Planes sociales en Neuquén: salió la sentencia escrita y los jueces suavizaron el tono político que tuvo el veredicto oral

El Tribunal integrado por Juan Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla dio a conocer este lunes la sentencia escrita con los fundamentos por los cuales los 12 condenados por la estafa con planes sociales en Neuquén recibieron entre 5 años de prisión efectiva y 3 años en suspenso.

Son 160 páginas que siguen los lineamientos del veredicto. Sin embargo, le faltan varios conceptos respecto de aquel anticipo oral que dieron el 11 de diciembre pasado y que generaron revuelo. La comparación con el caso Temux es más lavada; no hay alusiones al supuesto «fin de la hegemonía del MPN» que permitió «la impunidad de una época que estamos intentando dejar atrás». Tampoco a «jueces que fuimos designados en otro contexto» ni al jurado de enjuiciamiento contra el exfiscal Ricardo Mendaña. Es algo que pueden hacer: lo que vale es lo escrito. Escrito en piedra, se dice en la Ciudad Judicial.

De todos modos el texto el voto principal del juez Hermosilla al que adhiren Kees y Guaita (igual que la sentencia de responsabilidad) mantiene un tono crítico. Describe la estafa en estos términos: «Se trata de una maniobra delictiva coordinada en un importante grupo de personas, pertenecientes a distintas reparticiones estatales, que provocó un grave perjuicio económico a la administración pública, afectando el normal acceso a subsidios a personas en situación de vulnerabilidad durante la pandemia de Covid 19, y que tuvo como finalidad financiar ilegalmente al partido político Movimiento Popular Neuquino, comprometiendo de este modo el sistema electoral, base de la forma republicana de gobierno».

Penas en prisión y en suspenso

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Como informó diario RÍO NEGRO, los jueces aplicaron condenas por el delito de administración fraudulenta agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública. Les impusieron a cinco años de prisión efectiva a Orlando Abel Di Luca, Ricardo Nicolás Soiza Curbelo y Tomás Siegenthaler; 4 años y 6 meses a Néstor Pablo Sánz, y 4 años a Marcos Ariel Osuna.

A Julieta Mariana Oviedo, Luis María Gallo y Alfredo Andrés Cury 3 años y 6 meses de prisión efectiva; a Laura Carolina Reznik Mastronardi, Valeria Noemí Honorio, Isabel Natalia Montoya y Emmanuel Rodolfo Victoria Contreras 3 años en suspenso.

Dos años y 20 participantes

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Entre otros fundamentos, los jueces mencionan que «el hecho de que la maniobra se haya extendido durante casi dos años genera un claro aumento del perjuicio causado desde un punto de vista objetivo, y lógicamente amerita un mayor reproche. A su vez, que una persona esté realizando o colaborando con una actividad ilícita durante tanto tiempo demuestra, a las claras, que su accionar resulta de una particular gravedad y amerita un mayor reproche».

«Estamos ante una administración fraudulenta que se realizó con la colaboración de aproximadamente 20 personas, tomando en cuenta las personas condenadas mediante acuerdos de juicio abreviado. Es cierto que había coordinación, y un engranaje aceitado y distribuido para que la maniobra se consumara. El reproche debe ser mayor», señalan.

El hecho de que «se hayan distribuidos roles, una coordinación donde cada persona tomó un determinado campo de acción al solo efecto de cometer un ilícito, es un elemento que desde todo punto de vista debe aumentar el castigo penal».

«Manipular el voto ciudadano»

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Por otra parte enfatizan: «no es un dato menor que esos fondos se hayan utilizado para distorsionar el funcionamiento de los partidos políticos e influir o manipular el voto ciudadano, subordinando intereses clientelares al verdadero destino del subsidio, especialmente en el contexto de la pandemia».

«Se acreditó que un grupo de personas utilizó estos fondos espuriamente obtenidos -lo cual, de por sí, ya es un elemento dañoso- para perjudicar el normal desenvolvimiento de una institución tan estructural para nuestra democracia como lo es un partido político de relevancia. Aquí se anexa también lo manifestado por la Fiscalía de Estado, respecto a la relación que existiría entre la corrupción y la democracia, en cuanto se utilizaron fondos públicos para sostener un sistema de clientelismo político, lo cual atenta contra el sistema democrático».

La alusión al caso Temux

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La comparación con el caso Temux ocupa muy poco espacio en la sentencia escrita: «No es menor que los hechos juzgados en la causa Temux ocurrieron entre los años 2004 y 2005, es decir, prácticamente hace 20 años. Para contextualizar este relevante paso del tiempo, basta señalar que, ínterin, la provincia de Neuquén ha tenido cambios estructurales de significancia, tales como el advenimiento de un Código Procesal Penal de corte adversarial o la instauración de un Consejo de la Magistratura».

En otra mención, señalan: «la implementación de un Código Procesal Penal de corte acusatorio no es anecdótica, pues todos sabemos el impacto que ha tenido en cuanto a los plazos procesales en los cuales se tramitan las causas. Nótese, que en el caso Temux, la duración total del proceso fue de once años, circunstancia que, lógicamente, no fue pasada por alto y fue debidamente valorada al imponerse los montos de condena. Esa demora, no existió en el presente caso».

Qué habían dicho en el veredicto

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El 11 de diciembre pasado, al adelantar los lineamiento de la sentencia en el veredicto oral, el presidente del Tribunal Juan Kees dijo entre otros conceptos que «Temux se explica más que por razones jurídicas por razones políticas. Existían en esa época condiciones estructurales que favorecían la impunidad. Algunas de esas condiciones están cambiando, afortunadamente».

Como informó diario RÍO NEGRO, se trató de una estafa que ocurrió durante 2004 y 2005 y que involucró al directorio del banco y a empresarios. Algunos defensores intentaron compararlo con planes sociales para pedir penas en suspenso para los imputados.

Kees recordó que en esos años el entonces fiscal Ricardo Mendaña fue «víctima» de un jurado de enjuiciamiento que terminó con su destitución, impulsado por el entonces gobernador del MPN, Jorge Sobisch.

Aseguró que el CELS no dudó en describir ese proceso como «escandaloso» y un «caso paradigmático de persecución a un funcionario independiente». Señaló que «este era el contexto en el que la justicia penal tenía que investigar los delitos contra la administración pública» en la provincia.

Dijo que Temux tardó «once años en resolverse» y que ese tribunal «tomó en consideración el tiempo transcurrido y el perjuicio que había causado a los acusados». Incluso afirmó que las juezas (Ana Malvido y Carina Álvarez) criticaron el trabajo de la fiscalía que aceptó la suspensión del juicio a prueba para algunos de los imputados. Finalmente la causa se cerró con sobreseimientos por el transcurso del tiempo. No lo dijo expresamente, pero es público que el fiscal que condujo ambas investigaciones (Temux y planes sociales) fue el mismo, Pablo Vignaroli.

«Fin de la hegemonía»

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Mencionó como «un dato que no es menor» que «a partir del año 2023 concluyó una hegemonía de 60 años» del MPN.

Remarcó que hay estudios que demuestran cómo la alternancia política favorece «las investigaciones de las causas de corrupción».

«Estamos en un momento distinto, con una legislación distinta y con jueces que fuimos designados en otro contexto», enfatizó. Agregó: «la impunidad conseguida en Temux pertenece a una época; época que estamos intentando dejar atrás».

Estos conceptos no fueron incluidos en la sentencia escrita que se conoció este lunes 29.