Política

Video | Estafa con planes sociales en Neuquén: con duros reproches a la fiscalía, una jueza abrió la puerta para penas de prisión

Rechazó tres acuerdos propuestos porque las penas eran muy bajas. “Se puede enviar el mensaje a la sociedad neuquina que los delitos de corrupción no tienen graves consecuencias”, dijo en su resolución. Dictó cinco condenas a 3 años de prisión en suspenso.

Por Guillermo Berto

26/09/2024 00:15

-Buen día doctora Álvarez, se vino de rojo hoy.

-No es rojo doctor, es fucsia.

Desde antes de empezar, algo en el ambiente hacía presumir que la controversia iba a marcar el tono de la vista en la que debía resolverse la situación de ocho imputados en la estafa con planes sociales en Neuquén. Se trata del grupo que acordó con la fiscalía de Delitos Económicos declararse culpable de formar parte de una asociación ilícita que perjudicó al Estado con dinero de los más desposeídos. A cambio de esa confesión negociaron -en el buen sentido- una pena en suspenso (no van presos a menos que cometan otro delito). Es lo que se llama un acuerdo pleno. No hay juicio, es un trato, solo hace falta que un juez o jueza lo homologue.

Estafa con planes sociales en Neuquén: uno por uno, dónde están los cabecillas y por qué

Pero a los cuatro minutos de lectura del veredicto, la jueza Carina Álvarez aclaró que ella no estaba ahí para hacer de escribana y no aprobaría tres de los ocho acuerdos. Dejó afuera a los más difíciles de justificar: involucran a Valeria Noemí Honorio, Rodolfo Andrés López y Adrián Alfredo Meza Lizama (los mencionó diario RÍO NEGRO en una de las crónicas publicadas en estos días).

Aprobó en cambio otros cinco: Gustavo Roberto Mercado, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Alejandra Rivera, Gesel Roxana Tarifeño y Pamela Alejandra Cea.

Sobreseídos, ¿habrá impugnación?

Como también se informó, otros seis imputados quedaron sobreseídos: Lucía Soto, Analía Schrer, Javier Vergara, Paola Zeballos, Marinés Huaiquipán y Marcela Albornoz. La fiscalía aplicó lo que se conoce como principio de oportunidad: entendió que cumplieron un rol menor, y los necesita como testigos en el futuro juicio oral en contra de los líderes de la banda.

Para darle más complejidad: el abogado-imputado Alfredo Cury dijo que impugnará esos sobreseimientos y la convocatoria a estas seis personas como testigos en el juicio. ¿Por qué? Resulta que fueron clientes suyos cuando estalló el caso, allá por 2022, y ahora declararán en su contra. La fiscalía nunca le avisó que los descartaría como imputados para citarlos como testigos. ¿Podría triunfar su impugnación? Justo se estaba discutiendo sobre eso en la antesala de la audiencia cuando ingresó la jueza y la conversación giró hacia el color de su suéter.

Los acuerdos y la escribanía

Jueza Carina Álvarez. No es rojo, es fucsia. (Matías Subat)

Los ocho acuerdos plenos fueron presentados a la magistrada entre viernes y lunes por la fiscalía de Delitos Económicos, la fiscalía de Estado y las defensas -públicas y privadas-. Álvarez se tomó 48 horas antes de dar a conocer su resolución. Eso dio la pauta de que no sería un mero trámite. La magistrada quería decir lo suyo.

«Nuestra labor como jueces consiste en controlar los fundamentos del acuerdo y no ser meros espectadores o escribanos públicos autorizantes de lo que las partes presenten», empezó.

Al realizar el control, Álvarez encontró desproporcionada la pena (por lo baja) con los hechos reconocidos por estos tres imputados.

El tamaño de la pena y el mensaje a la sociedad

Honorio (de verde), Meza Lizama (de negro) y López (con una gorra tapándole parte de la cara). La jueza rechazó sus acuerdos e irán a juicio oral. (Matías Subat)

«Debo evaluar si la pena acordada es proporcional al delito cometido, a la gravedad (…) porque una pena insuficiente, baja, deslegitima el proceso penal, actúa en detrimento de la prevención general que sin duda tienen las penas (…) una pena insuficiente puede enviar un mensaje equivocado a la sociedad sobre la gravedad del delito, minando la confianza en el sistema judicial y perjudicando la percepción de la comunidad sobre la responsabilidad penal», dijo.

«La pena que no es justa -continuó- puede enviar un mensaje a la sociedad neuquina que los delitos de corrupción donde se provoca tanto perjuicio al Estado y a personas muy vulnerables como en el caso los desocupados, no tengan graves consecuencias. Es un mensaje negativo, e incluso genera la percepción de impunidad».

«Este control de racionalidad del acuerdo de pena previene de posibles omisiones o abusos por parte de las partes, que puedan llevar a acuerdos que favorezcan intereses particulares en detrimento de las víctimas y de la justicia del caso», remarcó la jueza.

Casos difíciles de explicar

Valeria Honorio, empleada del Ministerio de Desarrollo Social, aceptó declararse culpable de ser integrante de la asociación ilícita, cobró 43 cheques destinados a personas vulnerables por 2.043.900 pesos, extrajo dinero de cajeros automáticos con tarjetas de débito de beneficiarios de planes sociales y tuvo un sospechoso incremento patrimonial.

La fiscalía, dijo la jueza «omitió considerar como agravante la vulnerabilidad de las víctimas directas de estos delitos. Se jugó con la necesidad de las personas que no tenían trabajo ni ingresos para cubrir sus necesidades vitales. Se aprovechó de uno de los sectores más necesitados de la sociedad para cometer el delito y perjudicarlos por intereses propios y políticos. Y lo que es más ruin aún es que estas maniobras comienzan cuando la sociedad toda padecía la pandemia de Covid, una época con mayores limitaciones y carencias de todo tipo. Esto no pudo ser obviado por el representante de la víctima como tampoco por el representante del Estado neuquino», señaló en referencia a la fiscalía de Estado, querellante en la causa.

En términos similares se refirió a Rodolfo López, quien cobró 264 cheques por 12.791.500 pesos; y Adrián Meza Lizama, que alquiló camionetas sin licitación y recibió 103 cheques «librados contra la cuenta donde se acreditaban los fondos para pagar el subsidio a desocupados» y «cobró de manera indebida 4.982.500 pesos», todo a valores históricos.

Los defensores de estos tres imputados, Alejandro Marco por Meza Lizama, Pablo Gutiérrez por López y Juan Pablo Piombo por Honorio, presentarán recursos ante el Tribunal de Impugnación.

«No veo que estemos enviando un mensaje de impunidad»

Juan Narváez y Pablo Vignaroli. Confían en que el domingo presentarán el requerimiento de elevación a juicio oral. (Matías Subat)

El fiscal jefe Pablo Vignaroli opinó que la jueza “adjetivó mucho” en su veredicto, pero aclaró que “no voy a polemizar con ella”.

“No veo que estemos enviando un mensaje de impunidad. Iremos a juicio con estos imputados más los otros que no aceptaron el acuerdo, y ahora tenemos un piso más alto para pedir penas de prisión efectiva para todos”, dijo a diario RÍO NEGRO luego de la audiencia.

Añadió que el agravante de que las víctimas pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad “se lo vamos a aplicar a los cabecillas de la asociación ilícita”.

«También son vulnerables»

“Estas personas -agregó por los que aceptaron firmar los acuerdos- también son vulnerables, no tenían margen para desobedecer”.

Respecto del pedido de elevación a juicio, señaló que cumplirán los plazos.

Aunque la magistrada otorgó 15 días extra para presentar el requerimiento de elevación a juicio, confió en que cumplirán con la fecha original y el domingo 29 entregarán toda la documentación.

¿Qué pasará con la impugnación?

Los defensores de los tres imputados cuyo acuerdo fue rechazado (Alejandro Marco por Meza Lizama, Pablo Gutiérrez por López y Juan Pablo Piombo por Honorio), presentarán recursos ante el Tribunal de Impugnación.

Al respecto, la jueza Carina Álvarez se anticipó en su veredicto y señaló: «no desconozco los antecedentes jurisprudenciales de algunas jueces del Tribunal de Impugnación en cuanto sostienen que los jueces de garantías debemos homologar el acuerdo presentado por las partes porque es producto de conversaciones y es la forma que los protagonistas del conflicto han decidido resolverlo. No lo desconozco pero no lo comparto en absoluto, pues entiendo que dicha postura nos convierte en escribanos públicos de las partes”.