El Gobierno de Milei desactivó una «caja millonaria» con los seguros de la ANSES: investigan irregularidades

Se trata de una medida tomada por la gestión de Alberto Fernández. Se trata de un esquema que permitió intermediaciones en los seguros contratados por los organismos del Estado, y que cobraría comisiones más altas que lo fijado por el mercado.

El Gobierno de Javier Milei dejó sin efecto una decisión que se tomó durante la gestión de Alberto Fernández y que le ordenaba a los organismos del Estado tramitar sus pólizas a través de Nación Seguros, pero al mismo tiempo permitía la intervención de brokers privados. Hay sospechas de que se cobrarían comisiones por encima de los valores de mercado.

Este mecanismo quedará desactivado a partir del primero de marzo y se investiga si detrás hubo un negocio de 20.000 millones de pesos destinado a favorecer a empresarios ligados a la gestión anterior.

Las primeras sospechas aparecieron cuando hace aproximadamente un mes y medio en la ANSES se encontraban revisando algunas de las contrataciones directas por irregularidades. La trama de contrataciones opacas con el rubro seguro fue revelada en una columna del editor general Adjunto de Clarín, Ricardo Roa, titulada “Destapan otra caja negra de la política en la ANSES”.

El periodista contó que Osvaldo Giordano investigó dentro del organismo durante los dos meses que duró en su cargo un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios.

En Nación Seguros estuvo a cargo Alberto Pagliano, un amigo de la juventud de Alberto Fernández.


Gobierno de Milei desactivó un negocio millonario con los seguros de la ANSES: en qué consistía la trama


Puntualmente, las dudas surgieron a partir de algunas maniobras que se habrían realizado por la Resolución 2/2022, de la Subdirección Ejecutiva de Operación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que aprobó la solicitud de los servicios de Nación Seguros. Según el texto, la empresa estatal, que pertenece al grupo financiero del Banco Nación, se debía hacer cargo de “la cobertura de Seguro de Vida Colectivo sobre Saldo Deudor para los beneficiarios tomadores de préstamos dentro del Programa ‘Créditos ANSeS’, para las líneas de créditos destinadas a titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Prestaciones No Contributivas (PNC), Pensión al Adulto Mayor (PUAM), Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF)”.

Es decir, cada vez que el organismo le otorgaba un préstamo a un jubilado o beneficiario de alguno de los mencionados planes sociales, debía contratar un seguro de vida para esa persona y solamente podía hacerlo a través de esta compañía estatal. En esta intermediación, de acuerdo a la investigación que fuentes oficiales confirmaron que está en ANSES, se habrían cobrado comisiones del orden del 17%, el triple que lo normal en el mercado.

La orden para esa contratación fue firmada por quien era subdirector ejecutivo de operaciones del FGS, Lisandro Pablo Cleri, quien pasó a ser miembro del directorio del Banco Central durante la gestión de Sergio Massa en Economía.

La resolución en cuestión se tomó en cumplimiento del Decreto 823/2021. Establecía que todas las entidades del Sector Público Nacional “deberán implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de Nación Seguros S.A. en todas las ramas en las que esa institución opera”.

Pero el artículo cuarto de la norma aclaraba que, a su vez, esta empresa “podrá, en caso de que los tipos de riesgos lo requieran o bien las sumas aseguradas superen los límites máximos de retención a su cargo”, dar participación en forma de coaseguro, “a otras entidades autorizadas a operar en materia de seguros”. Aquí se habilitaba el ingreso de intermediarios que debían estar bien conectados, ya que no se habría generado ninguna licitación ni compulsa su contratación. Acá apareció Torres García y, según la revelación de Roa, otro broker, Héctor Martínez Sosa.

“Los porcentajes a ofrecer a otras entidades del mercado deberán guardar proporción con respecto a su responsabilidad patrimonial y demás indicadores que considere para su evaluación y para tales ofrecimientos, y, en su caso, con la eventual participación de entidades reaseguradoras del mercado local y/o reaseguradoras admitidas del exterior, dentro del marco normativo vigente”, detalló la normativa.

Las pólizas en cuestión fueron emitidas con una vigencia de 12 meses y originalmente vencían el 2 de marzo de 2023, pero la gestión de Alberto Fernández optó por hacer uso de la prórroga “por única vez y por un plazo igual”, por lo que se extendieron hasta este año.

Ante posibles irregularidades en los contratos y en las comisiones que se cobraban por las pólizas de seguro de jubilados y beneficiarios de planes sociales que sacaran un crédito en el ANSES se podría abrir una causa judicial.

Con información de Infobae


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