Investigan al propietario de casas modulares que intentó instalar en una playa de Bariloche

El intento de emplazar cinco viviendas prefabricadas en un espacio público, sobre la costa del lago Nahuel Huapi, fue neutralizada por el municipio de Bariloche en el inicio del fin de semana largo y el responsable enfrenta ahora una investigación de la Justicia de Faltas, que deberá definir sobre su presunto derecho como propietario de esas tierras.

Las bases de hierro para asentar los módulos ya estaban listas, entre la vegetación, y muy poco visibles. Pero la ampulosidad del movimiento de los grandes trailers con las casas, sobre la avenida Bustillo, fue imposible de disimular. Desde la delegación municipal Lago Moreno advirtieron el despliegue y también hubo vecinos que denunciaron la irrupción de los vehículos y de una grúa descarga.

El delegado Mauricio Hernández dijo que ya conocía al emprendedor y supuesto propietario, a quien identificó como Cristian Segato Dos Santos. Dijo que estaba al tanto de que intentarían avanzar con la obra este fin de semana, “porque creen que el municipio no trabaja en los días feriados”.

Hernández interceptó la caravana el viernes y mantuvo un tenso diálogo con el propietario de las viviendas, le pidió papeles y permisos que “no pudo aportar«. Insistió en que en ese lugar “no se puede construir nada porque es playa pública».

La rapidez de la intervención oficial fue determinante, reconoció Hernández, porque la experiencia indica que esos “atropellos” son difíciles de revertir con el “hecho consumado”. Dijo que convocó a la policía pero “la verdad es que no fue de gran ayuda”. En el lugar se presentó también el fiscal de turno, dispuesto a iniciar una causa por usurpación.

Diario RÍO NEGRO pudo saber que el representante del Ministerio Público le comunicó a Segato los alcances de la actuación, que si insistía en instalar las casas lo iban a detener en “flagrancia”, imputado por usurpación, y ante ese panorama desistió de continuar y se retiró “voluntariamente” del lugar.

La Justicia no dispuso entonces ningún secuestro y los módulos habitacionales quedaron “retenidos” por el municipio -según informó Hernández-, a la espera de lo que resuelva el juez de faltas Gustavo Contín.

Tierras no aptas para construir

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El terreno que es objeto del conflicto se ubica en el kilómetro 20, junto al club de Regatas Bariloche, y comprende una estrecha franja entre la avenida Bustillo y la costa del lago. Uno de los referentes de las juntas vecinales del Oeste, Luciano Celsi, dijo que se trata de un lugar usado desde hace mucho tiempo como bajada al lago y sitio de uso público.

Agregó que hace unos meses ya había generado alarma la colocación de un cerco privado donde no lo había, aunque “la gente encontró igual otros senderos para bajar a la playa”.

Celsi reconoció que la situación dominial en el lugar no está clara. Desde las juntas pidieron información en Catastro de la provincia y comprobaron que la parcela en su momento fue parte de un loteo privado, “en los años 50 ó 60”, como ocurrió en otros lugares de Bariloche donde se lotearon y vendieron zonas inhabitables.

Explicó que la única forma de salvar la cuestión, además revisar los títulos y escrituras, será la determinación precisa de la línea de ribera, y la aplicación consecuente del impedimento que rige para emplazar cualquier infraestructura en una franja de 15 metros desde ese límite, según la última modificación en el Código Civil.

Celsi calculó que en el terreno objeto de litigio las casas hubieran quedado a no más de cinco metros de la playa, vedando de hecho el uso público de la costa. Dijo que las situaciones ambiguas y las propiedades que invaden la zona de ribera son recurrentes en todo Bariloche y que incluso “hay predios como el de la CNEA» en el kilómetro 9 que según el registro parcelario “se meten en el lago”.

Pero indicó que para esos casos el municipio debe hacer cumplir la prohibición estricta de construcciones, y garantizar las servidumbres administrativas de tránsito, como lo establece la Carta Orgánica.

El propietario dijo tener autorizaciones

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El delegado Hernández dijo que el propietario, al ser abordado, aseguró tener autorizaciones y “empezó a nombrar a todo el mundo, entre ellos el intendente y otros funcionarios”. Pero resultó falso. “Los puse en videollamada y ellos mismos dijeron que no estaban enterados -aseguró-. El hombre se puso muy nervioso, hubo una discusión. Dijo que tiene un boleto de compraventa de esa parcela, pero como no mostró nada las casas quedaron retenidas. Ahora deberá proceder la Justicia de Faltas”.

Más allá de lo que allí se defina, Hernández dio por hecho de que “no se puede construir nada en ese lugar porque es playa pública, preservada por ordenanza, Y también por el impacto ambiental”.