Defensores públicos acusaron a los jueces por intervenir en su trabajo

En el año 2014 la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal de Neuquén trajo bajo el brazo nuevas reglas de juego, donde quedaron delimitadas las instituciones y los roles que deben cumplir jueces, fiscales y defensores. Desde entonces, en las salas de audiencias y en los comentarios de pasillos, afloran conflictos que van más allá de lo estrictamente penal y dejan entrever diferencias entre las partes.

Generalmente la puja se da entre fiscales y jueces. Esto tiene que ver con sus funciones y el cambio de paradigma, con el viejo código eran los jueces de instrucción los que realizaban la investigación preliminar para su posterior elevación a juicio. Con el nuevo tablero, ahora los jueces son los que mandan en las audiencias pero solo se limitan a resolver ante los pedidos que realizan los fiscales y los defensores.

Este conflicto trepó un nuevo escalón ayer por la mañana, cuando el Defensor General, Ricardo Cancela, encabezó una conferencia de prensa en la que cuestionó públicamente que algunos jueces de garantías «pretenden, desde una mirada paternalista, disciplinar a la defensa pública, aplicando sanciones a los funcionarios de este Ministerio por el sólo hecho de ejercer su función».

Se refirió a cuatro casos donde los magistrados han actuado contra el trabajo de los funcionarios de la defensoría, se les indicó «cómo debían hacer su trabajo» e incluso los han sancionado internamente, pero aclaró que todas esas sanciones fueron desestimadas por tribunales superiores. Advirtió que este tipo de penalidades genera también contratiempos porque algunos funcionarios judiciales concursan para acceder a cargos superiores y les restan puntaje.

En ese contexto entendió que los jueces de garantía «no han entendido aún que el nuevo sistema procesal pone en un plano de igualdad a los defensores con  los jueces y los fiscales, y a cada uno le asigna una tarea clara y específica», y añadió: «esto no es un hecho aislado, lo que vemos es que se pretende cercenar el derecho de defensa en juicio, afectando, en definitiva, una garantía constitucional de los imputados en los procesos».

El Defensor General estuvo acompañado por la Secretaria Penal de la Defensoría General, María Luisa Andrada, los Defensores de Circunscripción, Fernando Diez y Raúl Caferra, y la Defensora de Ejecución, Luciana Petraglia -que fue la última funcionaria afectada y cuya sanción fue revocada ayer-.

«Se acabó esto de que un juez nos tiene que decir qué hacer o cómo ejercer la defensa; nosotros no le decimos cómo tienen que resolver o hacer una sentencia, si no estamos de acuerdo apelamos, que es la herramienta procesal que nos da la ley», sostuvo.

El defensor general recordó que el Ministerio Público está regido por una ley orgánica que establece que la Defensa «tiene autonomía y no está sujeta a directivas ajenas a su estructura, que el derecho de defensa no puede ser coartado por nadie y que los funcionarios deben ser tratados con el mismo respeto que los jueces ante los que actúan».

Un caso puntual

El defensor Fernando Diez brindó precisiones del último caso en que se aplicó una sanción a Petraglia «supuestamente por mentir» y señaló que cuando en realidad lo que estaba haciendo era «una interpretación de un fallo del Tribunal de impugnación e invitando a la jueza a que vea la audiencia para evacuar cualquier duda; ¿qué mala fe puede haber en eso?».

Por último, Caferra indicó que la interpretación que haga un Defensor de un fallo «no puede nunca ser considerada una falta», y agregó que el caso de Petraglia «es el mayor acto de intento de disciplinamiento al rol de la defensa; no es una cuestión de un defensor, es una cuestión institucional».