Posponen el juicio a mapuches imputados por usurpación en Villa Mascardi
El juez federal Hugo Greca resolvió suspender hasta febrero del 2023 las audiencias por la convocatoria de Nación a las partes a una nueva mesa de diálogo para tratar de resolver el conflicto. La fiscalía federal y la Administración de Parques Nacionales pedían juzgar ahora a los 9 imputados.
El 4 de octubre pasado efectivos de la Policía Federal desalojaron a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, que mantuvo durante casi 5 años varios predios usurpados en Villa Mascardi y detuvieron a un grupo de mujeres. (foto de archivo de Alfredo Leiva)
El anuncio de Nación de convocar a una nueva mesa de diálogo para intentar resolver el conflicto originado por las usurpaciones de miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, repercutió de inmediato en la justicia.
El juez federal Hugo Greca resolvió posponer hasta el 13 de febrero del 2023 el inicio del juicio oral y público contra 9 integrantes de esa comunidad, que están imputados por la usurpación de predios de la Administración de Parques Nacionales (APN) en Villa Mascardi.
El magistrado dictó el viernes la resolución a pesar de la oposición de la fiscal federal interina de Bariloche Cándida Etchepare Greca y de la APN que es querellante en la causa.
La fiscalía les atribuye a los imputados, con la adhesión de la querella, haber usurpado a principios de noviembre de 2017 un predio de la APN en Villa Mascardi. Ese expediente es conocido como la causa madre, porque fue la primera toma de tierras a manos de la comunidad Lafken Winkul Mapu en esa zona, distante a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche por la ruta nacional 40.
Después, los miembros de esa Lof extendieron las usurpaciones hacia lotes contiguos de la APN y de particulares hasta el 4 de octubre pasado, cuando efectivos de la Policía Federal desalojaron los predios por orden de la jueza federal Silvina Domínguez, que subroga el juzgado de Bariloche.
Greca requirió a la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y a los imputados que informen cada 15 días “el avance de las negociaciones intentadas en la mesa de diálogo propuesta por el Presidente de la Nación”.
Recordó en la resolución a la que RÍO NEGRO accedió, que el lunes “debía continuar el debate oral y público en este expediente, conforme fue decidido y notificado a todas las partes” en la audiencia del martes pasado.
Reunión de mapuches con el Presidente
Indicó que el jueves los defensores particulares de los imputados habían solicitado nuevamente la suspensión de las audiencias en virtud de una reunión que el presidente, Alberto Fernández, mantuvo el miércoles con representantes de comunidades mapuches de Río Negro, Neuquén y Chubut, en la que se resolvió “convocar a una mesa de diálogo desde el Estado nacional”. Y mencionó que la normativa vigente “promueve la resolución alternativa de conflictos”.
Greca señaló en la resolución que había pedido la opinión a la fiscal federal interina y a la apoderada legal de la Administración de Parques Nacionales que es querellante en la causa. “La querella manifestó que aun cuando existía una mesa de dialogo, ello no resultaba óbice para no continuar con el debate”, reveló el juez. “Por su parte, la titular de la acción (por Etchepare) dictaminó en idéntico sentido oponiéndose férreamente a la suspensión de la audiencia fijada”, destacó.
«Una vez más, se me corre vista con el objeto que me expida en torno al nuevo intento defensista por evitar el inicio del juicio que otrora hubieran reclamado que se realice. No existe ya a estas alturas, a entender de este Ministerio, duda alguna en cuanto a que la dilación tiene por solo objeto evitar ad eternum el cierre definitivo de estas actuaciones y, en un futuro, lograr la prescripción de la acción penal que, en mi carácter de representante de la acusación pública, tengo la obligación de resguardar», sostuvo la fiscal federal en su dictamen del 15 de diciembre último. «A esto se suma que la inmiscusión del Poder Ejecutivo dentro de ámbitos propios del poder judicial torna, cuanto menos, peligrosa«, advirtió.
Etchepare recordó que, en los albores de esta pesquisa, existieron diversas mesas de diálogo de tinte político llevadas a cabo por distintos organismos y actores de la sociedad y, más adelante, por el Ministerio de Justicia de la Nación -primero- y por el Ministerio de Seguridad de la Nación -después-. Esos infructuosos intentos de diálogo llevaron a la continuidad del proceso».
«A todo esto se suma que, en la actualidad, existen personas detenidas en estas actuaciones, lo que torna imperioso que el proceso no se paralice y que pueda realizarse un debate que logre poner fin, de una vez por todas, al conflicto», aseguró. Por eso, solicitó al juez que mantenga la fecha de juicio impuesta para el próximo lunes 19 de diciembre y omita, nuevamente, convalidar la paralización del proceso.
Los fundamentos del juez
Greca recordó que el 2 de marzo pasado había solicitado a las partes a una mesa de diálogo, que no avanzó. Y que en esa ocasión expuso que la normativa vigente establece que “los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social”.
“Así las cosas, previo a todo acto deviene imperioso agotar las vías de diálogo entre partes”, destacó Greca. “Ahora bien, ante esta nueva etapa de diálogo planteada por la cabeza del Poder Ejecutivo -puesto que habría sido el propio Presidente de la Nación quien solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos que convoque a una mesa de diálogo- y los imputados, reitero mi posición en cuanto a que la solución de conflictos por la vía del diálogo debe primar siempre ante la aplicación irrestricta del derecho penal, que debe ser aplicado como ultima ratio en este tipo de conflictos”, planteó el magistrado.
“Por lo cual haré lugar a la suspensión requerida hasta el día 13 de febrero del 2023, sin perjuicio de requerir a los implicados que informen quincenalmente el avance de las negociaciones intentadas”, indicó.
Afirmó que aun cuando la APN “hizo saber que pretendía continuar con la audiencia prevista” para el lunes, “también manifestó conocer que en la órbita del Poder Ejecutivo se estaría realizando una mesa de diálogo, lo cual debe valorarse al resolver esta cuestión”.
“No debo dejar de resaltar que, a pesar de los constantes intentos de diálogos que han fracasado durante el tiempo que conlleva este conflicto, reafirmo mi posición de que este nuevo intento propuesto desde la cabeza del Poder Ejecutivo es la modalidad que mejor se adecúa a los fines previstos en la normativa procesal citada”, destacó.
Remarcó la existencia de personas detenidas “conlleva necesariamente a que los implicados en el diálogo informen el avance de las negociaciones, por lo cual la intimación quincenal impuesta deviene razonable”.
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