La Pastoral Social cuestionó la violencia y las demoras por el acceso a lago Escondido

Las tres diócesis de Río Negro difundieron un documento conjunto. Piden la intervención "presencial y eficaz" de la gobernadora Carreras para llegar a una solución.

La Pastoral Social de las diócesis de Viedma, Alto Valle y Bariloche expresaron su rechazo a los hechos de violencia generados en las manifestaciones por el libre acceso al lago Escondido, cuestionaron que la Justicia demora tantos años en resolver un tema «promueve el bien común» y pidieron a la gobernadora Arabela Carreras que intervenga.

Los equipos que trabajan con la Iglesia Católica en cada una de sus diócesis de Río Negro, elaboraron un documento conjunto para expresarse por la situación de lago Escondido.

Esta semana se realizaron varias manifestaciones de distintos sectores sociales, políticos y sindicales, uno de ellos con un saldo de violencia importante, con personas heridas por parte de pobladores defensores de la privacidad del camino Tacuifí.

Las tres pastorales sociales, recordaron que desde 2009 el Poder Judicial de Río Negro en diversos fallos ordena la apertura del camino Tacuifí. La última medida fue emitida el año pasado, pero al ser apelada por el Gobierno y la empresa Hidden Lake, esa sentencia no está firme.

«Nos llama la atención que una medida que promueve el bien común sea demorada y hasta cuestionada por las autoridades que deberían exigir su aplicación. Por el contrario, el mismo Gobierno provincial ha apelado la última sentencia y hasta ha cuestionado las distintas formas en que diversas organizaciones sociales han señalado la clara injusticia que esta situación encierra», expresaron en un comunicado.

Destacaron que «Dios nos ha regalado una geografía privilegiada para el goce de toda la ciudadanía» y lamentaron que «algunos sectores con poder económico y político intentan imponer sus intereses particulares recurriendo a la violencia de las amenazas, los vicios legales, la mentira y la agresión física».

Opinaron que «la soberanía», con este caso, «hoy se encuentra tan frágil y precaria en la región».

Entre sus planteos, pidieron expresamente que la gobernadora «intervenga presencial y eficazmente para que esta grave situación se resuelva bajo los valores de la justicia, lo solidaridad y el bien común».

Finalmente, abogaron a que «nunca más la violencia y la mentira se utilicen para imponer medidas que atenten contra el espíritu democrático de los rionegrinos».




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