Presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad: así afecta el ajuste a trabajadores y beneficiarios

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) atraviesa una de las crisis más profundas desde su creación. A los fuertes recortes presupuestarios aplicados desde diciembre de 2023, cuando asumió Javier Milei la presidencia, se suma ahora el escándalo por los audios del exdirector y amigo personal del mandatario, Diego Spagnuolo, quien involucró a Karina Milei en supuestos pagos de coimas.

En este contexto, un grupo de trabajadores de ANDIS —que además forman parte del colectivo de personas con discapacidad— dialogó con Noticias Argentinas y relató la situación que enfrentan a diario tras la reducción de personal y el desfinanciamiento de programas.

«La reducción de personal dio como resultado una mala división de tareas porque cada uno de los empleados que quedamos tenemos mucha más carga laboral. Si aún con la planta de trabajadores que había antes éramos superados por las demandas, imaginate ahora que, por lo menos, somos 500 trabajadores menos en distintas áreas», manifestaron.

Según explicaron, la unificación improvisada de sectores como Comunicación, Call Center y Atención Ciudadana dejó como casi única tarea la recepción y resolución de reclamos. Esto repercute directamente en la gestión de trámites fundamentales como el Certificado Único de Discapacidad (CUD), las pensiones contributivas por invalidez laboral o el acceso al programa federal Incluir Salud.

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El cierre de los centros de referencia en el interior dejó a los trabajadores de ANDIS como único vínculo para los beneficiarios

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La situación se agravó con el cierre de todos los centros de referencia en el interior del país, una decisión atribuida a Spagnuolo. «Hay que pensar los contextos: no todos en el interior tienen acceso a internet… los centros estaban buenos porque la gente tenía la orientación más personalizada y cercana a su lugar de residencia. Todo se cerró, como también cerraron los operativos territoriales y eso repercute en nosotros que estamos en la central de ANDIS, tanto en la sede de Núñez, como en la de Hipólito Irigoyen, que es la de pensiones. La gente del interior nos tiene a nosotros como las únicas vías de contacto porque todo lo que estaba cerca de su casa, se eliminó», explicaron.

A esta sobrecarga se suma la invisibilización que aseguran sufrir los propios empleados con discapacidad. Relatan que, en algunos casos, se les retiraron los medios de transporte para llegar a su lugar de trabajo y, a cambio, sólo se les ofreció la posibilidad de trabajar desde sus casas. «Las consecuencias negativas impactan en la sociabilización de la persona porque pierde el espacio compartido con sus compañeros y colegas o de enterarse de lo que pasa día a día en el ámbito laboral», detallaron.

Otro de los puntos críticos está vinculado a la falta de asistencia personal para los trabajadores con discapacidad motriz, quienes deben afrontar de manera privada los costos de acompañamiento para actividades cotidianas, dado que ANDIS ni las obras sociales lo garantizan.

«Siempre fue así porque la demanda del colectivo es histórica, pero ahora es peor. Para el Estado, las personas con discapacidad, al igual que los jubilados, los oncológicos, los niños y la gente con problemas de consumo, somos un gasto. Para ser buenas políticas públicas hay que invertir plata y los políticos deciden robarla», concluyeron.