Cubren una vacante eterna en el Tribunal de Cuentas: el vínculo con la estafa con planes sociales de Neuquén
El gobernador comunicó los nombres hoy, que se definieron con acuerdo de su sucesor. El futuro presidente del organismo de contralor inició su carrera laboral en la subsecretaría de Juventud que conducía Rolando Figueroa.
El gobernador Omar Gutiérrez acordó los nombres con su sucesor Rolando Figueroa. Foto: archivo Florencia Salto.
El gobernador Omar Gutiérrez envió este martes a la Legislatura los pliegos para cubrir una vocalía y la presidencia del Tribunal de Cuentas de Neuquén, un órgano clave del gobierno porque es (o debería ser) el que se ocupa de auditar la administración de la provincia. Los nombres fueron definidos en acuerdo con el electo Rolando Figueroa, quien también logró en los últimos días imponer el nombre para la futura Contaduría General.
Para la vocalía, el decreto 2267 firmado ayer designó a Marcelo Raimondo, de 57 años, actual vicepresidente de la ADI-NQN. Se recibió de contador público en 1990 en la Universidad Nacional del Comahue y, desde 1991, viene ocupando diversos cargos en la administración pública.
Pasó por la dirección provincial de Rentas, por la subsecretaría de Hacienda, por el Tribunal de Tasaciones, la subsecretaría de Ingresos Públicos y el ministerio de Producción, entre otros puestos.
También integra el directorio de Cordineu en representación del Estado provincial.
Para el cargo de presidente del Tribunal de Cuentas, cargo que estaba vacante desde que su titular, Hugo Acuña, falleció en enero de 2022, la designación resulta una sorpresa.
El designado mediante decreto 2266 es Juan Pablo Dirr, abogado oriundo de Chos Malal.
La ciudad de origen ya da una pista del vínculo con el gobernador electo, Rolando Figueroa, pero hay más. Dirr tiene 45 años y se recibió de abogado y de procurador en la Universidad Nacional de La Plata. Es especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional del Comahue.
Sus primeras experiencias laborales en el Estado son de la mano de la subsecretaría de Juventud que condujo el propio Figueroa durante el gobierno de Jorge Sobisch. Dirr comenzó como practicante rentado y llegó a ser Jefe de Departamento de Despacho y Director de Despacho y Asuntos Jurídicos, cuando la subsecretaría subió de rango y absorbió también el área de Deportes.
Luego de ese paso por la administración pública, Dirr fue secretario del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional con competencia Penal del Niño y el Adolescente de la V Circunscripción (Chos Malal) y defensor oficial penal, también en la misma Circunscripción.
Acuerdo en la Legislatura
Los cargos del Tribunal de Cuentas necesitan acuerdo en la Legislatura. Los decretos que firmó ayer Gutiérrez ingresaban esta mañana por mesa de entradas y serían tratados antes de que se terminen los actuales mandatos.
El artículo 259 de la Constitución Provincial establece que el Tribunal de Cuentas estará integrado por un presidente que deberá reunir las condiciones requeridas para ser miembro del Tribunal Superior de Justicia y por lo menos dos vocales contadores públicos de la matrícula, con ciudadanía en ejercicio, que hayan cumplido 25 años de edad y tengan tres años de desempeño en sus respectivas profesiones en la Provincia.
Sobre el rol del organismo, indica que debe tener «poder bastante para aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos hecha por todos los funcionarios, empleados y administradores de la Provincia».
La estafa con planes sociales y la auditoría trunca
El Tribunal de Cuentas de la provincia, históricamente, ha tenido un rol desdibujado como contralor en las sucesivas administraciones del gobierno. Un poco lo demuestra la demora en cubrir la vacancia, que se abrió hace más de un año y medio, sumado a la dificultad para encontrar los acuerdos legislativos para el nombramiento.
El año pasado, el Tribunal de Cuentas volvió a la escena pública al involucrarse en una de las causas más resonantes del último tiempo, la estafa con planes sociales del ministerio de Desarrollo Social.
Según había publicado Diario RÍO NEGRO, se trató de un sumario administrativo patrimonial, una herramienta que el organismo puede activar «ante la toma de conocimiento de la presunta comisión de irregularidades que pudieran dar origen a perjuicio fiscal«, según prevé el artículo 111° de la ley 2141 de Administración Financiera y Control.
De los resultados de esa intervención no se conoció prácticamente nada.
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