Figueroa disputará todo: el Tribunal Superior, el Tribunal de Cuentas y la fiscalía de Estado

Son los puestos clave que el próximo gobernador de Neuquén negociará en la transición con Omar Gutiérrez.

A Evaldo Moya lo votaron 29 legisladores para que sea juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén, el 6 de diciembre de 2011. Uno de ellos fue Rolando Figueroa, el primer gobernador que ganó las elecciones sin el sello del MPN y el que definirá su reemplazo.

El vocal está en condiciones de jubilarse (cumple con los requisitos de edad y aportes) y su salida, luego del resultado de las elecciones del 16 de abril, será más temprano que tarde. Esa es al menos la pretensión de la nueva administración. «Todavía no presenté la renuncia», aseguró el juez ante la consulta de este diario.

Los últimos meses han sido duros para Moya: el 21 de diciembre de 2022 el tribunal anunció que el magistrado continuaría en la presidencia, un hecho inédito en la historia, ya que anualmente rotan en el cargo. Se quedaba con la conducción de la Junta Electoral, el año en el que se votaba gobernador, e iba a subrogar el Tribunal de Cuentas.

Esto desencadenó las críticas del sector identificado con Figueroa que pidió explicaciones públicas. Moya es un exafiliado al MPN y hombre de confianza de Jorge Sapag: fue su asesor general de Gobierno y lo nombró al frente del Tribunal de Cuentas.

Repentinamente hubo cambio de planes y en febrero, dos meses antes de las elecciones, el TSJ comunicó que por una «reorganización administrativa» la presidencia quedaba en manos de la jueza Soledad Gennari.

Tanto ella como Moya, Alfredo Elosú Larumbe y José Gerez fueron elegidos por Sapag. El actual gobernador, Omar Gutiérrez, nominó a Vanina Merlo, Gustavo Mazieres y Germán Busamia.

Para cubrir una vacante en el TSJ, Figueroa necesita que su candidata o candidato sea aprobado por la Legislatura. Él propone y para la designación se necesitan los votos de los dos tercios de los miembros presentes en el recinto. Esta mayoría agravada lo obligará a negociar. La forma en que hasta ahora se lograron esos acuerdos fue poniendo dos vacantes a disposición, como pasó en 2022 con Merlo-Mazieres. Por el momento solo habría una.

¿Qué gobernador se perdería la posibilidad de nombrar a quienes definen la constitucionalidad de las leyes de la provincia?

Ya no es más azul


Gutiérrez adeuda cubrir la presidencia y una vocalía del Tribunal de Cuentas, que es el organismo encargado de controlar la administración de los fondos públicos. ¿Puede hacerlo antes de irse? Para la gestión que asumirá el próximo 10 de diciembre esos lugares ya no le pertenecen a la lista azul, por lo que esperan intervenir también allí.

Estas designaciones necesitan, al igual que las del TSJ, acuerdo legislativo. De vuelta: ejercitar el músculo para cosechar votos en una Cámara sin mayoría propia.

El Tribunal de Cuentas tiene abierto un sumario a raíz de la estafa con planes sociales que terminó con la renuncia del ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca. Además hay una investigación penal en curso del fiscal jefe Pablo Vignaroli, que en 2025 cumpliría con los requisitos para jubilarse.

El último bastión


Quizás la disputa más difícil de todas estará en la fiscalía de Estado, que ocupa Raúl Gaitán. Fue nombrado por el exgobernador Jorge Sobisch. Es el funcionario que rompió la tradición: previo a su designación cada mandatario designaba al suyo.

Este no es un fiscal cualquiera: su rol es defender el patrimonio del Estado ante cualquier demanda en su contra. Su puesto también necesita respaldo de la Legislatura y será inamovible, salvo que sea expulsado por un jurado de enjuiciamiento.

Gaitán no suele hablar con la prensa, pero sí se presentó a la entrevista que hicieron dos periodistas de este diario cuando entrevistaron a Di Luca por la estafa en planes sociales. «Vine a escuchar y, si llega a haber funcionarios del gobierno involucrados, los tendré que acusar. Que esté acá no me va a cambiar nada«, afirmó en aquella oportunidad.


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