Techo Digno: resultados de la investigación estarán en 2020
Hay prórrogas hasta el segundo semestre y recién entonces habrá precisiones. Las causas penales evalúan la utilización de los fondos federales enviados a 13 municipios para 32 barrios, con 2442 viviendas y asignados a una decena de empresas.
Las investigaciones penales por los planes Techo Digno arrojarán definiciones y eventuales imputaciones recién avanzado el año próximo, a partir de prórrogas aceptadas que fueron requeridas por los fiscales.
Esa megacausa, remitida en el 2018 por el juez federal Claudio Bonadio, comprende el uso municipal de fondos nacionales programados para la construcción de 32 barrios en Río Negro, con 2.442 viviendas en 13 municipios, y las probables responsabilidades de sus funcionarios y una decena de constructoras.
Esa inversión actualmente significaría unos 4.900 millones de pesos. La clave de la investigación radica en la real construcción y el cobro de las empresas. Existe marcadas disparidades entre lo pagado por Nación y lo edificado hasta el 2015 cuando se paralizaron envíos y obras.
Sin participación provincial, entre el 2012 y esa fecha, el gobierno nacional firmó convenios con municipios por planes de viviendas. Objetadas sus ejecuciones, la Justicia Federal abrió causas aunque, en el 2018, la Corte dispuso su pase a la esfera provincial.
En agosto pasado, el Procurador Jorge Crespo armó un equipo para su investigación y asignó la coordinación a la fiscal Graciela Echegaray, dejando la tarea circunscripcional a seis fiscales: Juan Peralta en Viedma; Guillermo Lista en Bariloche, Oscar Cid en Cipolletti; y Miguel Fernández Jadhe y Julieta Villa en Roca.
En el primer semestre venció el plazo de investigación preliminar, pero los fiscales lograron prórrogas por un año, bajo el argumento de su complejidad. Este período alcanza a los empresarios ya que en los funcionarios públicos no hay límites por el artículo 128 del Código Procesal Penal de la provincia.
Los expedientes incluyen documentaciones logradas por el juzgado de Bonadio -incluso con operativos en el 2017 en los municipios- que fueron “sistematizadas” , sumando las carpetas retiradas en los recientes allanamientos en las constructoras para “cotejar” con aquellos registros oficiales, explican en las fiscalías.
Otra documentación central está en los relevamientos del IPPV sobre la ejecución de los planes cuando la provincia tomó posesión en el 2016 para su finalización. Esa información conforma un extremo en las pesquisas judiciales y en el otro están las transferencias realizadas por la Nación a cada municipio, sostenidos en las certificaciones de obra de los gobiernos locales.
Además, los fiscales ya disponen de los extractos bancarios de los envíos y, también, los pagos municipales a las empresas. Existen saldos favorables en poder de las intendencias, cuyo destino también conforman esta investigación penal.
Causas con 32 barrios y 13 gobiernos locales
Los barrios investigados por la Justicia llegan a 32, siempre por el manejo de fondos federales por parte de administraciones municipales del 2011/2015.
En los tribunales viedmenses se analizan cinco barrios en tres localidades: uno de Sierra Grande (40 viviendas), otro de San Antonio (120) y tres de Conesa (57, 31 y 34).
En Roca, la pesquisa llega a nueve obras en cuatro intendencias: Cervantes (planes de 44, 48 y 43); Río Colorado (80 y 104); Choele Choel (86 y 110); y Godoy (34 y 104). En Bariloche se evalúan nueve barriadas, con 871 viviendas, y un décimo plan corresponde a Jacobacci (50 unidades).
La circunscripción cipoleña investiga a cuatro gobiernos municipales, con ocho barrios y totalizando 586 viviendas. Cuatro planes en Cipolletti (100, 105, 102 y 97); Campo Grande (40), Fernández Oro (50 y 50), y Cinco Saltos (92).
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