operativa en un solo metro cuadrado en estos años.

Desinversión y políticas equivocadas

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La crisis carcelaria en Neuquén es producto de décadas de desinversión y de malas decisiones políticas, como siempre remarca la administración de Rolando Figueroa. A poco de asumir, el gobernador impulsó la declaración de la emergencia penitenciaria que le permite endeudarse hasta 50 millones de dólares y presentó un ambicioso plan para duplicar la cantidad de plazas en cuatro años.

El tiempo pasa y sólo se han hecho refacciones. Para octubre o noviembre estaría terminado un pabellón de máxima seguridad en la Unidad 11 cuya construcción inició Omar Gutiérrez, que aportará entre 20 y 25 plazas más.

El panorama actual

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Apenas atenuará el hacinamiento. En esa cárcel, según los datos oficiales obtenidos por diario RÍO NEGRO, están encerradas en este momento 265 personas, el cupo fijado por orden judicial es 256, la capacidad real es 233.

Está proyectado otro pabellón, en febrero abrieron los sobres con las ofertas pero no se informó sobre la adjudicación. Hay versiones de que le encargarían la obra a la misma empresa, Dinale.

Mientras tanto, en las comisarías hay 118 condenados. No debería haber ninguno.

Represión en el pabellón 8

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Del acuerdo homologado por el juez Lúpica Cristo mencionado al comienzo, hubo un punto que el ministerio de Seguridad sí cumplió: la habilitación del pabellón 8 de la Unidad 11. Lo informó diario RÍO NEGRO, fue el viernes 21 de marzo.

Lo que no había trascendido hasta ahora es la represión y los daños que ocurrieron el 24 de marzo, día de la Memoria. La abogada particular Sol Pérez de León dijo a este diario que en esa fecha «al Pabellón 8 trasladaron a los internos del Pabellón 5. Les dijeron que era provisorio pero los engañaron, una vez que estuvieron ahí se enteraron que era permanente porque al 5 trasladaron a los del Pabellón 2 y 3 para hacerles refacciones».

Estos movimientos son habituales para aprovechar el poco espacio disponible, pero deben hacerse con cuidado. En esta ocasión no lo hubo y se generó una protesta en el pabellón 8 que fue reprimida. «A los internos los gasearon y les dispararon con balas de goma. Uno recibió un perdigón cerca del ojo», contó Pérez de León.

Esposados boca abajo

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Añadió: «a uno de mis clientes lo acusaron de insultar a un oficial, dijeron que por eso empezaron los incidentes. Yo pedí las cámaras de seguridad y ofrecí testigos, con eso habría demostrado quizás, que los tuvieron horas esposados boca abajo como denunciaron los internos. A mi cliente lo sobreseyeron en el sumario interno».

El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid confirmó que existieron incidentes y se produjeron daños. Anticipó que no podrá formular cargos contra los autores porque «no están individualizados. Fueron del pabellón 5, pero no se sabe quiénes», dijo ante una consulta de diario RÍO NEGRO.

El Comité Contra la Tortura también intervino y en base a entrevistas corroboró la existencia de lesiones producto de la represión, así como la permanencia de las personas durante horas esposadas boca abajo.

Los internos se quejaron en una carta. Dijeron que son 18 que cumplían buena conducta desde hacía dos años y los reubicaron en el Pabellón 8 en peores condiciones de las que estaban en el 5.

Qué fue lo acordado

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Es un mal precedente para los planes del gobierno. En los pabellones 2 y 3 tiene previsto encerrar a los condenados que ahora están en comisarías.

El acuerdo homologado por el juez contempla especialmente que antes de la reubicación se deberán evaluar los lugares de alojamiento «con el fin de evitar especialmente circunstancias que pudieran atentar contra la vida e integridad física de las personas privadas de libertad».