Crisis en Huergo: rechazan el balance 2024 por gastos millonarios «sin justificar»

La crisis en Huergo suma un nuevo capítulo con el rechazo al balance 2024 por parte del Tribunal de Cuentas, que detectó gastos por más de 12 millones de pesos, sin respaldo documental ni justificación fiscal. El informe advierte irregularidades que cuestionan la transparencia de la gestión municipal.

Por su parte la intendenta, Silvia Penilla en diálogo con Diario RÍO NEGRO, sostuvo que la negativa es una cuestión «meramente política» y agregó que «perjudica el funcionamiento de la municipalidad e impide a la gestión obtener posibilidades crediticias para el avance de la localidad».

Según el dictamen que presentó el tribunal de cuentas, la documentación presentada por el Ejecutivo municipal presenta «severas falencias», especialmente en los certificados de trabajos efectuados, que carecen de facturas, recibos oficiales o «cualquier respaldo fiscal válido» que permita acreditar la efectiva ejecución de los servicios declarados o la legalidad de los pagos realizados.

Además, advierten inconsistencias formales y conceptuales en varias hojas que componen el balance, estas son «irregularidades» en las fechas, omisiones en cálculos, denominaciones incorrectas.

En el documento, el Tribunal de Cuentas afirma haber solicitado múltiples informes sin obtener una respuesta satisfactoria por parte del Ejecutivo, por ende, formalizó una denuncia ante la autoridad competente.

También sostiene que «estas deficiencias» representan una «vulneración a los principios de transparencias, legalidad y control del gasto público», por ello, se decidió no aprobar el balance anual presentado por el ejecutivo municipal correspondiente al ejercicio 2024 y se elevó el dictamen al Concejo Deliberante para su «conocimiento y fines pertinentes».

Silvia Penilla: «Es una negación meramente política»

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En relación con la no aprobación del balance correspondiente al ejercicio 2024, la intendenta Silvia Penilla sostuvo que el contenido del dictamen «excede en varios pasajes el análisis técnico-contable» y que incorpora «valoraciones y observaciones» que refieren a hechos, procedimientos y decisiones de «carácter operativo, político o de gestión, los cuales no guardan relación directa con el objeto del balance presentado».

Explicó que una parte sustancial de las erogaciones observadas corresponde a contrataciones de servicios personales, por tareas específicas y de carácter eventual, que fueron formalizadas “mediante contratos, certificados de trabajo o constancias firmadas por los responsables de cada área». Y agregó que esos contratos “tuvieron un fuerte componente social», dado que involucraron a personas en situación de vulnerabilidad, «a quienes se ofreció una oportunidad de inserción laboral temporal en tareas municipales o comunitarias”.

“La documentación que nosotros presentamos son certificados de servicio o de trabajo, por ejemplo de alguna persona que sabe de albañilería y se le dio una changuita dentro de las obras de la localidad, y pueden comprobar que el trabajo se realizó porque casualmente son todas las obras que hicimos en el primer año de gestión: el escenario del ferrocarril, la pintura del edificio donde ahora funciona Hacienda y Obras Públicas, el centro comunitario del barrio Ceferino donde se hizo la pintura, el baño, el piso. Eso rechazan, es estrictamente político”, afirmó la intendenta.

Sostuvo que se trata de una «negación meramente política» y perjudica el funcionamiento de la municipalidad, «es simplemente ser oposición por oposición».

La denuncia contra la intendenta

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Los pedidos de informes que realizó el tribunal de cuentas tienen fecha del 2024 y se vinculan con la denuncia efectuada en septiembre del año pasado contra la intendenta Silvia Penilla por «abuso de poder y peculado», que fue impulsada por la titular del Tribunal de Cuentas, Silvina Santos, y dos concejales opositores.

El motivo de la denuncia fue el manejo irregular de fondos del municipio, por los pagos que habría recibido un subsecretario de su gabinete municipal, Rafael Cavia, y su pareja Eva Müller.

Según indica la denuncia, Cavia fue nombrado como subsecretario de Gobierno con una remuneración de 1.690.000 pesos, pero hasta el momento no hay ningún recibo salarial por ese monto. Además, los denunciantes aseguraron que sí se realizaron transferencias bancarias entre enero y mayo a Cavia. Y que en junio y julio Cavia le facturó al municipio.

Según la denuncia, se solicitó información sobre esta situación a Penilla, pero no hubo respuestas al Tribunal de Cuentas local.

Además, se señaló que la esposa de Cavia, recibió transferencias del municipio, luego de haberle facturado diversos montos, y que el argumento sería por los servicios que brindó su pareja al municipio. La intendencia reconoció esta irregularidad argumentando que Cavia no podía acceder a su CUIT en Anses y AFIP por un error de sistema.