La derogación de la ley de Tierras podría tener inmediato impacto en la Patagonia
Con la modificación queda liberada la restricción de compra de tierras productivas por extranjeros y desregula el mecanismo que protege las nacientes de agua.
La Ley de Tierras, de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, fue derogada. Archivo
La ley aprobada en 2011 que puso límite a la extranjerización de tierras rurales y fue derogada ayer por el Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó el presidente Javier Milei había condicionado en la última década el interés inmobiliario de mega inversores sobre la región patagónica, que ahora quedaría liberado.
La ley 26.737, llamada “de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales” fue sancionada en 2011 y estableció que las personas físicas o jurídicas de nacionalidad extranjera no pueden adquirir unidades mayores a las 1.000 hectáreas y tampoco los propietarios de ese origen pueden concentrar más del 15% de las tierras rurales en zonas “núcleo”, entre ellas la Patagonia.
El departamento Bariloche, por ejemplo, tiene cubierto ese tope y hasta hoy, por imposición de la ley de Tierras, no existía margen para habilitar más operaciones directas con compradores extranjeros, según especificó hoy la abogada y concejal por Incluyendo Bariloche, Julieta Wallace.
Dijo también que la avanzada de Milei en el tema introduce un riesgo mayor porque la ley derogada veda la venta de campos con nacientes de aguas o que “sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura o permanentes”.
Wallace trabaja en el tema desde hace más de 15 años, durante los cuales se desempeñó en áreas técnicas de Parques Nacionales y luego fue asesora de la comisión de la legislatura provincial que investigó la venta de tierras fiscales “a precio vil” durante la gestión del gobernador Miguel Saiz.
Wallace consideró que el decreto conocido ayer está lejos de cumplir con los requisitos legales y “habrá planteos de inconstitucionalidad”. Resaltó que la caída de la ley de Tierras pone en riesgo “el respeto de la soberanía sobre los recursos naturales para las generaciones futuras”, especialmente en relación con un “recurso vital” como el agua, que tiene valor económico y estratégico y cuya abundancia en la región atrae desde hace tiempo la mirada de poderosos grupos foráneos.
También señaló que la desaparición de la ley es una puerta abierta al asentamiento de bases militares extranjeras y otras instalaciones como el aeropuerto privado que montó el magnate Joe Lewis en la costa marítima rionegrina.
Dijo que la mayor presión de inversores extranjeros (a los que se hizo continua referencia durante el debate de la ley) se concentran no solo en zonas productivas como la pampa húmeda, sino en otras que resultan valiosas por su paisaje o por su ubicación, como las ubicadas en algunas zonas del norte del país, el litoral correntino y la cordillera patagónica.
La prohibición de la ley para la extranjerización de cursos de agua hubiera impedido por sí sola la venta de tierras a Lewis en Lago Escondido y a Ted Turner, quien en los años 90 adquirió la estancia La Primavera, incluido un segmento del río Traful.
Wallace dijo que al no quedar derogadas la ley de tierras fiscales en zonas de frontera y la ley de emergencia de tierras indígenas, existen otros condicionantes, que todavía deben ser respetados, cuando alguna operación inmobiliaria afecta por ejemplo a comunidades originarias.
La ley derogada estableció también la creación de un Registro Nacional de Transferencia de Tierras Rurales y se realizó un relevamiento en todo el país, para comprobar que ninguna provincia, partido o departamento superara el limite del 15% de extranjerización. Desde entonces cada operación de venta debía ser declarada y habilitada por el Estado nacional.
“Lo más importante es que con esta derogación de la ley queda liberada la restricción de compra de tierras productivas por extranjeros y sobre todo desregula el mecanismo que protege las nacientes de agua”, subrayó la abogada.
Dijo que el expresidente Mauricio Macri ya había buscado relativizar su aplicación mediante un decreto “que presentó como un complemento del decreto reglamentario, pero en realidad fue más allá y por eso hubo planteos en la Justicia”.
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