Milei pretende superpoderes para gobernar hasta diciembre de 2025
El presidente busca sumar poder e incluso busca que su polémico DNU de la semana pasada sea aprobado sin los procedimientos formales.
La ley ómnibus de Javier Milei cosechó fuertes rechazos. Foto: Télam
El presidente Javier Milei impulsa, dentro de la ley ómnibus que este miércoles envió al Congreso, que el Poder Legislativo le delegue facultades hasta por lo menos el 31 de diciembre de 2025, argumentando un estado de emergencia y dotándolo así de superpoderes para gobernar en gran parte de su mandato.
«Se declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025″, dice uno de los artículos del paquete de leyes enviado al Congreso.
Punto seguido aclara que dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años.
Y con esta base pretende que el Congreso delegue «facultades legislativas al Poder Ejecutivo en las materias a las que se declaró en emergencia».
Es decir, que si se aprueban las emergencias Milei tendrá las facultades de legislar, algo que la Constitución Nacional prohíbe expresamente en el artículo 76, que dice: «Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca».
Los alcances de la delegación de poderes que busca Milei
“Las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán permanentes, excepto cuando la naturaleza de la medida determine su carácter transitorio y así se lo disponga en forma expresa”, dice el escrito.
Incluso en la Ley Ómnibus sorprendió al incluir un artículo, el 654, para que se ratifique su polémico DNU N° 70/23, desestimando los procedimientos formales que fija el reglamento parlamentario.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez alertó que, sumados, el mencionado DNU y el proyecto de ley representan un “intento de reforma constitucional encubierta sin cumplir con el mecanismo previsto por el art. 30 de la Constitución”, que exige la participación de las mayorías parlamentarias.
El paquete de leyes que hoy envió el Poder Ejecutivo está lleno de controversias ya que, al igual que el DNU que se anunció la semana pasada, pretende imponer modificaciones en una innumerable cantidad de áreas, sin siquiera negociar con los legisladores o las partes afectadas.
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