Planes sociales: ocho de cada diez argentinos cree que existe un alto nivel de irregularidades
Así lo develó un estudio de la consultora Julio Aurelio Aresco. También mostró un amplio apoyo de los encuestados a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, en su discusión con el militante Juan Grabois. Qué más datos aporta.
Tolosa Paz debió afrontar severas protestas de parte de los organizaciones sociales por la baja de los planes.
Un informe de una consultora privada arrojó que una amplia mayoría de la población considera que existe un nivel “muy alto de irregularidades” en la asignación de los planes sociales.
Según el sendeo, ocho de cada 10 argentinos consultados consideró que existen inconsistencias en la entrega de la ayuda social y que el Estado debería revisar exhaustivamente a los beneficiarios.
El trabajo evidenció que el 56% de las personas interrogadas cree que “hay que reducir los planes sociales para bajar el gasto público», mientras que el 33% señaló que “no se pueden reducir porque hay gente que los necesita aunque le generen gastos al Estado».
A raíz de este escenario, la empresa Julio Aurelio Aresco mostró además que más de la mitad de los participantes respaldó la posición de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que encaró una investigación sobre la calidad de los planes sociales entregados por la dependencia a su cargo.
El estudio, realizado desde el 3 al 5 de enero sobre una muestra de 4.000 casos a nivel país, indagó también sobre la tensa discusión entre la funcionaria y el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois. Este último cuestionó en duros términos la intervención oficial para conocer cómo se distribuía la asistencia.
El 51,8% de los consultados dijo estar de acuerdo con el pedido de la ministra de levantar el secreto fiscal de los beneficiarios de los planes sociales, mientras que apenas el 9,4% justificó las quejas del militante piquetero.
A poco de acceder a su cargo, la exdiputada del Frente de Todos se encontró con inconsistencias, como la compra de dólar ahorro por parte de quienes recibían algún tipo de asistencia. Es por ello que la funcionaria suspendió el pago de los planes a los involucrados hasta que se investigue cada caso, decisión que fue rechazada por los dirigentes de movimientos sociales.
Según información del Ministerio de Desarrollo Social, en el comienzo de este 2023 más de un millón de personas ya realizaron el trámite correspondiente, realizado “con el objetivo de llegar a la mayor cantidad posible de titulares” del plan. El plazo límite para actualizar la información es el 15 de enero.
El trámite de validación de identidad es “condición ineludible” para continuar formando parte del Potenciar Trabajo, cuyo haber ronda una mensualidad aproximada a los $30.000 y que equivale al 50% del salario mínimo.
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