Estafa con planes sociales: los argumentos con los que la fiscalía justificó su pedido de penas

«No tenemos que perder de vista que todo esto se hizo para sostener un sistema de clientelismo político«, dijo ayer el fiscal jefe, Pablo Vignaroli, cuando pidió penas de prisión efectiva para las 12 personas condenadas por la estafa con planes sociales. Sostuvo que el destino del dinero era la «caja azul» que alimentaba a «punteros políticos y personas vinculadas al Movimiento Popular Neuquino». Fue aún más específico: afirmó que iban al sector Azul del partido, que estaba en el gobierno.

En su alegato, Vignaroli se refirió a que en la casa de uno de los condenados, Emanuel Victoria Contreras, «se secuestraron siete planillas de voto seguro de la elección interna para diputados donde la candidata era Ferraresso (María Eugenia)». En 2021 la funcionaria, que representaba la línea de Omar Gutiérrez y Jorge Sapag, perdió frente a la lista de Rolando Figueroa, actual gobernador. Hoy integra su gabinete como secretaria de Obras Públicas.

Este tribunal consideró que existió una maniobra para apoderarse del dinero de los subsidios a la desocupación laboral, que otorgaba el ministerio de Desarrollo Social de Gutiérrez, desde septiembre de 2020 hasta julio de 2022. Lo recaudado -a valores históricos $153 millones- sirvió para financiar al MPN. En la sentencia los jueces señalaron que no todos los condenados tuvieron la misma participación, pero que cometieron el mismo delito: administración fraudulenta agravada.

La escala -de dos a seis años- habilita una pena de ejecución condicional. Sin embargo Vignaroli no la solicitó para ninguna de las personas declaradas responsables, ni siquiera las que actuaron como partícipes primarios. Tampoco mencionó como atenuantes que carecieran de antecedentes penales.

Planteó que había agravantes «comunes» que eran la naturaleza de la acción, los medios empleados y la extensión del daño causado. Indicó que la maniobra fue descubierta de manera «fortuita» (el beneficiario que fue a la ventanilla del BPN y le informaron que su cuenta estaba vacía) por qué quienes la realizaron se valieron de «medio idóneos» para no ser descubiertos. Remarcó que tenían «mucha experiencia dentro del Estado» y que «conocían los recovecos» administrativos para poder «ocultar».

Para Abel Di Luca, Ricardo Soiza y Tomás Siegenthaler solicitó el máximo de la escala. Enfatizó en que la edad o los problemas de salud que presentaban quedaban neutralizados como atenuantes, ya que eran coautores de la maniobra. Sobre el exministro de Desarrollo Social, por ejemplo, subrayó que fue «el jefe administrativo del fraude» y planteó como un agravante que fuese empleado estatal desde 1986.

Consideró que si sus ingresos ahora estaban restringidos (ninguno cobra salario por qué tienen un sumario administrativo) era consecuencias de sus actos y que al momento de los hechos no estaban «en la pobreza». «No estaban en la miseria y delinquieron para comer», agregó.

Por el resto de los coautores -Néstor Sánz, Luis Gallo, Laura Reznik y Julieta Oviedo- pidió que se les imponga entre 5 años y 5 años y 6 meses de prisión efectiva.

Acá sí valoró la enfermedad coronaria de Gallo, que Sánz reconociera los hechos ayer en su declaración ante el tribunal («pido disculpas, yo cumplía órdenes»), o que Reznik es madre de un hijo con discapacidad.

En cuanto a los partícipes primarios enumeró como atenuantes que Osuna al igual que Sánz reiteradamente pidiera perdón («no se lo deseo a nadie estar preso, no aprendes nada ahí adentro»), y que es el único responsable de la crianza de su hija. También aceptó las disculpas de Victoria Contreras. Todo lo contrario a Cury, de quien el fiscal dijo, «no hay arrepentimiento para merituar» y mencionó como agravante que sea abogado.

En Montoya y Honorio valoró como atenuantes que sean madres de niños menores de edad. De todas formas pidió prisión efectiva para ambas lo cual impactaría en sus familias, ya que Sánz es padre de uno de los hijos de Honorio y se hace cargo de los de Montoya. Todos sus referentes afectivos terminarían detenidos.

Vignaroli, además, solicitó el decomiso de una Chevrolet Tracker y un inmueble de Honorio, otra propiedad de Montoya (el lote de Fincas del Nogal que nunca terminó de pagar), y dos vehículos de Sánz -una Toyota Hilux 4×2 y un Citroën C3- ya que entendió que fueron incorporados a su patrimonio durante el período que se cometieron los hechos, y no tenían capacidad económica para hacerlo.

«Hay que presumir que fueron adquiridos como parte de esta maniobra», añadió. Habrá que ver sí los jueces hacen lugar ya que en la sentencia justamente enfatizaron en que no se probó «que los acusados aludidos fueran los destinatarios finales» de la defraudación.

El representante de la fiscalía de Estado, Gustavo Kohon, que actúa como querellante adhirió a todos los pedidos de Vignaroli. Argumentó que con esto «se afectó y se puso en peligro el Estado de derecho: acá quiénes tenían los deberes funcionales para hacer llegar estos planes a las personas vulnerables no lo hicieron». Aseguró que traicionó la «confianza ciudadana en las instituciones democráticas» y se socavó el «principio de probidad de la cosa pública», la «rendición de cuentas y transparencia».

Uno por uno, los pedidos de pena

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Abel Di Luca: 6 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua.

Ricardo Soiza: 6 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua.

Tomás Siegenthaler: 6 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua.

Néstor Pablo Sánz: 5 años y 6 meses de prisión efectiva e inhabilitación perpetua.

Luis Gallo: 5 años y 6 meses de prisión efectiva e inhabilitación perpetua.

Laura Reznik: 5 años y 6 meses de prisión efectiva e inhabilitación perpetua.

Julieta Oviedo: 5 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua.

Marcos Osuna: 4 años y 8 meses de prisión de prisión efectiva e inhabilitación perpetua

Alfredo Cury: 4 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua.

Isabel Montoya: 4 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua.

Valeria Honorio: 3 años y 8 meses de prisión efectiva e inhabilitación perpetua.

Emanuel Victoria Contreras: 3 años y 6 meses de prisión efectiva e inhabilitación perpetua.