Maltrato entre jueces, fiscales y defensores: el tema que incomoda al Poder Judicial de Neuquén

Los tribunales penales de Neuquén conocen esta escena: un juez que interrumpe con brusquedad, que corta la palabra a un defensor o a un fiscal, que hace sentir su autoridad como un arma invisible en medio de la audiencia.

Para algunos, es la exigencia natural de un debate judicial. Para otros, es maltrato. Cada quien traza la altura de la línea divisoria: depende de cómo se viva la situación en carne propia, de la reiteración de episodios, de la repetición de protagonistas.

Ese maltrato no aparece en los registros oficiales ni en los fallos. Circula en los pasillos, se comenta entre colegas y rara vez llega a los canales formales de denuncia.

El temor a represalias, la desconfianza en los mecanismos de resguardo y la certeza de que todos seguirán cruzándose cada día en los mismos tribunales pesan más que la idea de exponerlo.

Lejos de ser un problema individual, es una cuestión cultural: un modo de ejercer el poder en el que la voz del juez prevalece sobre todas las demás.

En una provincia pequeña como Neuquén, donde los mismos actores judiciales litigan entre sí una y otra vez, soportar el malhumor ajeno suele parecer más seguro que enfrentarlo.

Fuerte con los débiles

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«En el ámbito de las audiencias el maltrato suele suceder a través de la descalificación o el menosprecio», dice la jueza de Garantías de Zapala, Leticia Lorenzo. «Sobre todo con personas que tienen poca experiencia o poca posibilidad de respuesta. La lógica ‘fuerte con los débiles y débil con los fuertes’ aparece bastante en esos espacios».

Carina Álvarez, presidenta del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción, dice que recibió «quejas de abogados, algunos reclamos» contra magistrados, pero también conoce «el maltrato al que han sido sometidos algunos colegas».

«Ocurren gritos, descalificaciones y en menor medida hostigamiento», afirma Richard Trincheri, juez del Tribunal de Impugnación. Existió siempre, y «el sistema adversarial, la oralidad y publicidad, lo hace más visible», agrega.

Aquella queja colectiva

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La situación dista de ser novedosa. En septiembre del 2019, el entonces defensor general Ricardo Cancela denunció en una conferencia de prensa que algunos magistrados «pretenden, desde una mirada paternalista, disciplinar a la defensa pública, aplicando sanciones a los funcionarios de este Ministerio por el sólo hecho de ejercer su función».

Esa queja se mantiene. Desde la defensa pública, con pedido de reserva de la identidad, aseguran: «los jueces no aceptan que tienen funciones distintas pero en un marco de igualdad».

Para que esa igualdad sea más equitativa, los ministerios públicos reclaman que equiparen el sueldo de fiscales y defensores con el de jueces de Garantías.

La batalla cultural

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Superar el escalón salarial no resolverá, de todos modos, cuestiones culturales. Para Leticia Lorenzo: «La jerarquía ocupa un lugar central. Aún con una tendencia a la generación de organismos más horizontales, hay una cultura heredada por la que quién más arriba está, más razón tiene y más derecho al maltrato tiene».

Trincheri coincide: «la administración de la justicia penal está enteramente ligada a la cultura inquisitiva heredada de nuestra época colonial. Lo planteo en mi último libro («Es tiempo de juicio por jurados populares»): la lucha contra esa herencia es diaria y una de las formas en que se expresan las prácticas inquisitivas es el maltrato o la descalificación de algunos magistrados a las partes».

Añadió que «hasta la reforma procesal del 2014 todas estas prácticas quedaban la mayoría ocultas porque el juez era el ‘buscador’ de la verdad, podía preguntar lo que se le ocurriera en las audiencias y quedaba todo oculto porque ni siquiera se filmaban, y el mismo peso cultural hacía que las partes aceptaran esa realidad sin queja alguna».

Lorenzo puso luz sobre otras formas de trato inapropiado. «En los ámbitos más propios del litigio (ministerios públicos) me parece que ocurre una ‘sobrecarga intencional de responsabilidad’: hacer responsables a otras personas por tareas propias y luego, en consecuencia, responsabilizar a esas otras personas por malos resultados. No hacerse cargo es una forma de maltratar. No explicar, no enseñar, no generar espacios de revisión de prácticas».

Denunciar, ¿para qué?

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La mayoría de las fuentes consultadas por diario RÍO NEGRO hablaron con la condición de que se preserve su identidad. Pocos quieren que su nombre aparezca vinculado con el tema. Denunciar al maltratador o maltratadora rara vez es una opción.

«Los mecanismos para denunciar existen y en virtud de ello son accesibles. Ahora bien, que sean confiables ya es otra cuestión«, advierte Trincheri. «Esto porque el afectado o afectada puede pensar que realizar la denuncia será contraproducente por variados motivos. Entre ellos que, de alguna forma u otra, el magistrado que maltrata o descalifica será ‘cubierto’ y la represalia llegará, más tarde o más temprano, porque el ámbito de trabajo impone el contacto permanente».

Carina Álvarez, que recibió reclamos de abogados, aclara que «siempre respondo que como presidenta del Colegio de Jueces no ejerzo funciones de superintendencia, hay mecanismos formales e institucionales para seguir frente a inconductas».

Otro ámbito que se hace eco de los reclamos es la Asociación de Magistrados. En sus reuniones se escucharon amargas quejas de funcionarios afectados por alguna situación de destrato.

El camino formal lleva a la secretaría de Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia, desde donde se puede archivar el caso, armar un sumario o enviarlo al Jurado de Enjuiciamiento.

Cómo mejorar

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Cuando existe un clima tóxico, el impacto sobre la administración de justicia es negativo. Dice la jueza Lorenzo: «se pierde la riqueza del trabajo conjunto de magistrados. La deliberación de un caso se puede convertir en una discusión personal. Incluso puede hacer que cesen los espacios deliberativos».

Sin embargo, abre una ventana: «creo que la organización de la judicatura penal neuquina, bien entendida, genera un entorno que dificulta el maltrato entre magistrados y establece las posibilidades de evitarlo, trabajarlo, superarlo».

«Trabajar en colegio, seguir la ley en cuanto a las obligaciones que implica integrar un colegio, mantener la permanencia de los encuentros, generar acciones conjuntas, establecer espacios de revisión de prácticas, son mecanismos muy efectivos para tener un buen vínculo. Mi experiencia con el colegio de Jueces del interior es inmejorable en ese sentido», señala.