El municipio aplicó una multa de casi 36 millones de pesos a la empresa Capsa

El municipio de Bariloche dejó firme una sanción de 35,93 millones de pesos contra la empresa Catedral Alta Patagonia por la realización de obras no autorizadas en una playa de estacionamiento, donde pretendía ampliar el espacio arancelado para la permanencia de vehículos.

La multa había sido aplicada por el ente regulador (Eamcec) y el intendente Walter Cortés firmó ayer una resolución de rechazo al recurso jerárquico que había presentado por la concesionaria del cerro Catedral con el interés de anularla.

Por un instrumento similar, Cortés descartó también otra acción que impulsó la empresa contra la decisión de congelar el precio del pase de esquí en 115.000 pesos, dispuesto para la última temporada invernal.

En el caso de la infracción, la empresa fue acusada de obstaculizar el ingreso de inspectores del organismo fiscalizador y de disponer la playa de estacionamiento Norte de la base del Catedral para un destino distinto al previsto por contrato.

El presidente del Eamcec, Martín Domínguez, explicó que durante el último verano la empresa había iniciado obras para instalar casillas de peaje en la playa Norte -que siempre fue de uso gratuito- con intenciones de delimitar un nuevo espacio arancelado, como ocurre con la playa Sur.

Señaló que el contrato de concesión así lo contempla, pero para eso debía construir también baños públicos e iluminar el predio. Dijo también que las obras incluían la colocación de un cable subterráneo y que Capsa no tramitó autorización alguna ante el ente, por eso les aplicaron la multa.

El Ejecutivo municipal, que en estos casos funciona como instancia superior, evaluó la apelación de la empresa y decidió no hacerle lugar.

Capsa alegó en su recurso “un claro exceso de atribuciones por parte del organismo encargado de fiscalizar”. Pero el intendente consideró que “no se advierte arbitrariedad alguna en el accionar o proceder” del Eamcec. Tampoco admitió que exista “irrazonabilidad” en el monto de la sanción económica, que equivale al 2,5% del canon anual de la concesión.

La pulseada por la tarifa

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Otra controversia extra tramitó en paralelo desde junio pasado en relación al precio del pase de esquí, que el Eamcec decidió mantener en los mismos valores de 2024. En ese punto también la determinación del Ejecutivo municipal terminó en un revés para la empresa.

Capsa se consideró perjudicada en lo económico por el congelamiento tarifario y consideró que esa medida violó entre otros “los principios de razonabilidad, legalidad e igualdad ante la ley”. Pero el Ente ya había subrayado que la concesionaria omitió presentar en tiempo y forma un pedido de actualización tarifaria con la “fórmula polinómica” de costos, como lo prevé el contrato.

Ese criterio fue ratificado por Cortés, quien recordó en su resolución que -según el contrato- el cuadro tarifario aplicable en Catedral “deberá ser presentado por la concesionaria antes del 1 de junio de cada año”, para ser evaluado por el poder concedente, que debe expedirse en un máximo de 15 días.

Las autoridades de Capsa argumentaron que para ellos presentar la pretensión de tarifas era “un derecho y no una obligación”, lo cual para Cortés “resulta inexacto”. El intendente determinó que la concesionaria “vulneró lo establecido en la normativa” al realizar una presentación “vaga e imprecisa” y al no responder las intimaciones para que la complete “con la debida justificación de los montos pretendidos”.

Dice la reolución del Ejecutivo que en su decisión de congelar la tarifa en 115.000 pesos el ente regulador “ponderó los principios de “conservación del contrato, razonabilidad, previsibilidad, continuidad del servicio y satisfacción del interés público”.

Afirmó también que la tarifa del centro de esquí “es un elemento clave de la política turística municipal”. y un costo excesivo del pase “tornaría poco competitivo” al complejo invernal barilochense, “con grave afectación del interés público”.

El revés para Capsa en el ámbito administrativo no cerraría la cuestión, dado que en su escrito hizo “reserva” de reclamar a los funcionarios responsables los “daños y perjuicios ocasionados” a la empresa, por vía judicial.

Domínguez recordó que la decisión de mantener la misma tarifa del año anterior “fue aprobada por unanimidad” en el directorio del ente, donde están representados el Ejecutivo municipal, el Concejo, la Cámara de Turismo y los trabajadores del cerro.

Este medio buscó conocer la postura de Capsa sobre estos temas, a través de su oficina de prensa, pero no hubo respuesta ni comentarios.