Estafa con planes sociales: las defensas pidieron penas de ejecución condicional

«Hablaron de una relación asimétrica entre los punteros y los necesitados, pero acá no estamos juzgando ni poniéndole la pena a ningún puntero«, le contestó la defensora pública Carolina Johansen al fiscal jefe Pablo Vignaroli, que en su alegato había hablado de la «relación de patronazgo» que se establecía en el clientelismo político. Le recordó que no pudo probar el supuesto enriquecimiento de los condenados por la estafa con planes sociales y le reprochó pedir prisión para todos cuando la provincia atraviesa una emergencia carcelaria.

Ayer Vignaroli y Gustavo Kohon, en representación de la fiscalía de Estado, le solicitaron al tribunal que declaró responsable a 12 personas de administración fraudulenta agravada que les imponga penas efectivas. Además de reclamar el decomiso de bienes.

La escala va de los dos a los seis años de prisión. Hoy las defensas pidieron el mínimo, de ejecución condicional. El veredicto se conocerá la próxima semana. Las fechas posibles son el jueves 11 o el viernes 12 de diciembre. Luego los jueces tendrán diez días para enviar la sentencia con los fundamentos y recién entonces las partes pondrán impugnarla.

Johansen planteó que la fiscalía para establecer el monto de las penas comenzó la cuenta desde los seis años y «empezó a bajar si corresponde», cuando en realidad, dijo, debió haber valorado los atenuantes y el rol que les cupo a cada uno en la maniobra.

En su caso asiste a Valeria Honorio y Emanuel Victoria Contreras. Ambos admitieron los hechos, se disculparon y fueron condenados como partícipes primarios, no como co-autores.

Gonzalo Rodríguez, defensor del exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, enfatizó en que la fiscalía como no pudo condenar a su asistido como jefe de una asociación ilícita exigió el máximo de la escala, sin ponderar ningún otro aspecto para achicar el monto (al igual que con Ricardo Soiza y Tomás Siegenthaler).

En general todas las defensas afirmaron que los responsables no tienen antecedentes penales ni sanciones disciplinarias y subrayaron que no se acreditaron las inconsistencias patrimoniales, esto significa que se aprovecharon del desvío de fondos de los subsidios por desempleo, que entregaba el gobierno de Omar Gutiérrez entre 2020 y 2022.

Ese dinero nutrió la estructura partidaria del MPN, aunque tampoco se demostró si fue a campañas o a dirigentes. La defraudación se cuantificó en 153 millones de pesos, a valores históricos. La maniobra implicaba retener el dinero de las cuentas de los beneficiarios y darle «cobertura» administrativa.

Hubo algunas consideraciones particulares, por ejemplo, quienes son madres de niños menores de edad y en algunos casos con discapacidad (Laura Reznik, Honorio e Isabel Montoya), cuya pena de prisión afectaría directamente el cuidado y la crianza de sus hijos.

También mencionaron la edad y algunas situaciones de salud de los condenados (Luis Gallo tuvo un infarto y Di Luca es diabético insulinodependiente). O valoraron que habían retomado sus estudios o estaban trabajando, como Néstor Sánz, a quien le autorizaron salidas laborales.

En caso de que se apliquen estas penas deberán cumplir reglas de conducta.

Uno por uno, los pedidos de las defensas

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Abel Di Luca: 2 años de prisión condicional e inhabilitación perpetua. Si no aplica el mínimo, subsidiariamente que no supere los 3 años.

Ricardo Soiza: 2 años de prisión condicional.

Tomás Siegenthaler: 2 años de prisión condicional.

Néstor Pablo Sánz: 3 años de prisión condicional.

Luis Gallo: 2 años de prisión condicional. Si no aplica el mínimo, subsidiariamente que no supere los 3 años.

Laura Reznik: 2 años de prisión condicional.

Julieta Oviedo: 2 años de prisión condicional.

Marcos Osuna: 2 años de prisión condicional e inhabilitación perpetua.

Alfredo Cury: pena natural (por el «daño mediático y emocional») o subsidiariamente 2 años de prisión condicional.

Isabel Montoya: 2 años de prisión condicional.

Valeria Honorio: 2 años de prisión condicional.

Emanuel Victoria Contreras: 2 años de prisión condicional.