De las oficinas del Estado al territorio: lo que revela el juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén
Esta semana sigue el juicio por la estafa de más de 1.200 millones de pesos que según la fiscalía cometieron entre 2020 y 2022 un grupo de funcionarios y empleados de Desarrollo Social. Qué surgió después de una semana de testimonios. Lo que pasará en las próximas audiencias.
Los extractores quedaron registrados por las cámaras de vigilancia de los cajeros automáticos del BPN. (Archivo/Cecilia Maletti)
La primera semana de audiencias en el juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén permitió tener un panorama de los dos grandes escenarios en los que se perpetró la maniobra. En la calle, punteros políticos con mandato para ofrecer subsidios a personas necesitadas. En los escritorios, funcionarios que manejaban los resortes del Estado para que los desvíos de dinero pasaran inadvertidos.
Los personajes que se movían en cada escenario quizá ni se conocieran, como aseguran los abogados de las defensas, pero cada uno necesitaba de las acciones del otro para que la estafa tuviera éxito. ¿Alcanza para probar que existió una asociación ilícita, por acuerdo tácito o expreso como dice la fiscalía? ¿Todo ocurría con conocimiento de niveles muy por encima de los que están siendo juzgados?
A partir de este lunes la fiscalía buscará profundizar su teoría del caso. Declararán antiguos empleados que fueron cómplices de la maniobra y ahora acusan a sus jefes, y funcionarios que conocen desde adentro los engranajes burocráticos que se manejaban.
Quiénes eran y qué hacían los reclutadores
La cadena de responsabilidades tiene, por definición, eslabones. Los que ocupaban los últimos lugares ya están condenados y cumplen 3 años de prisión en suspenso: son los llamados reclutadores. En las cinco primeras audiencias del juicio se habló mucho de ellos.
Punteros del Movimiento Popular Neuquino, algunos con empleo en el Estado -temporal o eventual- su misión era conseguir personas que calificaran para obtener un subsidio. Hasta ahora declararon 9 beneficiarios cuyos perfiles son muy parecidos: mayores de edad; sin trabajo registrado; sin otro beneficio del Estado. El ofrecimiento les llegó en el barrio por un amigo, un conocido, un pariente. Sólo algunos pocos admitieron que se les pedía, a cambio, militar para el MPN.
La tarjeta de débito
El primer paso fue idéntico. Con una fotocopia del DNI quedaron registrados en el Ministerio de Desarrollo Social para recibir un subsidio (la oficina convierte en un legajo esa mujer o varón desempleado: el territorio se burocratiza, se vuelve número).
Después, servicio personalizado. Los llevaron al Banco Provincia de Neuquén para abrir la caja de ahorros y recibir la tarjeta con el PIN, y activarla. El puntero esperaba afuera; había que entregarle el plástico con la contraseña, a cambio de los primeros 3.000 o 4.000 pesos en mano. Sin preguntas, sin reclamos.
Quizá los beneficiarios se guardaron para sí algunos detalles de su relación con las y los punteros. Ni a la fiscalía ni a las defensas les interesó profundizar ese camino.
Computadoras, servidores
El otro escenario lo describieron funcionarios, gerentes del Banco Provincia de Neuquén y técnicos informáticos que declararon como testigos: Joaquín Alfieri, Daniel Gutiérrez; Pablo Rodríguez Brindisi, Martin Gómez, Juan Pablo Celeste, Juan Morales.
La acción ocurre en oficinas del Estado, hay escritorios, computadoras, impresoras, servidores. La maniobra fluye por correos electrónicos, planillas Excel oficiales y blue, auditorías, expedientes físicos y electrónicos.
En la teoría el sistema funciona, las responsabilidades están delimitadas. En la práctica un responsable no supervisa con el rigor que exige el cargo (de pronto cambió un funcionario y hubo que blanquear todo de apuro, dice la fiscalía), un servidor está bajo llave al alcance de pocos; alguien entrega tarjetas de débito a beneficiarios sin completar el legajo y recibe una «sanción menor».
Como en el territorio, la calle, el barrio, están los protegidos y los vulnerables. Hay un ejercicio crudo del poder en esos ámbitos.
Una cara más arriba
Un albañil con toda la experiencia de su vida a cuestas lo graficó muy bien, cuando le preguntaron quién era el jefe de Gustavo Mercado (un reclutador, ya condenado): «a él lo usaron. Reclutan gente indigente como él, hasta como yo podría ser, lo engañan con un poquito más de plata, él ve una cara más arriba, que nosotros ni la conocemos, y así, así, así (hizo un gesto ascendente con la mano)».
«En ese juicio faltan funcionarios, y de mayor jerarquía», dijeron algunos de los defensores en el primer día de audiencias. El equivalente a «caras que ni conocemos».
Otro caso de corrupción
Para terminar. Mientras se reclutaban personas vulnerables, se simulaban pagos de subsidios, se entregaban 4.000 pesos de una cuenta en la que habían 49.000, en esa misma época, el 29 de junio del 2021 una explosión causó tres muertes en la escuela albergue de Aguada San Roque.
Ese también fue un caso de corrupción, en otra área del Estado, con 5 condenados, 3 de ellos funcionarios a prisión efectiva.
Dentro de tres semanas, cuando el juicio por la estafa con planes sociales esté en pleno desarrollo, el Tribunal de Impugnación definirá si las condenas por la explosión y muertes en la escuela albergue quedan firmes.
La primera semana de audiencias en el juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén permitió tener un panorama de los dos grandes escenarios en los que se perpetró la maniobra. En la calle, punteros políticos con mandato para ofrecer subsidios a personas necesitadas. En los escritorios, funcionarios que manejaban los resortes del Estado para que los desvíos de dinero pasaran inadvertidos.
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