Multas económicas y prohibición: la ley de Rolando Figueroa para frenar los loteos en las chacras
El proyecto fue anunciado por el gobernador durante la apertura de sesiones y ya ingresó a la Legislatura de Neuquén. Atacará el avance de las urbanizaciones en los valles irrigados, priorizando el uso productivo del suelo. También prevé la conformación de un nuevo organismo y de un fondo específico.
El proyecto fue presentado en la apertura de sesiones en la Legislatura. Foto: archivo Florencia Salto.
Frente al avance de los loteos y otros desarrollos inmobiliarios en zonas históricamente consideradas productivas, el gobernador Rolando Figueroa anunció el domingo la presentación de un proyecto de ley para proteger, conservar y recuperar tierras bajo riego en Neuquén.
La medida fue comunicada por el mandatario en el contexto de la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura, donde habló por cerca de dos horas y adelantó un total de seis leyes para enviar próximamente a la cámara.
«No podemos seguir perdiendo chacras«, resumió el gobernador al comentar la iniciativa que fue ingresada el mismo domingo en la Legislatura.
Una ley contra los loteos en las chacras: los argumentos del Ejecutivo
El proyecto, cuya redacción fue revisada por Diario RÍO NEGRO, propone un «régimen integral para la protección, conservación, recuperación y uso sustentable de las tierras productivas» de la provincia, específicamente «aquellas bajo riego y drenaje, promoviendo su aprovechamiento racional y equitativo».
La ley declara de interés público provincial la protección de las tierras productivas y de la infraestructura asociada al riego y drenaje, promoviendo «la cooperación entre el Estado provincial, los municipios y el sector privado».
Entre sus principales alcances, impone como prioritario el uso agropecuario del suelo y prohíbe las instalaciones de loteos, urbanizaciones o cualquier actividad que altere zonas productivas con aptitud agrícola, a excepción de las viviendas familiares vinculadas a la explotación productiva.
El Ejecutivo argumentó que Neuquén es un territorio predominantemente árido y semiárido, por lo que las tierras productivas irrigadas «representan un capital natural no renovable en escalas humanas«. Su degradación, agregó, «implica pérdidas irreversibles de capacidad productiva, biodiversidad y servicios ecosistémicos».
La explicación oficial citó números. Por ejemplo, mencionó que la superficie bajo riego de Neuquén, estimada en alrededor de 115.000 hectáreas, representa apenas el 1,22% del total de la provincia, constituyendo «un recurso estratégico y no renovable en términos productivos».
Durante los últimos años la expansión de proyectos inmobiliarios e industriales sobre áreas tradicionalmente agrícolas se consolidó con mayor fuerza en los valles irrigados de los ríos Neuquén y Limay.
«Estas transformaciones del uso del suelo —en muchos casos sin planificación territorial ni compensaciones adecuadas— han reducido de manera sostenida la superficie agropecuaria, donde se registra se han perdido unas diez mil hectáreas (10.000 ha) netas desde 2015 (SENASA 2024)», indicó el proyecto enviado por el Gobierno.
El secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud, dijo que la ley busca proteger «los suelos con riego y drenaje, que fueron el motor de los primeros asentamientos de Neuquén y su matriz productiva».
En comunicación con este diario, remarcó que el suelo con aptitud agrícola «no es renovable» y que la porción que tiene potencialidad productiva «solo es el 1% del total de la provincia».
«Es una acción para impulsar la producción y hacer que el desarrollo urbano por ahí tome otra zona», agregó.
Las tierras alcanzadas
De acuerdo al texto presentado por el Ejecutivo, los municipios y comisiones de fomento «podrán dictar normas complementarias«, que se adecúen a la ley o incrementen el nivel de protección establecido, sin afectar los estándares de protección mínimos.
Las tierras comprendidas son todas aquellas de «dominio público o privado, estén o no en producción que cuenten con sistemas de riego y drenaje existentes o con aptitud agrícola reconocida por autoridad competente».
La norma, además, propone como autoridad de aplicación a la secretaría de Producción e Industria, dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria, o el organismo «que en el futuro la reemplace».
Sus funciones serán identificar y registrar suelos con aptitud productiva, bajo riego y drenaje; elaborar un programa provincial de conservación y restauración; monitorear la calidad y aptitud productiva de los suelos; exigir planes de manejo y restauración; aplicar sanciones administrativas; coordinar con municipios y organismos técnicos; poner en conocimiento del Ministerio Público Fiscal las conductas que pudieran constituir presuntos delitos ambientales o contra la infraestructura hídrica; y dirigir acciones para el cumplimiento de la presente ley.
También «podrá aprobar una zonificación específica con dos categorías orientativas: ZP1 (protección prioritaria) y ZP2 (uso condicionado), procurando armonizar el desarrollo territorial con la preservación de la capacidad productiva y el funcionamiento de la infraestructura de riego y drenaje».
Del proyecto también surge la creación del Consejo Provincial para la Protección de Suelos Irrigados, que tendrá un carácter «consultivo y asesor», y será convocado por la autoridad de aplicación.
Entre sus principales funciones, aparecen el asesoramiento para identificar suelos productivos, la emisión de opiniones técnicas no vinculantes sobre el programa provincial de Conservación y la colaboración en la definición de criterios técnicos de zonificación y delimitación de los oasis productivos.
El uso productivo del suelo será beneficiado con «diferentes incentivos y beneficios», que se complementarán con «líneas de crédito a productores que acrediten buenas prácticas de conservación de suelos y eficiencia hídrica».
Multas económicas y clausuras
En paralelo, serán infraccionados aquellos propietarios o terceros que bloqueen canales, realicen rellenos que alteren el escurrimiento e impulsen loteos o fraccionamientos prohibidos. Lo mismo ocurrirá con quienes hagan obras sin permiso, incumplan servidumbres y falsifiquen declaraciones o estudios.
La autoridad de aplicación podrá aplicar una o más sanciones realizando el siguiente camino: apercibimiento; imposición de la multa; suspensión temporal, parcial o total; clausura preventiva o definitiva; obligación de recomposición ambiental.
Las multas se establecerán en IUS según el valor vigente al momento de su imposición. Las leves irán desde los 50 a los 500 IUS, las graves desde 501 a 5.000 IUS y las muy graves desde 5.001 a 20.000.
Todo lo que se recaude irá a un «Fondo Provincial de Protección y Conservación de Suelos Irrigados».
Frente al avance de los loteos y otros desarrollos inmobiliarios en zonas históricamente consideradas productivas, el gobernador Rolando Figueroa anunció el domingo la presentación de un proyecto de ley para proteger, conservar y recuperar tierras bajo riego en Neuquén.
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