Mañana entra en vigencia el DNU de Milei, que entre otras cosas, deroga la Ley de Alquileres
Fue publicado en el boletín oficial el jueves 21, uno de los puntos importantes es la derogación de la Ley de Alquileres» para permitir la libre negociación de contratos. Cómo son los tiempos del proceso.
Este viernes entra en vigencia el mega DNU de Milei. (Archivo)
El Gobierno de Javier Milei publicó su mega decreto con más de 300 artículos de desregulación total de la economía argentina. Como en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) promulgado el jueves 21 de diciembre en el Boletín Oficial no se especifica su fecha de entrada en vigencia, según establece el Código Civil y Comercial, la normativa comenzará a regir automáticamente dentro de 8 días, el 29 de diciembre. No obstante, el Presidente afirmó que «ya está vigente». ¿Qué pasa si el Congreso decide invalidarlo? Cómo son los tiempos de ese proceso.
Por lo general, dentro del cuerpo de este tipo de decretos, el Poder Ejecutivo suele aclarar que la norma entra en vigencia desde el día de su publicación en el Boletín Oficial. Sin embargo, esto no sucedió. Según publica Página|12, después de dialogar con el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quién confirmó que como el DNU no lo aclara, se aplica el artículo 5 del Código Civil y Comercial (CCC).
Este artículo establece que “las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen”. En tanto, como el DNU de “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina” no pone fecha, el documento y todo su contenido entrará en vigor recién mañana, viernes 29 de diciembre.
Sin embargo, Milei sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia que el DNU «ya está vigente». Según dijo, «cuando sale un DNU significa que ya está vigente» por lo que consideró que «no hace falta sacar otro» decreto para aclarar la fecha en que empieza a regir.
Sobre la Ley de Alquileres
En una oportunidad, Milei hizo referencia a la derogación ley de Alquileres y aseguró «hacemos lo que hacemos, para combatir el déficit fiscal». «Eso tiene consecuencias y lo tenes que financiar. Con emisión, deudas o impuestos. Cuando aparecen efectos no deseados, se generan normativas que intentan reparar efectos y no causas», argumentó.
El presidente destacó constantemente la necesidad de «derogar la Ley de Alquileres» para permitir la libre negociación de contratos «en cualquier moneda». Según él, esta ley «solo generó daño, perjudicando a aquellos que pretendía proteger». La propuesta de dolarización de los alquileres apunta a dar mayor libertad monetaria y eliminar restricciones impuestas por la normativa vigente.
La Ley de Alquileres 27.551, sancionada en 2020, establece las reglas para los contratos de alquiler en Argentina, fijando los precios en pesos argentinos y prohibiendo la dolarización. La derogación de esta ley podría traer aparejados cambios significativos en el mercado de alquileres, permitiendo a propietarios fijar precios en la moneda estadounidense.
La normativa actual establece contratos de tres años, ajustes semestrales y la moneda en pesos.
Si bien la propuesta de Milei generó debates sobre sus posibles impactos, los inquilinos muestran preocupación ante la perspectiva de una dolarización que podría aumentar significativamente los costos de vida. Por otro lado, los propietarios respaldan la medida, considerándola una forma de proteger sus ingresos de la inflación.
La implementación de estas reformas se espera que sea inmediata. Además, el libertario considera que la dolarización es una medida necesaria para liberalizar el mercado de alquileres y reducir la burocracia.
¿El Congreso puede invalidar el decreto de Milei?
Hay un plazo de 10 días:
Desde su publicación, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse,tiene un plazo de 10 días para enviar el DNU a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso de la Nación, este cuerpo tiene otro plazo de 10 días hábiles, desde que lo recibe, para emitir un dictamen respecto a la validez o invalidez del decreto y enviarlo al Senado y a la Cámara de Diputados para que se trate en el recinto.
En caso que no se haga en el plazo establecido:
Asimismo, si la comisión no lo hace en el plazo establecido, ambas cámaras deben tratar el tema de oficio. Por lo que, en el más dilatado de los casos, la validez del DNU se definiría a más tardar el 15 de enero de 2024, aunque también podría ocurrir antes si los distintos actores involucrados en el proceso cumplen sus compromisos institucionales antes de que finalicen los plazos establecidos.
Tramiento:
En cuanto al tratamiento en sí, lo cierto es que la Constitución solo habilita el uso del DNU en “circunstancias excepcionales” donde el Congreso estaría impedido de continuar con sus “trámites ordinarios” para la sanción de leyes. Además, se prohíbe su uso en materia penal, tributaria, electoral y de régimen de partidos políticos.
Cómo se valida o invalida:
Ambas cámaras solo pueden validar o invalidar el decreto a partir del voto por mayoría absoluta (la mitad más uno de los presentes, obviamente luego de obtener el quórum necesario para sesionar). A su vez, no están habilitadas para introducir enmiendas, modificaciones o agregados al documento.
De esta manera, se prevé que si ninguna cámara decide tratarlo o si el documento es aprobada por una de ellas y rechazado por la otra, el DNU continúa vigente. En cambio, para que el decreto se caiga y pierda vigencia, debe ser rechazado por ambas cámaras.
Con información de Página 12
Qué modificaciones y proyectos presentó Milei
El presidente Javier Milei presentó una serie de medidas, entre decretos y proyecto de ley, con los aspectos que marcan su Gobierno. Todas apuntan a desregular, privatizar empresas, eliminar controles, concentrar funciones en el Ejecutivo, flexibilizar los derechos laborales y limitar la posibilidad de protesta.
El primero en salir fue el ministro de Economía, Luis Caputo, con un video grabado en el que anunció la devaluación, llevando el dólar oficial a $800. También se refirió, entre los aspectos más importantes, al freno de la obra pública y de los envíos de fondos a las provincias, la reducción de los subsidios al transporte y la energía, y la no renovación de los contratos estatales del último año.
Lo siguió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que el jueves 14 de diciembre lanzó el protocolo antipiquetes. «Las cuatro fuerzas federales –Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)-, más el Servicio Penitenciario Federal, van a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales», explicó en ese momento la funcionaria.
Luego llegó el mega DNU con desregulación de la economía, la transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas, la derogación de la ley de alquileres, la eliminación de las restricciones de precios a las prepagas y más medidas sobre los derechos de los trabajadores como parte de la reforma laboral, por ejemplo, la ampliación del periodo de prueba (permite el despido sin indemnización) de tres a ocho meses.
El siguiente paso del presidente fue un nuevo decreto, con el llamado al Congreso a sesiones extraordinarias desde el 26 de diciembre hasta el 31 de enero. En el temario no incluyó el mega DNU, pero sí el cobro del impuesto a las Ganancias, además de acuerdos de eliminación de la doble imposición, que habilita a empresas con sedes en otros países a no pagar tributos en Argentina.
El accionar más reciente del Gobierno fue el envío de un proyecto de ley ómnibus al Congreso, con 664 artículos. Este habilita a Milei a concentrar en el Ejecutivo facultades legislativas a través de la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025. Entre otros aspectos centrales, suspende la suba de jubilaciones a través de la ley de movilidad y los nuevos incrementos serán decisión del Ejecutivo. También privatiza todas las empresas públicas y establece un régimen de blanqueo de capitales. Tanto la presentación del DNU como del proyecto de ley ómnibus despertó un amplio rechazo social, con cacerolazos espontáneos y protestas de organizaciones sindicales y sociales.
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