La CEB entra a 2023 con la mira puesta en una nueva revisión de tarifas

La Cooperativa de Electricidad Bariloche logró cerrar esta semana un ciclo traumático de tres años sin aprobar un balance, primero por las imposiciones de la pandemia de Covid y luego por la agitación política interna, que le impidió a la gestión de Carlos Aristegui lograr los avales de sus rendiciones contables.

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En una reunión virtual, la asamblea de la CEB aprobó los balances de tres años

El presidente de la CEB dijo que el saldo del reciente proceso electoral (en el que se impuso el oficialismo por buen margen) y la asamblea anual realizada el último martes fue “altamente positivo”, ya que lograron la aprobación de los tres últimos balances y recomponer así la capacidad crediticia de la empresa, el vínculo con entidades bancarias y con organismos de fiscalización.

Aristegui destacó que los balances de 2020 y 2021 fueron aprobados sin rechazos en la asamblea de delegados (solo hubo un puñado de abstenciones) y sin cambiarle una coma ni un número de los que habían sido presentados un año atrás, cuando toparon con un inesperado rechazo.

Subrayó que las objeciones que planteó aquella vez la lista Roja “nunca se tradujeron por escrito” y por eso los balances fueron evaluados otra vez sin cambios y fueron aprobados incluso con apoyo opositor.

La nueva tranquilidad construida en el frente interno pone a la CEB ante un nuevo escenario, cuando se apresta para dar la batalla por la tarifa del servicio eléctrico, ya que en 2023 le tocará la “revisión ordinaria” quinquenal que le impone el marco regulatorio.

Las manos alzadas por el sí a los balances no solo resolvió un trance incómodo, porque la CEB “históricamente estuvo al día” en esa materia, subrayaron desde la lista Blanca. “También permitirá gestionar de otro modo la ayuda del Estado, porque los balances en regla son un requisito en cuestiones a tramitar ante el Enohsa y el Inaes”, admitió Aristegui, quien al cabo de la asamblea del martes fue elegido como presidente por un nuevo período.

La CEB tiene a su cargo la distribución eléctrica en esta ciudad y en Dina Huapi. Atiende a unos 58.000 clientes y es la más grande de la provincia. Abarca también otros negocios como la concesión del saneamiento en Bariloche y ofrece servicios de sepelios, de salud, de internet y televisión por cable.

La asamblea del martes tuvo también su costado polémico porque se realizó de modo virtual. Aristegui defendió la metodología impuesta por el Consejo de Administración y dijo que desde la pandemia esa herramienta “llegó para quedarse”. Aseguró que “todos pudieron participar sin problemas, opinar y preguntar”, y que incluso facilita la conexión remota de gente que no está en la ciudad.

Algunos delegados cuestionaron la metodología y la minoritaria lista Azul decidió no participar. Aristegui reconoció que la presencialidad es distinta porque “permite verse las caras”, pero la conexión por videoconferencia permite cumplir en todo con el mandato estatutario.

La elección realizada el 27 de noviembre registró una participación muy escasa (no superó el 2,4% de los habilitados), lo cual fue subrayado por los opositores, como señal de un “fracaso” colectivo. El presidente de la CEB dijo tener “otra mirada”. Aceptó que lo deseable sería que vote más gente, pero afirmó que la elección “se hizo un domingo, en pleno mundial” y la falta de conflictividad, a su juicio, resta concurrencia. “Cuando las cosas andan bien, menos asociados acompañan, pasó ya otras veces. Cuando más se comprometen es cuando quieren cambiar el color de la conducción”, dijo el presidente.

El foco de la lista Roja estuvo puesto durante el último año sobre el manejo de la empresa controlada de la CEB Angostura Video Cable, que acumuló una importante deuda con la administración central. Aristegui defendió la gestión de esa firma, dijo que hoy no es deficitaria y no demanda más asistencia del sistema eléctrico. “Cuando ingresamos en diciembre de 2019 -argumentó Aristegui- la deuda de AVC con la CEB era de 188 millones de pesos y al cierre de 2022 es de 263 millones”. De modo que tamizado con la inflación o medido en dólares, ese pasivo se redujo en firma sensible.

También recibió críticas por la compensación de deudas que pactó la CEB con el municipio, pero Aristegui lo reivindicó como un logro importante, que cerró una trabajosa gestión de varios años. La conciliación de cuentas estaba pendiente desde 2005, indicó, y según lo acordado la Cooperativa es acreedora neta por casi 50 millones de pesos, que la municipalidad se comprometió a pagar en 24 cuotas. Fue un arreglo “sumamente positivo para la CEB”, dijo Aristegui.

Aseguró también que el saldo favorable para la entidad que él representa se mantendrá mientras continúen las tomas de tierra, ya que el consumo eléctrico de los “colgados” en esos asentamientos son cargados al municipio. Según Aristegui, hoy pagan esas facturas con puntualidad.

En 2023 a la Cooperativa le toca definir una nueva pauta de ajuste tarifario para los próximos cinco años y debe presentar “en el primer semestre” un estudio de costos que hoy está en plena elaboración. Aristegui dijo que no puede anticipar todavía qué porcentaje de aumento van a pedir, ya que están en pleno intercambio con el EPRE para definir “las variables”.

Igual no se privó de cuestionar la metodología, porque es incompatible -dijo- con una economía inflacionaria como la actual. Más aun cuando el organismo regulador suele tomarse más de un año para convocar a audiencia pública, evaluar la solicitud y aprobar finalmente la tarifa aplicable.

Aristegui dijo que además de plantear el “número” del ajuste que pretenden trasladar a las facturas van a “llevar alguna idea” de cambio metodológico para futuras actualizaciones. Dijo por ejemplo que el DPA, que regula la tarifa del agua, cuenta ya con un régimen de revisiones cuatrimestrales. Opinó que el sistema eléctrico debería copiarlo, “al menos para los costos fijos”.

Otro objetivo que los tiene atentos es el de lograr la segunda línea de alimentación eléctrica desde Alicurá, que el gobierno nacional prometió ejecutar hace un par de meses. Aristegui dijo que sin ese refuerzo en la provisión energética a Bariloche le será imposible desarrollar a pleno el parque industrial y tecnológico que se construye en Circunvalación, y otros emprendimientos industriales y de servicios que están ya con proyectos avanzados.

La cooperativa barilochense es uno de los pocos “buenos alumnos” del mercado mayorista eléctrico, ya que paga puntualmente mes a mes las abultadas facturas que le remite la empresa Cammesa, mientras otras distribuidoras acumulan deudas que se miden en miles de millones de pesos.

Aristegui dijo que por segundo año consecutivo, para 2023 el gobierno nacional incluyó en el presupuesto un descuento del 30% a favor de los cumplidores, que la CEB usó este año para pagar deuda y para realizar mantenimiento y obras en las líneas. El mecanismo consiste en tomar las últimas seis facturas mensuales, establecer un promedio y de allí deducir un 30% que la CEB no paga y retiene para las inversiones.