Denuncian avance de Río Negro para privatizar tierra fiscal sobre el acceso a Lago Escondido

La publicación de un edicto de mensura sobre un lote fiscal de El Foyel, ubicadas sobre el camino de Tacuifí, que podrían terminar en la titularización de esas tierras en favor de sus actuales permisionarios generó el rechazo de varias organizaciones y pobladores del lugar, quienes pidieron la paralización del trámite.

Según entienden, las mensuras serán el primer paso para consolidar la “privatización” del acceso a Lago Escondido. Recordaron que ese camino es el más accesible para llegar al paradisíaco espejo de agua, encerrado hoy dentro de la estancia que pertenece al magnate británico Joseph Lewis.

La demanda para que la provincia garantice el libre tránsito por ese camino todavía no tiene sentencia firme y está a resolución de la Corte Suprema de Justicia.

Las tierras involucradas están hoy en poder de la familia Puchy, cuyos integrantes son en realidad simples permisionarios del Estado provincial, y actúan como guardianes privados de la propiedad de Lewis y del portón que veda el acceso al lago, donde han protagonizado varios incidentes.

Algunos integrantes de la familia enfrentan denuncias penales por hechos de violencia formulados por manifestantes y por pobladores de El Foyel, que están en pleno trámite. También fueron acusados de explotar en el lugar una cantera de áridos, que no cuenta con permiso de la secretaría de Minería y no respeta la distancia mínima con una ruta nacional, según manifestó la legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos)

Más de cincuenta organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos y numerosos ciudadanos en forma individual firmaron un petitorio que esperan presentar mañana ante la dirección de Tierras para reclamar que “se interrumpa todo trámite relacionado con la mensura o extensión de título de dominio (sobre los lotes que ocupan los Puchy) hasta tanto no se esclarezcan todas las situaciones irregulares” sobre esas tierras.

Odarda dijo que el alerta surgió cuando el edicto de notificación pública a los “linderos” fue publicado en el boletín oficial y comprobaron que se trataba de un lote “ocupado por Uriel Lautaro Puchy”, un joven 18 daños que es hijo del permisionario original.

“Tienen varios lotes en el lugar, amparados por el gobierno, y han comenzado a construir edificaciones durante la pandemia, siempre con el objeto de bloquear en forma definitiva el paso a Lago Escondido por Tacuifí”, dijo la legisladora.

Los Puchy son descendientes de dos hermanos que hace casi un siglo integraban un grupo de bandoleros que asoló la región, encabezada por Foster Rojas, tal como publicó este diario hace dos años.

Según Odarda, la mensura que ahora buscan apurar y que tiene fecha límite de oposición para el 28 de julio, se trata de un trámite exprés previsto en la nueva ley de Tierras, cuya aprobación ya había generado fuerte resistencia. Dijo que en los hechos busca avanzar con la mensura “para después entregarles el título y consolidar la privatización de esas tierras”.

Señaló que se trata de una decisión discrecional de la dirección de Tierras difícil de explicar, porque en el resto de Río Negro hay “no menos de 5.000 permisos más de ocupación sin regularizar”.

Odarda señaló que el acceso al lago Escondido no está garantizado de ningún modo, a pesar del derecho previsto por ley, ya que Tacuifí sigue bloqueado y el “camino de montaña” invocado siempre por Lewis como alternativa válida, y que demanda 4 días de marcha a caballo, “estará cerrado por cinco años” debido a los incendios del último verano.

Un intento de desactivar la alarma

El director de Tierras, Diego Lawrie, aseguró que no existe un favoritismo con los Puchy y negó que cada gestión de mensura sea obligadamente el paso previo de la entrega del título a los permisionarios.

Refirió con la ley actual la mensura está a cargo del ocupante y “si luego el Estado les vende, se contempla el gasto” que haya insumido la tarea del agrimensor. Señaló que “hay un montón de tierras en vías de regularización” y que no le consta la oposición de particulares en el caso Puchy.

Sobre la cantera, Lawrie descartó irregularidades pero no fue concluyente. “Creo que está autorizada, pero no es mi jurisdicción”, afirmó. En la respuesta a un pedido de informes de la Legislatura había dicho en abril pasado que la secretaría a su cargo “no registra explotaciones de canteras” y dijo que no tenía constancia de la obstrucción de cursos de agua en el lugar, como fue denunciado.

Una clausura que podría ser definitiva

Según Odarda, las construcciones que levantaron los Puchy en tierra fiscal “ya parecen un pueblito”. Se quejó de que por el camino vecinal de Tacuifí “ya no se puede entrar” a Lago Escondido y que ese impedimento -que reserva “privilegios” a Lewis para el disfrute del espejo de agua– “se va a consolidar si otorgan los títulos de propiedad”.

Recordó que hay todavía una causa abierta para exigir que la provincia garantice la apertura de esa senda, impulsada por ella misma desde hace varios años, y que espera una sentencia definitiva de la Corte.

La nota de oposición que circula desde hace unos días destaca que la tierra que la provincia podría ceder a los Puchy está ubicada en “área de frontera”, tiene un “alto valor territorial y de soberanía nacional” y pidieron que se frene el proceso de “mensura o extensión de título de dominio” hasta que se resuelvan los litigios pendientes, “bajo apercibimiento de denuncia penal” contra los funcionarios responsables de “cualquier actuación que vulnere la ley vigente”.

Firmaron entre otros la APDH, las dos CTA, partido PARTE, el PTP-PCR, Patria Grande, la Asamblea por la Tierra y el Agua de Mallín Ahogado, Nuevo Encuentro, el Frente Rural de El Bolsón, el Movimiento Evita y el Partido Comunista.