Negro Muerto, una apuesta de US$8 millones: 12.000 hectáreas productivas y un novedoso sistema de recupero

Ocho establecimientos rurales de Negro Muerto deberán devolver cerca del 90% de los fondos destinados a una obra de infraestructura eléctrica que permitirá incorporar unas 12.000 hectáreas a la producción en Río Negro. Ese proyecto forma parte de un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que contempla otras obras estratégicas para ampliar y mejorar la infraestructura productiva provincial.

El financiamiento planteado proyecta un fuerte desarrollo para esa zona y, además, una plusvalía de esos campos. La pretensión estatal del recupero es lógica, pero también es cierto que hay antecedentes similares poco favorables.

Hace 20 años, el BID participó con US$5 millones para la construcción del Acueducto Agrícola Ganadero en el Valle Inferior, que favoreció a 90 productores. Su reintegro privado fue casi nulo. En el caso de Negro Muerto, el gobierno provincial argumenta la firma de actas de compromisos de los beneficiados.

El actual financiamiento internacional llega a los US$80 millones, de los cuales, unos US$60 millones estarán destinados a cuatro grandes intervenciones vinculadas con el desarrollo productivo: Guardia Mitre, Negro Muerto, el sistema de riego del Idevi y Margen Norte, en la zona de Chimpay.

Las obras tienen alcances diferentes, de acuerdo con las proyecciones difundidas por el BID, el programa alcanzará de manera directa a casi 7.000 productores agropecuarios de Río Negro y beneficiará indirectamente a más de 275.000 habitantes de los departamentos productivos intervenidos.

El BID diferencia su tratamiento crediticio y, en el caso de Negro Muerto, la obra de electrificación -que favorece directamente a ocho establecimientos productivos– contempla un mecanismo de recupero por parte del Estado provincial.

La inversión es de US$8 millones y comprende 32,2 kilómetros de red eléctrica, un cruce sobre el río Negro y siete centros de transformación, con infraestructura para incorporar unas 12.000 hectáreas productivas durante la primera etapa.

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Negro Muerto: ocho establecimientos deberán devolver el 90% de la inversión

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En este caso, el ministro de Desarrollo Productivo, Carlos Banacloy, confirmó que los productores deberán reintegrar aproximadamente el 90% de la inversión y adelantó que se remitirá un proyecto de ley a la Legislatura para formalizar ese compromiso.

«Es el único de los cuatro esquemas en el que el banco nos exige hacer una devolución por parte de los beneficiarios es Negro Muerto», remarcó el funcionario.

Esa inversión ya acumuló observaciones. En agosto, los bloques peronistas -Vamos con Todos y PJ- presentaron un pedido de informes pidiendo precisiones de los propietarios de las tierras que se favorecerían y, además, cómo llegaron a ser titulares y qué beneficios recibirán por las inversiones públicas financiadas con créditos del BID.

Banacloy consignó a ocho titulares alcanzados por las mejoras, mientras aclaró que es un mecanismo de recupero asociado a las condiciones del crédito internacional, y se conformará un Fondo específico.

Los productores devolverán los fondos en función de la superficie de sus establecimientos. El financiamiento que la Provincia traslada establece un plazo de pago de 25 años y un período de gracia de tres años desde la ejecución de la obra. La intención del Gobierno es comenzar los trabajos en 2027 y finalizar durante 2028. Una vez cumplido el período de gracia, comenzaría la devolución.

¿Cómo sería el mecanismo? «La primera opción en análisis -explica el ministro- que se incorpore a la boleta Inmobiliaria, con destino a un Fondo Específico. La segunda, su inclusión en la boleta de Edersa. La amortización en función de la inversión».

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Cuáles son los establecimientos beneficiados en Negro Muerto

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Banacloy aseguró que los ocho beneficiarios ya firmaron las actas de conformidad, que es un requisito solicitado por el BID antes de cumplir con el desembolso y que se integrarán al proyecto legislativo. El texto de las actas aún no se conoce, a pesar de que en el ministerio se prometió la entrega de esa documentación.

La nómina de establecimientos rurales vinculados con el proyecto consignados por el ministerio de Desarrollo Productivo y que se incluirían en la iniciativa parlamentaria comprende a San José, Meris SA, Gali-Pique, Kaita-CO, Subestación El Solito, La Victoria, Peirano y Bunge.

Se trata de lotes rurales de distintas dimensiones. Según las referencias relevadas, algunos de los establecimientos más grandes rondarían las 4.500 hectáreas. La superficie total comprendida por el proyecto se estima en unas 12.000 hectáreas.

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Qué producción buscan desarrollar en las nuevas tierras

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La infraestructura que financiará el Estado representa una primera etapa para habilitar nuevas inversiones privadas. La puesta en producción de las tierras requiere una inversión adicional estimada de entre US$5.000 y US$6.000 por hectárea para desarrollar los sistemas de riego.

Así lo explicó Lucio Reinoso, secretario de Agricultura de Río Negro, quien detalló que el modelo productivo proyectado contempla ampliar la superficie de alfalfa y pasturas para generar megafardos destinados a la exportación.

También se prevé incorporar cereales como maíz, trigo y cebada, además de reservar hasta un 10% de la superficie para producciones hortícolas, principalmente cebolla y papa, durante una primera etapa.

La propuesta incluye integrar la agricultura con la ganadería. Para eso, se busca aprovechar las pasturas que no alcancen la calidad necesaria para exportación, los rastrojos y los granos para terminar animales a campo y posteriormente en corrales de engorde.

«Queremos generar más producción de carne por hectárea en la provincia y, a su vez, producir forraje que nos permita tener volumen de pasto cuando venga la sequía», explicó Reinoso.

El funcionario señaló que las nuevas áreas bajo riego también podrían convertirse en proveedoras de alimento para los establecimientos ganaderos de secano, especialmente durante períodos de escasez de pasturas naturales.

De todos modos, aclaró que el Estado busca generar las condiciones para que los privados inviertan, mientras que cada productor definirá su modelo de explotación de acuerdo con las oportunidades comerciales y las demandas de los mercados.

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Los controles ambientales para desarrollar las tierras

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El cambio de uso del suelo y la disponibilidad de agua también forman parte de las condiciones que se deben cumplir para avanzar con los proyectos.

Reinoso explicó que, durante la presentación del financiamiento, el BID solicitó precisiones sobre los permisos de uso de agua pública y los procedimientos para habilitar nuevas superficies productivas.

En ese proceso intervienen la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y el área de Agricultura. Las intervenciones deben contemplar estudios de impacto ambiental y medidas de mitigación para evitar la degradación de los suelos.

En Negro Muerto, además, se incorporaron antecedentes de trabajos realizados durante más de 14 años junto con universidades, el INTA y Aapresid, orientados al desarrollo de modelos productivos bajo riego y siembra directa.

Según explicó el secretario, se presentó ante el BID un informe elaborado por Aapresid junto con el INTA, con recomendaciones sobre las prácticas agrícolas que deben aplicarse en la zona para reducir riesgos como la erosión.

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Río Negro analiza cambios en el impuesto inmobiliario para los campos improductivos

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En paralelo al proyecto de riego, el Gobierno provincial trabaja en una iniciativa para modificar el esquema del impuesto inmobiliario rural y establecer diferencias entre los establecimientos que producen y generan empleo y aquellos que permanecen improductivos.

El planteo busca reconocer a los productores que sostienen la actividad, generan trabajo y mantienen el arraigo en el territorio. «Cómo puede ser que un impuesto inmobiliario a un campo que hoy no tiene ningún esquema productivo sea exactamente el mismo que paga el que tiene 4.000 ovejas, vive ahí y está trabajando», cuestionó el ministro Banacloy.

La propuesta alcanza tanto a los valles irrigados como a los establecimientos ganaderos de secano de la Región Sur. Sin embargo, todavía tiene aspectos por resolver, especialmente en relación con las situaciones de sucesiones sin terminar y las dificultades jurídicas que atraviesan algunos campos.

Banacloy reconoció que la iniciativa se encuentra en una instancia de análisis, aunque aseguró que el Gobierno busca avanzar para generar mayores incentivos a la producción rural.