Estafa con planes sociales en Neuquén: ¿quiénes se quedaron con el dinero según el fallo?
La fiscalía de Estado de Neuquén pretende recuperar parte de la plata a través de un juicio en el fuero procesal administrativo. Para eso necesita el fallo del tribunal penal. Ahora surgen dudas.
Montoya (a la izquierda), Honorio, Soiza y Sánz: inconsistencias patrimoniales, pero... (Archivo/Cecilia Maletti)
El monto de la estafa con planes sociales, a valores actualizados durante el juicio oral que se realizó entre julio y septiembre pasados, asciende a 1.147.719.216,40 pesos. De acuerdo con la acusación de la fiscalía, ese dinero fue distribuido entre «referentes políticos del Movimiento Popular Neuquino, periodistas, y particulares que se beneficiaron ilícitamente». ¿Quiénes son? ¿Se les puede reclamar el dinero?
Los nombres de las personas que recibieron plata de los planes sociales figuran en las miles de planillas de Excel que la fiscalía de Delitos Económicos presentó como prueba para el juicio sin que ello signifique que todos estén implicados en la maniobra ilegal.
En los alegatos, al momento de determinar responsabilidades, los fiscales mencionaron a cuatro imputados por sus «inconsistencias patrimoniales», es decir, gastos por encima de sus ingresos conocidos: Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sánz, Isabel Montoya y Valeria Honorio.
El decomiso de los bienes
Podría deducirse que la fiscalía penal y la fiscalía de Estado van a pedir el decomiso de sus bienes, presuntamente adquiridos con el dinero que debían recibir los sectores más vulnerables de la población. El equipo de Raúl Gaitán -que representa los intereses del Estado provincial, no del Ejecutivo- tiene iniciado un trámite en el fuero procesal administrativo y está a la espera del resultado del juicio penal.
La sentencia de 398 páginas dictada por los jueces Luciano Hermosilla, Juan Kees y Juan Guaita dedica un apartado a este tema, titulado «sobre las inconsistencias patrimoniales», en el que destaca que «la Fiscalía no demostró que los acusados aludidos fueran los destinatarios finales de la maniobra defraudatoria».
«No eran beneficiarias»
Añade en el mismo sentido: «no surge de la descripción de los hechos ni de la prueba producida en juicio que Isabel Montoya y Valeria Honorio se quedaran con el dinero de las extracciones de cajeros automáticos y ni de los cobros de cheques».
«Llama la atención que la fiscalía pretenda demostrar el incremento patrimonial (de ambas) cuando en la descripción de los hechos afirmó que no eran beneficiarias de la defraudación, sino que se lo rendían directamente -o a través de Sanz y Osuna- a Ricardo Soiza».
Sánz, Soiza y el restaurante Faraón
Respecto de Soiza y Sánz, los jueces dicen que «si bien pudieron haber detraído dinero para sí mismos, dado que en definitiva administraban los fondos producidos por la defraudación, ello tampoco quedó demostrado, salvo algunas vinculaciones que existieron entre la caja azul y el local comercial Faraón».
Los jueces comprenden que la pretensión de las partes acusadoras es «adoptar medidas de recupero de los fondos ilícitamente obtenidos«, como por ejemplo el decomiso, pero señalan que el mismo «exige la acreditación de que las personas acusadas se beneficiaron económicamente con la defraudación. Esta circunstancia no resultó acreditada en juicio, ni puede suponerse a partir de las eventuales inconsistencias patrimoniales».
A buscar en la caja azul
Más adelante, en el fallo completo los jueces señalan que «en la acusación se sostuvo que las personas juzgadas se pusieron de acuerdo en montar una estructura clientelar ilícita, utilizando la estructura del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo para poder cometer las conductas delictivas. A ello se suma que del juicio resultó que los beneficiarios de la maniobra fueron referentes del Movimiento Popular Neuquino».
«En consecuencia, si el Ministerio Público Fiscal pretende recuperar los activos provenientes de este grave hecho de corrupción, tiene habilitada la acusación contra las personas identificadas con nombre y apellido que habrían sido beneficiarias de la defraudación, y puede, además, indagar también sobre aquellas personas que en la contabilidad de la caja azul aparecían registradas con seudónimos«.
El terreno de Isabel Montoya
La sentencia refleja el debate que se produjo en el juicio por algunos bienes atribuidos a la imputada Isabel Montoya, pareja de Néstor Pablo Sánz.
Sobre el terreno en el barrio cerrado Finca del Nogal de Plottier se encontraron «dos recibos informales», cada uno por 8.000 dólares, en pago de la segunda y tercera cuota, ambos fechados en julio del 2022 (la maniobra se desarrolló entre septiembre del 2020 y julio del 2023).
La compraventa se celebró el 26 de mayo de 2022 y según el boleto aportado al expediente, el precio total pactado fue de 34.000 dólares a pagar en tres cuotas mensuales de 8.000 dólares y el saldo mediante la entrega y transferencia de un vehículo Chevrolet Cruze LTZ modelo 2018.
El centro de estética
Respecto del centro de estética y peluquería que planeaba instalar en Centenario, se documentaron pagos por 3.114.929 pesos que incluían conceptos de electricidad, pintura, carpintería, Durlock y cartelería.
Además, de los regímenes informativos de AFIP se desprendieron compras por 732.960,69 pesos a nombre de Néstor Pablo Sanz, en rubros coincidentes con la instalación del local (materiales de construcción, cosmética y perfumería).
En su alegato, la defensora pública de Circunscripción Laura Giuliani sostuvo que esta información contable no fue correctamente realizada (se analizaron, por ejemplo, los patrimonios de Montoya y Sanz en conjunto) y se omitieron datos relevantes, como el movimiento de cuentas bancarias de Montoya.
La situación de Valeria Honorio
Según la fiscalía Honorio se benefició económicamente de la maniobra: adquirió un vehículo y una vivienda que -a criterio de la acusación- resultaban incompatibles con sus ingresos formales. Lo que se acreditó en el juicio fue que era una de las personas que concurrían a retirar dinero de los cajeros automáticos: realizó 30 extracciones de dinero de tarjeta de débito en modalidad de ráfaga por un importe total a valores históricos de 347.000 pesos.
Por otra parte se demostró que cobró 43 cheques que estaban originalmente destinados a desocupados por 2.043.900 pesos, y recibió directamente a su nombre 17 cheques del plan de desocupación laboral, los cuales fueron luego cobrados por Rodolfo López (condenado en juicio abreviado).
En el fallo, los jueces insisten: «la inconsistencia patrimonial no forma parte del tipo penal enrostrado. No resulta necesario demostrar un enriquecimiento para que la figura de administración fraudulenta se aplique».
El juicio de las penas
Lo que también señalan los magistrados es que estas circunstancias «bien pueden ser valoradas en futuras instancias, cuando toque analizar el grado de reproche que a su conducta se le pueda atribuir».
Es decir, en el juicio de cesura, en el que se debatirán las penas que les corresponden a cada uno de los imputados, y que comenzará el 25 de noviembre.
Como se sabe, fueron condenados como coautores de administración fraudulenta agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública Orlando Abel Di Luca; Ricardo Soiza; Tomás Siegenthaler; Néstor Pablo Sanz; Luis María Gallo; Laura Carolina Reznik Mastronardi y Julieta Mariana Oviedo.
En el rol de partícipes primarios declararon responsables a Valeria Noemí Honorio; Isabel Natalia Montoya; Marcos Ariel Osuna; Emmanuel Rodolfo Victoria Contreras y Alfredo Andrés Cury.
El monto de la estafa con planes sociales, a valores actualizados durante el juicio oral que se realizó entre julio y septiembre pasados, asciende a 1.147.719.216,40 pesos. De acuerdo con la acusación de la fiscalía, ese dinero fue distribuido entre "referentes políticos del Movimiento Popular Neuquino, periodistas, y particulares que se beneficiaron ilícitamente". ¿Quiénes son? ¿Se les puede reclamar el dinero?
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
Comentarios