Otros dos condenados por la estafa con planes sociales en Neuquén: no irán presos
Llegaron a un acuerdo con la fiscalía: se declararon responsables de integrar la asociación ilícita y cobrar dinero que debía ir a los más desfavorecidos. Postura crítica del juez que dictó el fallo.
Dos integrantes de la organización que cometió la estafa con planes sociales en Neuquén fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso (no irán a la cárcel) y a realizar tareas comunitarias, en el marco de un acuerdo alcanzado por la fiscalía de Delitos Económicos, la fiscalía de Estado y las defensas. Uno de ellos devolvió el dinero percibido, aunque a valores históricos del período septiembre 2020-julio 2022.
El acuerdo fue homologado por el juez de Garantías de Villa la Angostura, Juan Pablo Balderrama, el cuarto que interviene en este caso. Tres de sus colegas de Neuquén capital se negaron a convalidar la salida alternativa alcanzada por la fiscalía y las defensas porque consideraron que la pena pactada es muy baja.
Los condenados son Rodolfo Andrés López y Adrián Meza Lizama. El primero de ellos, según la acusación de la fiscalía, recibía cheques de beneficiarios de planes sociales, los depositaba en su cuenta bancaria personal, retiraba el efectivo por ventanilla y entregaba los billetes a los cabecillas de la organización: Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sánz o Marcos Ariel Osuna.
Con esta modalidad, durante el período investigado percibió 264 cheques por 12.791.500 pesos.
Vehículos alquilados
En cuanto a Meza Lizama, suscribió un contrato de alquiler de vehículos con Sánz sin cumplir con los requisitos de la ley 2141 de administración financiera. Le pagaban con cheques librados contra la cuenta de planes sociales.
La fiscalía descubrió que por el alquiler cobró 103 cheques por 4.982.500 pesos. Meza Lizama depositó esa suma este año.
A ambos, al igual que a todos los imputados, la fiscalía de Estado les inició un juicio para recuperar el monto de la defraudación que supera actualizados en total los mil millones de pesos.
Nueve condenados
Con estos dos, son 9 los condenados en juicios abreviados. El año pasado recibieron la misma pena de 3 años de prisión en suspenso Omar Ulises Rodríguez Quezada, Aaron Escobar, Gustavo Roberto Mercado, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Alejandra Rivera, Gesel Roxana Tarifeño y Pamela Alejandra Cea.
Los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Narváez explicaron que la política de persecución penal de la fiscalía es llevar a juicio pleno sólo a jefes y colaboradores. Se refieren a los 15 imputados que comenzarán a ser juzgados el 21 de julio hasta el 12 de septiembre.
El cuarto juez
Pasaron casi 8 meses desde que la jueza de Garantías de Neuquén, Carina Álvarez, se negó a homologar el acuerdo entre la fiscalía y las defensas para condenar a Rodolfo López y Adrián Meza Lizama a tres años de prisión en suspenso. Su argumento fue que las penas eran bajas y podían enviar un mensaje equivocado a la sociedad.
El Tribunal de Impugnación -Andrés Repetto, Nazareno Eulogio, Patricia Lúpica Cristo- anuló esa decisión y ordenó un nuevo juicio con otro juez. Designaron a Cristian Piana, quien también se negó a homologar el acuerdo.
El mismo Tribunal volvió a anular. El tercer juez que intervino, Juan Encina Rivero, falló en el mismo sentido que los colegas que lo precedieron, y se llegó así al cuarto, Juan Pablo Balderrama.
Una situación «muy delicada»
Este jueves al dar a conocer su resolución, Balderrama fue crítico. Dijo que al designarlo para intervenir en este caso, el Tribunal de Impugnación «modificó la competencia», y esta situación «es muy delicada».
«Voy a asumir la competencia, porque entiendo las razones escritas y las no escritas. Y porque nadie se opuso a mi intervención», explicó.
La competencia positiva
También cuestionó que el Tribunal de Impugnación no haya ejercido competencia positiva para resolver el conflicto. Es decir, que los mismos jueces dictaran un fallo en vez de anular y designar a otro, con el consiguiente despilfarro de tiempo y recursos.
«En este caso era muy claro» pero «a veces los jueces volvemos con la estructura vieja del tribunal de alzada, conceptos que vienen de otros procesos».
Por último, indicó que «sobre la pena propuesta, que es lo que más crítica ha traído en los colegas que me precedieron, quizá si fuera fiscal a López le hubiera puesto más pena, o a Lizama menos, pero no trabajo de fiscal, soy juez y me toca validar lo que ha presentado la acusación, y veo que es razonable».
Dos integrantes de la organización que cometió la estafa con planes sociales en Neuquén fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso (no irán a la cárcel) y a realizar tareas comunitarias, en el marco de un acuerdo alcanzado por la fiscalía de Delitos Económicos, la fiscalía de Estado y las defensas. Uno de ellos devolvió el dinero percibido, aunque a valores históricos del período septiembre 2020-julio 2022.
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