Techo Digno | Fiscales aceleran algunos expedientes para sus juicios: ¿Quiénes son los imputados?
Avanzan en las audiencias del control de acusación de tres causas, que plantean juicios contra cinco ex intendentes, entre ellos, actuales parlamentarios. Un primer debate ya tiene fecha y se espera la confirmación de otra investigación cerrada.
Avanza el trámite de la causa Sierra Grande, con los ex intendentes Tamburrini e Iribarren. Foto: Marcelo Ochoa
El equipo de fiscales acelera el proceso de la megacausa de Techo Digno. En los últimos días, el Ministerio Público requirió nuevas audiencias para pedir la reformulación de delitos y cerrar las investigaciones con los controles de acusación para avanzar en los juicios, que estiman podrían darse antes de finalizar el año.
Los expedientes en trámite alcanzan a una docena de municipios, pero las solicitudes formalizadas por hacerlo o se concentrarán en tres: Cipolletti, Sierra Grande y Choele Choel.
Estas investigaciones se abrieron en la Justicia provincial en el 2018, remitidas del fuero federal. Las imputaciones se vinculan con la utilización de fondos nacionales enviados a los municipios para la construcción de barrios, entre el 2013 y 2015.
Los convenios incluidos en la megacausa comprenden a doce municipios: Bariloche, San Antonio, Conesa, Cervantes, Godoy, Choele Choel, Río Colorado, Fernández Oro, Cinco Saltos, Cipolletti, Campo Grande y, finalmente, Sierra Grande (que el expediente estaba en la órbita provincial).
Las acusaciones se concentran en ex intendentes, algunos hoy legisladores, y, por eso, los procesos arrastraron siempre ese componente político. Por eso, las tareas judiciales se desaceleraban en las proximidades de las instancias electorales.
En esa línea, posiblemente, el Ministerio Público intentó el cierre de las investigaciones, con las audiencias de control de acusación y así encaminar sus elevaciones a juicios. Ese propósito fiscal se reducirá -por ahora- a concluir con algunos expedientes y, en todo caso, dejar que las próximas etapas y tiempos recaigan en los magistrados y en las organizaciones del Poder. Aun así, las diligencias se cruzarán con las elecciones parlamentarias de octubre.
La megacausa
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- Municipios alcanzados por la megacausa, iniciada en el 2016 y, desde el 2018, con trámite en Río Negro.
Paradójicamente, el primer juicio de Techo Digno, programado para la última semana de octubre, surgió de una derivación de la megacausa. La imputación alcanza al exjefe comunal de Bariloche, Gustavo Gennuso, a partir de una investigación que se abrió en febrero del 2024 del expediente original de Techo Digno. Esta investigación barilochense quedó también cerrada en abril y espera la fecha del juicio, con las imputaciones contra la exintendenta María Eugenia Martini y su extitular de Obras Públicas, Alfredo Milano.
Las acusaciones se repiten en fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta y peculado por pagos superiores a los niveles de ejecución.
Los dos constructores acusados fueron sobreseídos. Alberto Usandizaga (Alusa) fue declarado inimputable por problemas de salud y Juan Castelli (Oriente) acordó una probation al ofrecer la realización de un centro de salud para el municipio.
Otros expedientes
En los tribunales de Roca, cuatro gestiones locales son investigadas por sus planes de Techo Digno, con formulaciones aceptadas en agosto del 2021. En los últimos días, la fiscalía solicitó la audiencia de reformulación y, luego, el control de acusación del caso Choele Choel, que incluye la imputación del exintendente Daniel Belloso y el constructor Longinos de Dios (Eca). Esta audiencia tiene fecha fijada y será el lunes 28 de abril.
El hoy legislador Belloso preside el opositor bloque del PJ y, además, conforma el núcleo duro del senador Martín Doñate.
En la circunscripción roquense también se analizan concrecciones barriales de Cervantes, Godoy y Río Colorado, con acusaciones a las administraciones de Gilberto y Claudia Montanaro (en funciones); de Luis Ivancich (legislador del PJ), y de Carlos Pilotti y Gustavo San Román (legislador de JSRN). Las incriminaciones llegan a los constructores de Dios (Eca), Nestor Sarasola (Eraiki), y Jacobo Baskir.
Por su parte, en Viedma, existen tres pesquisas por planes de viviendas de Sierra Grande, San Antonio y Conesa.
Los municipios son Bariloche, SAO, Conesa, Cervantes, Godoy, Choele, Río Colorado, Cinco Saltos, Fernández Oro, Campo Grande, Cipolletti y S. Grande.
Según trascendió, el próximo control de acusación se prevé para las gestiones serranas , es decir, se finalizará con los procesos contra los ex intendentes Renzo Tamburrini, del PJ, y Nelson Iribarren, de la UCR, y el constructor Guillermo Gazia.
Seguirán, en cambio, las investigaciones contra el ex jefe sanantoniense Javier Iud, hoy presidente de ARSA, y la ex mandataria conesina Alejandra Mas, actualmente legisladora del Mercosur. Castelli está imputado por la empresa.
En la cuarta circunscripción se investigan cuatro exadministraciones comunales: Cipolletti, Cinco Saltos, Fernández Oro y Campo Grande. En esta fase, la fiscalía completará el trámite de Cipolletti, con las acusaciones contra los ex jefes comunales Abel Baratti y Aníbal Tortoriello, actual diputado nacional del PRO. Una exfuncionaria municipal (la ex contadora Lucila Chiocconi) y tres constructores también están alcanzados en los cuestionamientos: Arturo Mendiberri, Domingo Mocciola, José Zoppi.
Los restantes tres procesos seguirán en el ámbito fiscal. La causa de Cinco Saltos impacta en los exmandatarios Liliana Alvarado y Germán Epul, con el empresario Mendiberri; mientras que Fernández Oro compromete al ex jefe local Juan Reggioni, y los privados Diego Quinteros, Fabio Huenchunao, Luis Mendez y Nestor Sarasola
La investigación de Campo Grande se circunscribe al constructor (Luis Saiz) y un técnico.
El ex intendente y hoy legislador aliado al oficialismo provincial, Pedro Dantas quedó apartado porque, según se argumenta, no tiene responsabilidad de la falta de control en la ejecución, ya que en esa función figura el inspector de obra (Gustavo Asenjo).
Las acusaciones y las explicaciones
Las investigaciones se abrieron en el 2016 y los expedientes fueron enviados en el 2018 a Río Negro por el juez federal Claudio Bonadio.
Las pesquisas se centraron en los planes federales acordados por Nación en 12 municipios encargados de sus ejecuciones.
El cuestionamiento penal radica en la inconsistencia entre los fondos enviados, a partir de informes municipales, y las reales ejecuciones detectadas en el 2016 cuando la Provincia asumió la conclusión de esos barrios.
Las acusaciones fiscales se repiten en la falsedad de las certificaciones que permitieron los envíos nacionales y sus posteriores pagos a las constructoras. Aparecen después variantes en relación a los destinos de fondos desviados.
Las defensas argumentan que las diferencias están en costos mayores a los originales, los sucesivos impactos inflacionarios y la inclusión de tareas no presupuestadas. Aluden, en resumen, a que las transferencias están volcadas en las obras.
El equipo de fiscales acelera el proceso de la megacausa de Techo Digno. En los últimos días, el Ministerio Público requirió nuevas audiencias para pedir la reformulación de delitos y cerrar las investigaciones con los controles de acusación para avanzar en los juicios, que estiman podrían darse antes de finalizar el año.
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