Odarda y organizaciones presentaron un amparo por la derogación de la Ley de Tierras
La acción llegó a la Justicia Federal en Río Negro. Piden la declaración de nulidad del artículo referido al tema en el DNU y que se anulen las operaciones de compra y venta en manos de foráneos.
El lago Escondido quedó dentro de la estancia del magnate inglés Joe Lewis. Foto: archivo
La legisladora del bloque Vamos Con Todos, Magdalena Odarda, junto con organizaciones ambientalistas, integrantes de comunidades indígenas, representantes gremiales y dirigentes políticos de Río Negro, presentó un recurso de amparo colectivo contra el Poder Ejecutivo Nacional por la derogación de la Ley de Tierras que incluyó en el Decreto de Necesidad y Urgencia.
La medida fue presentada hoy en la Justicia Federal en jurisdicción rionegrina y puntualmente apunta contra el artículo 154 del Decreto N°70/2023, publicado el 21 de diciembre en el Boletín Oficial y que entraría en vigencia hoy.
Los amparistas entienden que esta medida de Milei contra la Ley de Tierras Rurales 26.737, que entre otras cosas levantaría las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, no tiene necesidad ni urgencia justificada.
Según se informó desde el bloque legislativo, la acción presentada plantea la «declaración de inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable del artículo 154 del mencionado decreto, así como de toda normativa o acto derivado o dictado en cumplimiento del mismo».
El el amparo se «solicita la nulidad total de todas las operaciones de compra de inmuebles rurales realizadas por personas humanas o jurídicas extranjeras desde la fecha de emisión del decreto impugnado«.
Odarda, que es una de las amparistas de la causa de Lago Escondido que reclama el libre acceso a la costa del espejo de agua que quedó dentro de la propiedad del magnate inglés Joe Lewis, dijo que esta acción está se relaciona con «la defensa y soberanía nacional, con el respeto al ambiente y con los derechos humanos de los pueblos indígenas”.
“La derogación de la Ley de Tierras por DNU compromete este derecho fundamental y la utilización racional de los recursos naturales, esenciales para el desarrollo humano y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Además, afecta la Soberanía Nacional al comprometer la regulación de la titularidad de tierras rurales, consideradas recursos estratégicos esenciales para la biodiversidad, el patrimonio natural y cultural, y la identidad de nuestra nación”.
En la ley derogada se establece un límite a la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos extranjeros.
También Odarda cuestiona la magnitud del DNU que «pretende interferir en legislación protectora de la seguridad de nuestras fronteras, afectar la Soberanía Argentina sobre nuestros recursos naturales y bienes naturales comunes, así como poner en jaque los derechos de nuestros Pueblos Originarios sobre sus territorios ancestrales».
Para la legisladora que esta derogación se imponga mediante el mecanismo elegido por Milei «carece de cualquier fundamentación que acredite la necesidad y urgencia para la emisión de un decreto de estas características».
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