La CTA Río Negro impugnó el llamado a elecciones en el IUPA

La convocatoria a elecciones de autoridades en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) generó objeciones gremiales tras la publicación de la Resolución 1560, firmada por el rector normalizador Norberto Blanes. La CTA Autónoma de Río Negro presentó una impugnación contra distintos artículos del Reglamento Electoral.

El IUPA abrió formalmente el proceso electoral para elegir a los representantes que integrarán su primer Consejo Superior, con comicios previstos para el 15 y 16 de marzo de 2026, paso clave para completar la normalización institucional.

El planteo fue impulsado por ATE y Adiupa, los dos sindicatos con representación en el IUPA que integran la central. Según advirtieron, el reglamento define un padrón limitado, ya que «el reglamento restringe el derecho al voto únicamente a docentes ordinarios o regulares que hayan accedido por concursos o leyes específicas de regularización».

Desde la CTA sostienen que esa definición excluye a docentes interinos y contratados. En ese sentido, señalaron que el rector “excluye de forma discriminatoria a los docentes interinos o contratados que, aun cumpliendo funciones académicas plenas, se ven privados de su derecho de ciudadanía política por una mora administrativa imputable únicamente a la institución”.

Además, reclamaron el cumplimiento del proceso de regularización docente previsto en la Resolución 5655, al considerar que la falta de avances en ese punto impacta directamente en la participación electoral.

Otro de los cuestionamientos apunta a la conformación de la Junta Electoral. La central criticó que esté presidida por el rector normalizador o su delegado, y que sus integrantes sean propuestos desde ese mismo ámbito.

«Esta configuración anula la necesaria imparcialidad y separación de funciones, convirtiendo al órgano de control en una extensión del Poder Ejecutivo institucional, lo cual afecta la transparencia del acto electoral», manifestaron en un comunicado.

También objetaron aspectos procedimentales del reglamento, como el plazo de 24 horas para apelar decisiones de la Junta Electoral, que consideraron insuficiente para garantizar el debido proceso.