Crisis carcelaria en Neuquén: principio de acuerdo con muchos interrogantes

La grave crisis carcelaria en la provincia de Neuquén tuvo un principio de acuerdo para buscar una salida. Algunos detalles permanecen imprecisos porque otra vez el ministerio de Seguridad faltó a la audiencia judicial en la cual se debatió la posible solución al agravamiento en las condiciones de detención, que el gobierno niega.

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De la audiencia realizada este viernes participaron el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, la fiscalía de Estado representada por Gustavo Kohon; la defensora de Ejecución Penal, Luciana Petraglia, el defensor público José Maitini y la abogada particular Sol Pérez de León. Nadie asistió en representación del ministerio que conduce Matías Nicolini, que sin embargo firmó el acuerdo.

Uno de los puntos principales del acta firmada y homologada por el juez Marco Lúpica Cristo ordena «la inmediata reubicación de las personas privadas de libertad actualmente alojadas en las comisarías N° 1, 2, 7, 16, 17 y 41 de la Primera Circunscripción Judicial, en la medida en que se generen vacantes en las unidades penitenciarias, priorizando su relocalización de manera segura y evitando cualquier situación de riesgo para su integridad física». Eso aliviaría la sobrepoblación de las comisarías donde hay 140 personas amontonadas en un espacio para 40, según los relevamientos oficiales.

Sin embargo, nadie supo explicar qué significa la expresión «en la medida en que se generen vacantes en las unidades penitenciarias». El mismo juez dijo que «no encuentro un plazo concreto para la reubicación progresiva» de los condenados.

Es posible, se dijo en la audiencia, que se discuta la apertura del cupo en la Unidad de Detención 11, la también sobrepoblada cárcel ubicada en el Parque Industrial. Por orden judicial desde noviembre del 2022 está prohibido el ingreso de personas a menos que se produzcan egresos.

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En el mismo sentido el gobierno se comprometió a terminar las obras y habilitar el Pabellón N° 8 de la Unidad 11 «antes del 31 de marzo» próximo. Tiene capacidad para 25 personas.

Los contenedores

Otro compromiso que asumió el Ejecutivo es la instalación de los 20 módulos habitacionales -los contenedores- «con capacidad total para 80 plazas» dentro del predio de la Unidad 11, «en un plazo de entre 3 y 6 meses a partir de la homologación del presente acuerdo».

El gobierno pateó para más adelante el pedido de la defensa para que las plateas sean construidas por personas detenidas bajo la modalidad de un plan de capacitación y empleo.

Pocas cosas claras

El juez Lúpica Cristo remarcó que «no me queda del todo claro la fuente de financiamiento, cuánta partida presupuestaria hay», cuestiones que debió explicar el ministerio de Seguridad, «pero sé -dijo el magistrado- que la fiscalía de Estado tiene predisposición a dar certezas sobre obras, monto, dinero y tiempos». El organismo extrapoder que conduce Raúl Gaitán se mueve como un ministerio en esta crisis.

En su resolución, el juez señaló además que «no hay una situación que se pueda resolver de acá a muy poco tiempo«. El acuerdo «se trata de un buen inicio, pero hay que seguir trabajando». Por lo tanto, la acción de hábeas corpus que inició la defensa pública en favor de los detenidos en comisarías «no se puede dar por cerrado«.

«Hay puntos que no se pueden conciliar por el momento, lo cual no significa que sea un mal acuerdo. Al contrario, es muy bueno», destacó. «Todas las partes coinciden en que se tiene que hacer algo con la situación carcelaria».

Lúpica Cristo dejó a salvo que «la fiscalía de Estado no reconoce que exista un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención» pero «está permeable a esta solución intermedia».

Por ahora solo promesas

La cuestión es que «hasta tanto no cese la situación que genera este remedio procesal, el hábeas corpus no puede ser cerrado. El hábeas se agota cuando el problema está resuelto, no cuando hay una promesa. Aquí hay compromisos institucionales, pero no implican una solución efectiva de este problema y ya nos olvidamos y a partir de la semana que viene estamos todos en paz», argumentó.

El juez insistió en que «la solución depende de medidas que llevan mucho tiempo. Hemos leído el detallado informe que hizo el Comité contra la tortura, es aberrante lo que se ve en las fotografías y lo que se lee».

Otros puntos del acuerdo

• Revisar los criterios de ingreso al sector de pre-egreso de la Unidad de Detención 11, donde hay tres casas desocupadas con 12 vacantes. Posteriormente, las partes deberán reunirse para definir el plazo de construcción de cuatro nuevas casas de pre-egreso, tres de ellas destinadas a alojamiento y una como aula de educación y trabajo.

• Ordenar la incorporación de 100 nuevas tobilleras electrónicas para poder otorgar más prisiones domiciliarias.

• Disponer la construcción de dos nuevos pabellones de mediana seguridad en la Unidad de Detención 11, con capacidad total para 148 plazas. La construcción deberá iniciarse este año y concluirse dentro del plazo de 450 días corridos desde la adjudicación del contrato.

• Ordenar la desafectación progresiva del personal policial de funciones penitenciarias en comisarías.

• El cumplimiento del acuerdo podrá ser supervisado por cualquier juez penal o integrante del Colegio de Jueces.

• Ordenar que la Mesa de Trabajo Permanente remita informes trimestrales sobre el estado de cumplimiento de las medidas adoptadas, debiendo incluir: Avances en infraestructura, reubicación de internos, asignación presupuestaria y disponibilidad de recursos.