Javier Milei busca cerrar el capítulo del default 2001 y planea enviar al Congreso un acuerdo para pagar a fondos buitre

Pasaron 25 años, pero el default de la deuda argentina de 2001 sigue teniendo consecuencias y costos. A lo largo de los años, los distintos gobiernos tuvieron que armar estrategias para resolverlo con canjes de bonos, pagos millonarios y negociaciones extrajudiciales.

Ahora a Javier Milei le tocará cerrar otro frente y por esta razón se precisó que el mandatario ya planea enviar un acuerdo al Congreso para pagar a fondos buitre.

La estrategia de Javier Milei para pagar a fondos buitre

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El estudio de abogados que representa a la Argentina le envió una carta a la jueza Loretta Preska, que centraliza los juicios contra el país en la Corte de Nueva York, para informarle que el pasado 1 de abril el Gobierno libertario firmó un acuerdo definitivo con los fondos. El mismo está sujeto a la aprobación del Congreso y se espera que sea enviado para su tratamiento la próxima semana.

La información la reveló el consultor que sigue de cerca los juicios contra el país en Estados Unidos, Sebastián Maril y también confirmada por fuentes oficiales a Clarín.

En Casa Rosada aún no compartieron un comunicado oficial al respecto por lo que habría que esperar hasta la presentación del acuerdo en el Congreso para saber cuánto deberá pagar Argentina y cómo lo hará, aunque adelantaron que no será por el total de la deuda.

Argentina enfrentó sucesivos pedidos de embargos por parte de dos grupos que no habían querido entrar a ninguno de los tres canjes de deuda que se hicieron desde el default y que tenían sentencias firmes inapelables a su favor. Uno estaba liderado por Attestor pero que nucleaba a otros fondos, como Trinity, White Hawthorne, Bison Bee y Bybrook, e involucraba a unos US$ 500 millones; y otro encabzado por Bainbridge, por cerca de US$ 95 millones.

En 2025 ambos grupos ya habían logrado embargar US$ 310 millones que el país tenía depositados en cuentas de la Reserva Federal en Nueva York como colateral de los bonos Brady, que vencían en 2023.

De ese monto, Attestor se quedó con US$ 210 millones y otros US$ 100 fueron bloqueados por Preska porque eran fondos que también disputaba Bainbridge. Teniendo en cuenta esto, el acuerdo que se enviará al Congreso debería ser por menos de US$ 200 millones.

En marzo 2026, el Gobierno cerró un acuerdo con los fondos que es el que ahora debería ser refrendado por el Congreso. A partir de este trato, las partes solicitaron a Preska suspender la causa, lo que en la práctica implicaba congelar los pedidos para que el país entregara acciones del Banco Nación, Aerolíneas Argentinas o YPF para terminar con la deuda.