Desregulación de servicios de telecomunicaciones: «podría llevar a una falta de inversión y acceso a servicios esenciales»
Legisladores de Río Negro rechazaron los decretos nacionales que desregulan servicios de telecomunicaciones. Indicaron que "podrían resultar en un perjuicio para los ciudadanos".
Milei abrió paso hacia la liberación del mercado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en Argentina.
El bloque de legisladores del partido Justicialista-Nuevo Encuentro de Río Negro presentó hoy un proyecto de Comunicación expresando su rechazo al decreto impulsado por el gobierno de Javier Milei que desregula los precios en los servicios de telecomunicaciones
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 302/24, publicado el miércoles en el Boletín Oficial de la República Argentina plantea la derogación de disposiciones regulatorias «clave en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), específicamente en lo concerniente a la telefonía móvil».
Entre los puntos objetados por los parlamentarios se encuentra la propuesta de modificar el artículo 48° de la Ley N° 27.078, que regula las TIC, sustituyéndolo por una disposición que permitiría a los licenciatarios de servicios de TIC fijar sus precios sin control estatal, lo que podría conllevar a aumentos desmesurados y falta de acceso equitativo para los ciudadanos.
También señalaron que el artículo 15° de la ley, reconoce el carácter de servicio público esencial y estratégico de las TIC en competencia, «eliminando así la protección y garantías para los usuarios en términos de acceso a servicios de telecomunicaciones».
Los legisladores argumentan que estas medidas «en lugar de promover el desarrollo y la competencia en el sector, podrían resultar en un perjuicio para los ciudadanos, especialmente aquellos en regiones remotas o con baja densidad poblacional, donde la desregulación podría llevar a una falta de inversión y acceso a servicios esenciales».
El bloque de legisladores del Justicialismo – Nuevo Encuentro insta al Poder Ejecutivo Nacional «a tomar en consideración estos fundamentos y a priorizar el bienestar y los derechos de todos los ciudadanos en materia de comunicaciones y tecnología».
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