Patricia Bullrich ordena el Senado: Presupuesto 2026 «a libro cerrado» y Reforma Laboral al freezer

La semana de sesiones extraordinarias cerró con un cambio de aire en el Senado, impulsado por la intervención directa de Patricia Bullrich. Como jefa de la bancada oficialista, Bullrich logró desactivar las internas propias y establecer un canal de diálogo más fluido con la oposición dialoguista, evitando que el Gobierno sumara nuevos traspiés legislativos.

La estrategia fue clara: priorizar la gobernabilidad inmediata y postergar las batallas más desgastantes. Por este motivo, la reforma laboral —el punto que más resistencia genera en el kirchnerismo y los sectores gremiales— fue enviada al «freezer» hasta febrero, permitiendo que el debate se retome con más calma durante el verano a través de cumbres virtuales.

La postergación de la reforma laboral no es solo una tregua, sino un movimiento táctico. El oficialismo espera llegar a febrero con la jura del rionegrino Enzo Fullone, un voto clave que le permitiría consolidar un bloque propio más fuerte y, eventualmente, desplazar al kirchnerismo de comisiones estratégicas. Con este nuevo mapa de poder, el Gobierno confía en tener el número suficiente para aprobar los cambios laborales que hoy están trabados.

Hasta entonces, la prioridad absoluta es el Presupuesto 2026, que el Senado planea sancionar «a libro cerrado» este viernes 26 de diciembre, aceptando el texto tal como llegó desde Diputados para evitar que la ley naufrague.

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Presupuesto, ATN y la amenaza del veto

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A pesar del avance del Presupuesto, el clima de desconfianza entre la Casa Rosada y los bloques aliados sigue vigente. Javier Milei ya avisó a sus legisladores que, aunque quiere la ley aprobada, no dudará en vetar cualquier partida que considere excesiva o que ponga en riesgo el equilibrio fiscal.

La estrategia del Ejecutivo para disciplinar a las provincias incluirá el uso discrecional de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el posible uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para recuperar lo que el Congreso decida recortar. Bajo la premisa de «pagar después de votar y no antes», el Gobierno busca asegurar la sanción de la ley de leyes antes de que termine el año.