Techo Digno: Fiscales ultiman imputaciones y ex intendentes niegan haber firmado

Los ex intendentes investigados por Techo Digno insisten que ellos no firmaron las cuestionadas certificaciones de obras por la ejecución de las viviendas federales sino que esas rubricas se hicieron en Buenos Aires, sin avanzar en precisiones.

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Entienden que la información de sus imputaciones tiene la “intencionalidad de dañar su imagen”, y que esperan de las audiencias para “terminar con esta persecusión política, instaurada por el gobierno de Mauricio Macri”.

“Río Negro” publicó que los distintos fiscales con expedientes sobre el manejo de fondos de los planes de Techo Digno imputarán a ex intendentes, entre ellos, tres legisladores actuales y tres mandatarios locales.

En las distintas circunscripciones judiciales, los textos de las imputaciones se ultiman para sus ingresos entre este miércoles y el viernes. Los fiscales son José Chirinos por Viedma, Guillermo Lista por Bariloche, Matías Stiep por Cipolletti y Julieta Riva por Roca.

En principio, las acusaciones recaerán en una decena de administradores locales de los fondos de Nación para barrios, y sus titulares de las constructoras. Entre los ex intendentes figuran tres hoy legisladores del FdT, como María Eugenia Martini, Alejandra Mas y Daniel Belloso, quienes fueron jefes comunales de Bariloche, Conesa y Choele Choel.

Alcanzaría también a actuales mandatarios, como Luis Ivancich (Godoy), Renzo Tamburrini (Sierra Grande) y Liliana Alvarado (Cinco Saltos). Los restantes serían serían Javier Iud, Gilberto Montanaro, Carlos Pilotti y Juan Reggioni por sus mandatos en San Antonio, Cervantes, Río Colorado, y Fernández Oro, respectivamente.

En respuesta a la publicación, Mas, Belloso, Montanaro y Ivancich -que son defendidos por el abogado Damián Torres- reaccionaron que las “noticias” tienen la intencionalidad de dañar nuestra imagen”. Afirman que “la única verdad” es la presentación de Torres para pedir audiencias con el objetivo de reclamar los sobreseimientos de los cuatro investigados.

En un comunicado en las redes, dicen que “no existió delito alguno” y que “todo el dinero girado de Nación fue directamente a las viviendas”, asegurando que los “únicos inconvenientes” fueron “los procesos inflacionarios”.

Se reitera que “los certificados finales de obra no han sido firmado por ninguno de nosotros, sino en Buenos Aires, ajenos a cualquier intervención”.

Concluyen que esperan las audiencias para “terminar con esta persecución política, instaurada por el gobierno de Mauricio Macri”.

Qué dice el abogado

Por su parte, el abogado Torres confirmó la solicitud del sobreseimiento de sus representados, “algunos intendentes, otros legisladores, en cada uno de los legajos dónde intervengo y se fijaron las fechas de audiencias respectivas”.

Explicó que lo hizo “por qué en el trascurso de la investigación, se demostró que todo el dinero fue a las viviendas, planes que se entregaron y que los únicos problemas que existieron fueron inflacionarios, lejos de existir delito alguno de mis clientes. Todos los informes, pericias, testimonios dan cuenta de ello”.

Manifestó que “se darán todas las explicaciones correspondientes” y “la fiscalía tendrá que sostener que quiere imputar y como lo sustenta, cuestión que no le será sencilla”.

Además, consideró “llamativo es que, ante el pedido formal de sobreseimiento, la fiscalía responde con pedidos de suspensión de las mismas” (que estaba fijada para este miércoles) y “con una nota el mismo día en el diario de que va a formular cargos, cuando en los legajos nada pidió hasta aquí. Lo que demuestra que es una medida desesperada para tratar de neutralizar el cierre de estás causas que es inminente, porque insisto… no hay nada”.

Resaltó que “la fiscalía está en su derecho de investigar, pero mis clientes, tienen derecho a qué se les cierre está injusta causa que se le sigue, porque son inocentes. Más tarde o más temprano esto va a quedar corroborado”, concluye.