El Gobierno acelera sobre la nueva Ley Universitaria para reducir el impacto fiscal y bajar tensiones

El Gobierno impuso un sinfín de trabas sobre la ley de financiamiento universitario para evitar su aplicación, incluso hasta presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema dilatando así la financiación a las casas de altos estudios. En Casa Rosada afirman que no está el dinero para ello.

Lo cierto es que el Ejecutivo apuesta a discutir en breve la nueva normativa que ellos propusieron en el Congreso, una que cumple con pautas de recomposición salarial mucho más exiguas que las presentes en la norma 27.795 votada por la oposición.

La nueva ley de financiamiento universitario que propone el Gobierno

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De acuerdo a lo revelado por fuentes oficiales, el Ministerio de Capital Humano inició contactos con los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para acercar posiciones en torno a la nueva ley en el mes de febrero. Estas conversaciones incluyeron contactos con los gremios que representan a las casas de estudio. El objetivo final de esta negociación era poder discutir en marzo el texto y lograr la aprobación.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, fue clave y estuvo a cargo de reunir consensos. Sin embargo, la estrategia quedó a un lado cuando la normativa no entró en el orden de prioridades para el oficialismo en el Congreso, lo que le dio lugar a la oposición para poner mayor presión para que cumplan con la ley que se aprobó y exige la actualización automática de salarios y becas universitarias según la inflación (IPC) desde diciembre 2023.

El Gobierno sostiene que la actual ley no tiene posibilidad de cumplirse por falta de presupuesto, por este motivo presentó con la Procuración del Tesoro de la Nación, un Recurso Extraordinario Federal a la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 del texto.

La propuesta que busca consagrar el oficialismo recupera el salario real perdido por los trabajadores docentes y no docentes de las universidades durante el 2025, pero convalida el recorte que hubo en 2024.

En el texto que se envió al Congreso, el Poder Ejecutivo explica la intención con un eufemismo para disimular el ajuste y resalta que el objetivo de la norma es «armonizar las necesidades de financiamiento de las Universidades Nacionales» con «las reales posibilidades de financiamiento».

Con información de Noticias Argentinas

El Gobierno busca suspender la ley de financiamiento universitario

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La Ley de Financiamiento Universitario fue ratificada dos veces en el Congreso, pero pese a esto en el Ejecutivo marcan que el «el estado actual sigue de imposible aplicación porque no prevé una fuente de financiamiento».

La presentación del nuevo recurso es una estrategia más para frenar la aplicación de la normativa, pero aún así el Gobierno no cree que la Corte Suprema logre tomar el caso, sin embargo está estirando los plazos para cumplir con la ley. Cuando se agoten todas las instancias judiciales, el Poder Ejecutivo se verá obligado a transferir a las universidades nacionales un total de $2,5 billones.

Nación considera que en «ningún momento se previó donde obtener esas partidas. De manera posterior se trató el Presupuesto 2026 y quienes impulsaron esta ley podrían haber dicho de dónde tenían que salir las partidas y tampoco lo hicieron. Frente a esta situación y al agotamiento de los plazos, estamos presentando el recurso hasta que se pueda definir la forma de financiamiento».

Para la administración libertaria, esta obligación implicará el retorno del déficit fiscal y reconoce que hasta el momento, no dispone de los fondos necesarios para cumplir con el fallo.

Una fuente de la Casa Rosada, precisó a Infobae: «Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata. Ahí tiene que ver qué hace Manuel (Adorni, que por ser jefe de Gabinete es el responsable de redistribuir fondos presupuestarios) con eso para ver cómo se consigue la plata. Pero hoy en día no la tenemos».

Es necesario resaltar que la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario fue el resultado de una coalición parlamentaria opositora que en 2025 logró rechazar el veto presidencial e instalar el reclamo judicial. El oficialismo intentó en varias ocasiones bloquear la propuesta, pero perdió margen de maniobra ante el avance de los sectores aliados y opositores.

La legislación obliga a actualizar los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales por el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la norma en septiembre de 2025. Además también se exige la recomposición de todas las becas estudiantiles. Si el Ejecutivo no apelaba frente a la Corte Suprema, debía empezar a hacer frente con los pagos más inmediatos que supone la ley sancionada el año pasado.