El Procurador pidió la destitución del camarista de Viedma Gustavo Guerra Labayén
Señaló que están demostrados los hechos "con prueba independiente" y la defensa pidió que no se aplique la máxima pena. La sentencia se conocerá en una semana.
El Procurador General, Jorge Crespo, pidió la destitución del camarista Gustavo Guerra Labayén y la inhabilitación por cinco años para ejercer cargos dentro del Poder Judicial por mal desempeño de sus funciones, mientras que la defensa ejercida por Fernando Chironi solicitó que sea sancionado con una pena distinta y no la máxima contemplada en la ley.
Fue durante la jornada de este viernes cuando las partes presentaron los alegatos finales en el juicio político que lleva adelante el Consejo de la Magistratura integrado por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Criado; en representación de ese Poder el juez Gustavo Bronzetti; los legisladores Marcelo Szczygol, Marcela González Abdala y Juan Murillo Ongaro y los representantes del Colegio de la Abogacía de Viedma Maximiliano Mullaly Bratulich, Candela Soledad Fantón y Luisina Paola Devia.
La primera diferencia en las exposiciones de ambas partes fue el encuadre de los hechos. Crespo siempre planteó dos, el primero por el atraso en dictar sentencia en 25 causas y el segundo en la pérdida de jurisdicción en 8 de ellas, pero para Chironi «hay un solo hecho replicado».
El Procurador señaló el reconocimiento de los hechos por parte del acusado pero dijo que «la gravedad» hizo que fuera necesario corroborarlos «con pruebas independientes» y «la evidencia recabada durante los meses de investigación, sumada a los testimonios, fue construyendo una ratificación por fuera de aquel reconocimiento».
Entre la prueba mencionó distintas auditorias que «detectaron expedientes con plazos vencidos» y remarcó que «los tiempos los fija la ley, no la voluntad individual».
Señaló que «los atrasos reiterados generan un perjuicio social directo» porque «los afectados pierden confianza en la Justicia, sufren económicamente y ven postergada la solución de sus problemas. Por eso estamos frente a un caso de mal desempeño que exige una respuesta institucional».
Sobre la pérdida de jurisdicción dijo que «incluso si no se hubiesen presentado las denuncias de los ocho abogados, bastaban las demoras para configurar la causal» y finalizó destacando que la mora implica también un descrédito al Poder Judicial que «también debe ser mensurable».
En su presentación Crespo sostuvo que para Guerra Labayén «era más importante su ego que su función» en respuesta a que el juez priorizaba la calidad de su trabajo y recordó que «no justifica nada» que haya otros jueces con causas atrasadas.
A su turno, la defensa recordó que siempre se reconoció el atraso, que al momento de la suspensión el camarista estaba al día con los expedientes, apuntó contra el sumariante porque no lo dejó asentado en su presentación y pidió la «graduación de la sanción» porque su cliente «no tiene ninguna sanción previa» durante sus más de 30 años en la carrera judicial.
Chironi realizó una comparación entre la cantidad de las sentencias firmadas fuera de término en las diferentes Cámara Civil y del Trabajo de toda la provincia y uno de los datos más contundentes se registra en el fuero local. Mientras los jueces civiles lo hicieron en el 74% de las causas en la Cámara Laboral en el 24,5%, donde el suspendido Guerra Labayén cumple funciones.
Explicó que el objetivo de su presentación fue «mostrar que no es una isla, pasa en toda la provincia» y dijo que si se extienden los procesos contra los jueces «este poder se quedaría pelado».
Cuestionó que el Poder Judicial no protege «su capital humano» en referencia a la experiencia y capacidad de su defendido, que «era materia de consulta» y «capacitaba a sus empleados», sino «parece que estamos hablando de un juez que lo único que ha hecho es cruzarse de brazos y ver como se amontonaban sus expedientes. No es así, hacía su trabajo, con sus condiciones, con su forma de actuar; ¿lo hacía fuera de tiempo? sí, eso no esta en discusión».
Pidió al tribunal ponderar la calidad del trabajo de Guerra Labayén y que tengan en cuenta que nunca tuvo sanciones, «ni un solo apercibimiento, ni un llamado de atención».
Recordó que la Corte Suprema «ha dicho, reiteradamente, que el juicio político no está hecho para sancionar a un magistrado sino para ver si ha perdido las condiciones de idoneidad para el desempeño de su cargo» y «el hecho que se haya atrasado, sin haber tenido un apercibimiento, sin haber tenido un plan de recuperación hacen pensar que de ninguna manera está demostrado que haya perdido las condiciones y la idoneidad para el desempeño del cargo».
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