Estafa con planes sociales en Neuquén: ¿qué pasó con el alerta que recibió el gobierno en 2020?
El Banco Provincia le avisó al Poder Ejecutivo que había movimientos inusuales con cheques de beneficiarios y empleados de Planes Sociales. En esa época se estaba consumando la maniobra.
Luis Gallo, según una de las arrepentidas, le entregaba cheques de planes sociales. (Cecilia Maletti)
Otras dos «arrepentidas» confirmaron este miércoles que para algunos empleados de la dirección de Planes Sociales de Neuquén, cobrar cheques o vaciar las cuentas de los beneficiarios con tarjetas de débito eran tareas habituales. También era parte del trabajo confeccionar sobres que después pasaban a retirar «referentes» (punteros) del Movimiento Popular Neuquino. Las mujeres explicaron que en caso de negarse, la consecuencia era el despido: como tenían contratos políticos, bastaba una firma para dejarlas en la calle. Desde que perdieron ese trabajo, en agosto del 2022, están desempleadas.
Las arrepentidas declararon en la octava jornada del juicio oral contra los 14 acusados de asociación ilícita y defraudación, por hechos ocurridos entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022. Sus nombres e imágenes no se pueden difundir por orden del tribunal. Trabajaron a las órdenes de tres de los principales imputados en la estafa: Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sánz y Marcos Osuna.
Más nombres de involucrados
Ratificaron, en lo sustancial, todo lo que había dicho el día anterior otra compañera de trabajo también «arrepentida». Aportaron más nombres de personas que iban a retirar sobres con dinero a la dirección de Planes, a cargo de Soiza. Por ejemplo Walter Jonsson, exministro de Desarrollo Social de Jorge Sapag, quien renunció en abril del 2009 en medio de rumores por un escándalo con planes sociales que también involucraba al Banco Provincia de Neuquén, cuyo presidente en esa época era Omar Gutiérrez.
Otros que retiraban sobres con cheques eran el contador Julio Arteaga, imputado pero no juzgado en esta etapa por razones de salud; Alfredo Meza Lizama, condenado a 3 años de prisión en suspenso, y Alfredo Cury, abogado e imputado.
Un sobre lleno de cheques
Las testigos de este miércoles hicieron zoom en la maniobra con cheques.
Una de ellas relató que iba al Ministerio de Desarrollo Social, donde «recibía los cheques a nombre de todos los que trabajábamos en Planes Sociales en un sobre que me daba Luis Gallo (exdirector de Finanzas, imputado en este juicio) o alguna de sus secretarias, y me hacía firmar un recibo por la cantidad de cheques, no por el monto».
Luego «volvía a Rivadavia 46 -la sede de Planes- donde Pablo (Sánz) o Marcos (Osuna) repartían los cheques. Los empleados los endosábamos y se los entregábamos a los referentes» para que los cobraran.
Depósito, extracción, caja azul
La otra testigo señaló una modalidad distinta. «Nos pedían que depositemos los cheques en nuestra caja de ahorro, retiremos el efectivo por cajero y le demos el dinero a Sánz. Él lo guardaba en la caja azul o se lo llevaba a Soiza. No sé qué hacían con esa plata».
Los cheques, en ambos casos, eran librados contra la cuenta 153, del Ministerio de Desarrollo Social. Acaso entusiasmados por la maniobra, los autores emitieron tantos que saltó un alerta en la Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Banco Provincia de Neuquén.
La advertencia al gobierno
Como informó diario RÍO NEGRO hace dos años, esa gerencia le envió una nota oficial al entonces ministro Jefe de Gabinete, Sebastián González, y a la entonces Ministra de Desarrollo Social, Adriana Figueroa.
«Se han detectado varias inconsistencias en el cobro de cheques librados por el ministerio a su cargo (se refiere a Figueroa) vinculadas a operaciones realizadas a empleados o contratados de dicho organismo y personas beneficiarias de planes sociales que generan ciertas inusualidades (…) Es nuestra intención solicitarle encuadrar la operatoria vigente según el marco regulatorio actual».
Continúa: «las operaciones bajo análisis y de las que sería necesario su encuadre dentro de las normas vigentes son aquellas relacionadas con las acreditaciones de cheques del Ministerio en cuentas particulares (generalmente) de haberes de empleados o personal contratado de dicho organismo, que por restricciones dispuestas por medidas de Covid-19 emitidas por el BCRA, no podían cobrarse por caja».
«También cabe agregar a aquellas operaciones de cobro de cheques librados por el Ministerio a su cargo en favor de beneficiarios de planes sociales, que han sido endosados y cobrados en ventanilla en período pre-Covid-19 por empleados o contratados del organismo».
Sin respuesta
La nota lleva la firma de una funcionaria del BPN que declaró la semana pasada en el juicio pero a puertas cerradas, invocando algún pretexto de razones de confidencialidad. De acuerdo con lo que pudo reconstruir diario RÍO NEGRO, dijo que esa nota de advertencia nunca tuvo respuesta.
Un año después, la ministra Figueroa renunció al cargo y la reemplazó Abel Di Luca, quien era su subsecretario. Hoy es otro de los 14 imputados.
La ex funcionaria y ex intendenta de Piedra del Águila estuvo sospechada en la causa pero luego la fiscalía le retiró la acusación y ni siquiera la convocó como testigo.
En cambio las defensas de Di Luca y de Tomás Siegenthaler -Gonzalo Rodríguez y Pablo Gutiérrez- y el abogado imputado Cury pidieron que se presente para interrogarla.
Otras dos "arrepentidas" confirmaron este miércoles que para algunos empleados de la dirección de Planes Sociales de Neuquén, cobrar cheques o vaciar las cuentas de los beneficiarios con tarjetas de débito eran tareas habituales. También era parte del trabajo confeccionar sobres que después pasaban a retirar "referentes" (punteros) del Movimiento Popular Neuquino. Las mujeres explicaron que en caso de negarse, la consecuencia era el despido: como tenían contratos políticos, bastaba una firma para dejarlas en la calle. Desde que perdieron ese trabajo, en agosto del 2022, están desempleadas.
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