Estafa con planes sociales en Neuquén: día por día, cómo avanzó la investigación hasta descubrir la maniobra
La solitaria queja de un beneficiario, el alerta del departamento Fraudes del BPN, los intentos por borrar pruebas, los registros fílmicos, las elecciones. En el juicio se revela el detrás de escena de la estafa con planes sociales.
Alfieri produjo el primer informe, en agosto del 2022, en base a denuncias y rastreo de imágenes de los cajeros. (Archivo/Cecilia Maletti)
El juicio por la estafa con los planes sociales en Neuquén, que recorre su tercera semana, es entre muchas otras cosas un mapa de la investigación judicial y policial: a través de los testigos -ya declararon 35- se puede reconstruir cada paso destinado a desmontar la maniobra. Hubo escuchas telefónicas, análisis de videos, sospechas de filtraciones, arrepentidos y silencios. Y elecciones.
Al mismo tiempo quedan expuestos los movimientos de los imputados para tratar de destruir pruebas o ganar tiempo, porque esperaban que todo quede en «una cuestión política».
Se sospecha que el uso de planes sociales y beneficiarios para defraudar al Estado, financiar al Movimiento Popular Neuquino y a algunos de sus cuadros lleva muchos años y con variedad de niveles involucrados.
Sin embargo en esta ocasión se juzga a 14 exfuncionarios, empleados y particulares sólo por el período que va del 30 de septiembre del 2020 al 31 de julio del 2022. El monto actualizado se estimó en 1.133.790.340,16 pesos.
El kilómetro cero de la investigación
En base a lo escuchado hasta ahora, y tal como lo había informado diario RÍO NEGRO, el «caso cero» fue Esteban Maenga Mendoza. Según la historia oficial se trata de un beneficiario de un plan social que fue a retirar dinero por ventanilla al Banco Provincia de Neuquén, le dijeron que su cuenta estaba vacía y presentó un reclamo.
El martes 28 de junio del 2022 puede marcarse como el kilómetro cero de la investigación: a las 10:20, Maenga Mendoza presentó la denuncia en la comisaría Tercera.
La falla del banco
El BPN abrió su propio expediente. Al revisar el historial de la cuenta del cliente detectó que alguien venía realizando extracciones de 18.000 y 20.000 pesos por cajero desde hacía meses. Pero Maenga Mendoza aseguraba que él no tenía tarjeta de débito, y su legajo le daba la razón: no había constancia de que la hubiera retirado. También faltaba su firma en otra documentación. Al empleado del banco responsable de esta irregularidad le aplicaron 3 días de suspensión, una sanción considerada «leve» por un auditor.
La investigación avanzó en el Banco. Según relató Hugo Joaquín Alfieri, responsable de Prevención de Fraudes y Protección de Activos, por los videos de las cámaras de seguridad descubrieron que una mujer retiraba dinero uno de los días en que usaron la tarjeta de Maenga.
Las 198 tarjetas
El 26 de julio del 2022, en una reunión del comité de Ética e Integridad Empresarial, se decidió pedirle a la red Link el bloqueo de 198 tarjetas sospechosas. Fue el primer alerta que recibieron los jefes de la organización de que algo estaba pasando, pero no le dieron importancia: les exigieron a los beneficiarios, es decir a los verdaderos titulares de los plásticos, que concurran en masa a pedir la reactivación y un nuevo PIN.
La mayoría cumplió la orden, pero algunos se enteraron ese mismo día -por preguntar nada más a quien los atendió- de que en realidad les estaban depositando todos los meses 49.000 pesos y no 3.000, 5.000 u 8.000 como recibían en mano de su puntero.
Con nombre y apellido
El 5 de agosto del 2022, poco más de un mes después de la denuncia, Alfieri produjo el primer informe reservado que encendió las alarmas. A las 198 tarjetas involucradas en la maniobra le sumó la identificación de algunos extractores con nombre y apellido.
La pesquisa había logrado asociar imágenes de los videos con identidades. Los primeros fueron quienes con el tiempo se convertirían en los 4 «arrepentidos». Cometieron errores que llevaron a su individualización. Por ejemplo, una mujer se transfirió dinero a su cuenta; otra usó una tarjeta de una cuenta personal en medio de la «ráfaga»; otro quedó filmado por una cámara externa que tomó la patente de su vehículo. Tenían algo en común: eran planta política del ministerio de Desarrollo Social y trabajaban en la dirección de Planes Sociales.
Rápidos despidos
La información de los avances de la investigación se propagó rápidamente por canales formales e informales. El viernes 12 de agosto del 2022 el entonces ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, echó al grupo identificado como «extractores».
¿Una rápida reacción ante un posible foco de corrupción o una maniobra de encubrimiento? Hoy Di Luca está imputado de ser uno de los cabecillas de la asociación ilícita.
Procedimiento no es allanamiento
Los acontecimientos tomaron otra dinámica. El jueves 18 de agosto una delegación del departamento Delitos Económicos de la Policía se presentó en la dirección de Planes Sociales. No fue un allanamiento, según dijo su jefe de entonces, comisario inspector Martín Van de Genachte, sino un procedimiento.
Los atendió Marcos Osuna, jefe del departamento de Gestión de Programas. El comisario aseguró que no lo reconoció, pese a que -supuestamente- ya lo había visto en un video, extrayendo dinero de los cajeros.
Osuna le entregó un CD, los policías también se llevaron un listado de beneficiarios y la nómina de todo el personal de planta. Información muy valiosa, porque al mismo tiempo otro equipo policial seguía revisando videos de seguridad para identificar a más extractores. Ya se sospechaba con firmeza que eran todos empleados de Desarrollo Social, en particular de Planes Sociales.
«No hay que hablar»
La presencia de Van de Genachte en esa oficina desató las reuniones que cuentan tantos testigos, en las que se les presentó a Alfredo Cury como abogado defensor, se les dijo que era «una cuestión política», que debían «permanecer unidos», que eran «una familia» y sobre todo, que «no hay que hablar».
Si lo que dijeron los testigos es cierto, Cury les advirtió que iban a allanar sus viviendas. Y una noche pasó casa por casa a retirarles los teléfonos y computadoras.
El escándalo se hace público
De acuerdo con los registros, el 31 de agosto del 2022 hubo 11 allanamientos simultáneos: en Planes Sociales y en las viviendas de casi todos los que hoy están imputados, o ya fueron condenados, o se convirtieron en arrepentidos y lograron un sobreseimiento. Ese día el caso se convirtió en un escándalo público.
El comisario Van de Genachte no habló de filtraciones, pero dio a entender que los allanamientos fracasaron parcialmente. No encontraron ninguno de los vehículos que buscaban, y algunas personas ni siquiera tenían sus teléfonos.
El 9 de septiembre, el abogado Alfredo Cury «se presentó en Delitos Económicos con la totalidad de los vehículos» que estaban buscando.
La meseta
Después de varios días de vértigo, la investigación ingresó en una meseta. Durante meses no pasó nada. Se realizó la formulación de cargos contra una veintena de imputados, sin prisiones preventivas, y el silencio empezó a extenderse sobre el caso.
En silencio también, el martes 13 de junio del 2023 declaró en la fiscalía la primera de las arrepentidas. Semanas después le seguirían otras dos, y un varón.
Hay quien asocia esta ola de arrepentimientos con el triunfo de Rolando Figueroa -o con la caída del MPN- en las elecciones del 16 de abril del 2023.
La oficina del Faraón
La acción volvió el jueves 6 de julio del 2023, con el allanamiento al restaurante Faraón. Allí encontraron una oficina paralela que había montado Soiza, con bandera nacional y provincial, sellos y computadoras del Estado.
Ese día quedó detenido. A las 48 horas apresaron a Néstor Pablo Sánz y Marcos Osuna. El abogado Cury renunció -o fue despedido, según quién lo cuente- y hoy es un imputado más entre los 14. Se defiende a sí mismo y a Soiza.
A dos años de aquellos hechos, el juicio permite atisbar algunos detalles del detrás de la escena.
El juicio por la estafa con los planes sociales en Neuquén, que recorre su tercera semana, es entre muchas otras cosas un mapa de la investigación judicial y policial: a través de los testigos -ya declararon 35- se puede reconstruir cada paso destinado a desmontar la maniobra. Hubo escuchas telefónicas, análisis de videos, sospechas de filtraciones, arrepentidos y silencios. Y elecciones.
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