Los pedidos de la fiscal de Bariloche por Los Huemules que el procurador Casal ocultó
Requirió el levantamiento del secreto fiscal para los jueces, funcionarios, empresarios y empresas relacionadas al viaje a Lago Escondido, pero la Procuración tachó esos párrafos cuando difundió el dictamen.
Así se subió a la página web de la Procuración el dictamen de la fiscal de Bariloche.
El pedido de apertura de una causa penal por la visita de empresarios, funcionarios porteños y jueces federales a Lago Escondido, realizado por la fiscal federal interina de Bariloche, Cándida Etchepare, fue difundida por su jefe, el procurador interino Eduardo Casal, en la página web del organismo, pero con tachaduras que ocultan los pedidos realizados a la jueza Silvina Domínguez.
«De acuerdo con lo normado por el art. 188 del CPPN, propongo a la magistrada que disponga», se lee antes de las tachaduras, similares a las que aparecen en las películas estadounidenses de espías con los archivos que comprometen asuntos que el gobierno pretende ocultar.
«Solicito a la jueza que tenga a bien proveer las solicitudes efectuadas por el denunciante para ser tenido como parte querellante, así como también en relación con el resto de las medidas por él propuestas en el día de la fecha», es uno de los párrafos del requerimiento que aparece sin tachaduras.
El denunciante es el abogado de Roca Marcelo Hertzriken Velazco.
Todos juntos
La denuncia sostiene que viajaron en un vuelo privado a Bariloche y más tarde por tierra a la estancia Lago Escondido, del británico Joseph Lewis, Julián Daniel Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional nro. 10; Juan Bautista Mahiques, Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; Marcelo Silvio D´Alessandro, Ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 2; Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 9; Leonardo Bergroth; Tomás Reinke, presidente de Mediabit SA; Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín SA; y Jorge Carlos Rendo, presidente de Grupo Clarín SA.
Etchepare le avisa además a la jueza que, en virtud de la «relevancia institucional y trascendencia pública del caso» va a informar de su actuación a su jefe Casal.
Hay en el requerimiento otras tachaduras, que tienen su lógica porque refieren a datos personales de los denunciados.
RÍO NEGRO, de todos modos, tuvo acceso al documento sin tachaduras y eludió la censura de Casal.
Lo que no se informó
Etchepare pidió que «se disponga el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todos los nombrados en el apartado II del presente dictamen, junto con el de las compañías Hidden Lake SA (CUIT 30-68590523-6) y Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos SA (30-71095473-5), a fin de que se recaben los datos bancarios necesarios para determinar la veracidad de las facturas y pagos descriptos precedentemente y si efectivamente fueron los investigados quienes efectuaron tales erogaciones (ley 11.683) o si se registran pagos anteriores por esos montos efectuados por terceras personas físicas o jurídicas».
Además, requirió que «se solicite a AFIP-DGI que tenga a bien analizar la autenticidad de las facturas presentadas en autos por las empresas mencionadas precedentemente. Algunas de ellas, emitidas dos semanas después de que hubieran consumido los servicios allí consignados».
«También considero pertinente -continúa la fiscal- encomendar a la fuerza de seguridad que la magistrada estime correspondiente que tenga a bien analizar el material fílmico obtenido en autos a fin de identificar debidamente allí a los pasajeros consignados en el formulario de declaración general del vuelo 26917, así como también a las demás personas que se observa que se reúnen con ellos y, en especial, a los tres individuos que acompañan a Nicolás Van Ditmar, a quienes en tal caso deberá convocarse a declarar».
«En esa misma dirección, postulo que se requiera a Aerolíneas Argentinas los datos de el o los vuelos de regreso en los que habrían retornado a Buenos Aires Casey y Rendo (dado a que no figuran en el vuelo privado de regreso cuya planilla aportara la PSA)».
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