Qué pasa en Jujuy: marchas, paro, represión, detenciones y hasta policía en la Universidad

El conflicto se mantiene en la provincia. Además de los cuestionamientos por la reforma constitucional, los docentes mantienen el reclamo salarial y los pueblos originarios se oponen a las minas de litio. Este jueves hubo nuevas movilizaciones.

Jujuy se mantiene en conflicto contra la reforma constitucional, las minas de litio y por el reclamo salarial docente. Ayer se denunciaron nuevas situaciones de represión y detenciones, además del ingreso ilegal de la policía provincial a la Universidad. Por estos hechos, hoy se realizaron nuevas movilizaciones.

Sindicatos docentes y otros sectores estatales de Jujuy, agrupados en la Intergremial y la Multisectorial, se movilizaron hoy por el centro de la ciudad capital en rechazo a la reforma constitucional. Esto se da en el contexto de un paro por 24 horas, en el que exigieron la libertad de las personas detenidas por la policía en Humahuaca y en San Salvador.

Al grito de «libertad, libertad, a los presos por luchar», la columna repudió las detenciones y encausamientos de los dirigentes sindicales, sociales y docentes que participaron de las protestas contra la reforma constitucional y acusaron al Gobierno de Gerardo Morales de ordenar los procedimientos.

«Repudiamos enérgicamente lo que está pasando en Jujuy, estas detenciones son un desastre. Este Gobierno sabe que tiene un rechazo muy grande«, afirmó Andrés García, prosecretario gremial del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems).

García también exigió el «cese de la persecución, la estigmatización de la actividad sindical y la brutalidad de las represiones» frente a «una reforma constitucional viciada y aprobada a espalda de los intereses colectivos y violatoria de derechos».

La justicia de Jujuy allanó casas de 22 personas que protestaron en Humahuaca contra la reforma, denunciaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y otros organismos. Allí fueron detenidas al menos tres personas -dos trabajadores municipales y un estudiante- acusadas de «sedición», «privación ilegítima de la libertad», «lesiones graves», y fueron trasladadas y alojadas en el penal del barrio Alto Comedero.

Uno de los detenidos fue Iván Blacutt, precandidato a diputado nacional del Frente de Izquierda que se desempeña en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy.

Al repudiar los arrestos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional de Jujuy denunció que la Policía de Jujuy sigue con procedimientos con «vehículos sin patente, ni identificación», que «violan el estado de derecho y las garantías ciudadanas».

También fue detenido el dirigente de la Corriente Clasista y Combativa Santiago Zamora en su casa, donde secuestraron teléfonos celulares, tras ser imputado por hechos vinculados con la represión del 20 de junio.

«Reafirmamos nuestro rechazo a los métodos represivos y persecutorios que emplea el gobierno provincial sobre los compañeros que luchan, exigimos el cierre de causas y desprocesamientos», dijo el titular del Seom, Santiago López.


Qué pasa en Jujuy: el rechazo a la presión con la Universidad


La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, a través de su decano, Ricardo Manetti, volvió a repudiar las «amenazas» de Morales contra los trabajadores del Centro Universitario de Tilcara -que depende de esa institución- y consideró que «son violatorias» de la autonomía de las casas de altos estudios.

Morales había acusado a «los empleados» del Centro Universitario de «incentivar el corte (de ruta) en Tilcara», aseguró «tener la identificación» de ellos y advirtió que podría «expropiar» sus instalaciones.

Por su parte, medios locales informaron ayer que agentes ingresaron sin autorización a la Universidad Nacional de Jujuy mientras se realizaba una sesión del consejo superior en el rectorado. Al tratarse de un territorio nacional, los policías provinciales no pueden actuar en el predio.

«La ilegalidad de la intromisión en la Universidad Nacional de Jujuy» es «una violación a la autonomía» de esas instituciones educativas, se sumó el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk.

Tras los repudios a ese accionar «violatorio», que también rechazó el Consejo Interuniversitario Nacional, Morales salió a anunciar que pidió «sanciones» para los efectivos de la Policía jujeña que irrumpieron en una reunión del Consejo Superior de la Universidad. Y calificó de «inadmisible y condenable» el operativo de su propia policía que, evaluó, representa un «abuso de poder».

Además resaltó que «los responsables ya están pagando las consecuencias» y agregó: «Respetando la Ley y no con autoritarismo es como se resuelven los problemas de los argentinos».

Junto a ese mensaje, compartió una publicación del Comité de la UCR de Jujuy, que había repudiado el accionar policial al considerarlo un «abuso de poder totalmente condenable» que atenta contra «la autonomía universitaria».

Mañana, en el Salón Delia Parodi del Congreso Nacional, la Multisectorial Solidaridad con el Pueblo Jujeño dará una conferencia de prensa para denunciar la «grave situación» de la provincia «con decenas de allanamientos, detenciones arbitrarias, causas armadas y la amenaza de expropiar la sede de la UBA en Tilcara».


Qué pasa en Jujuy: nueva reunión paritaria con los docentes


Por su parte, las autoridades del Gobierno de Jujuy y representantes de sindicatos de docentes provinciales se reunieron este jueves al retomar las negociaciones paritarias, pero los educadores reclamaron que «no hubo una propuesta de recomposición salarial».

Tras la reunión, la secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), Silvia Vélez, afirmó que se ratificó ante los funcionarios provinciales el pedido de «aumentos que impacten en el salario básico, el no descuento de los días de paro y el reintegro de los días descontados, demandas que quedaron para el análisis».

La referente tomó la palabra ante los docentes que aguardaban respuestas en las afueras del edificio del Ministerio de Educación y dijo que se convocará a las bases para determinar «cómo continúan las medidas de fuerzas».

Confirmó que continúa el paro por tiempo indeterminado de los docentes del nivel inicial y primario debido a que «no hubo una oferta de aumentos salariales».

Los docentes mantienen protestas por aumentos salariales desde el 5 de junio pasado, siendo el gremio Adep el único espacio que desde ese momento mantiene un paro por tiempo indeterminado, por lo que denunciaron descuentos de sus haberes correspondiente al mes pasado.


Qué pasa en Jujuy, uno por uno, los artículos polémicos de la reforma constitucional: uno prohíbe los cortes de ruta


Con el voto de los 29 representantes oficialistas se ratificó la «prohibición de cortes de ruta», en el artículo 67, en el contexto de protestas, que también impide la ocupación de edificios públicos por reclamos sociales y gremiales.

El artículo 67, titulado “El derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica”, establece que “el Estado debe asegurar que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de otros, y garantiza la libre circulación de las personas”.

Morales defendió el concepto de prohibir los cortes de rutas y calles: “El ejercicio de derecho de la manifestación no puede obstaculizar el ejercicio de otros derechos y este es el debate que tiene que ver con la consolidación de la paz”, expresó.

Además, el gobernador anunció la marcha atrás con la redacción de dos artículos, el 50 que establece “derechos y garantías de las comunidades de los pueblos indígenas”, y el 36 consigna los incisos referidos a “la propiedad privada”.

Durante las sesiones, también se trató la imposición de nuevos órganos y reglas que se impulsan en la administración de justicia en la provincia y modificaciones en el Régimen Electoral y el Régimen Municipal.

El artículo 50 indicaba que el Estado es el encargado de reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, con el fin de garantizar y reafirmar la integridad territorial de la Provincia en la Nación» y «promueve la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano».

La ley señalaba que «ninguna de las tierras mencionadas en los incisos anteriores serán enajenables, transmisibles, ni susceptibles de gravámenes o embargos» y que «el Estado garantiza el derecho a la participación y consulta previa e informada de las comunidades originarias reconocidas en la Provincia respecto a sus recursos naturales y a los intereses que las afecten de manera directa”.

En la marcha atrás, fueron dejados sin efecto los dos últimos párrafos del artículo 36. Uno es el que decía que «será considerada grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida por parte de una o varias personas que impida al titular de la propiedad ejercer los derechos que le asisten según esta Constitución y la ley».

El otro es el que refería a «una ley especial determinará las condiciones para el desalojo, y para que el o los titulares del derecho afectado estén en condiciones de ejercer de manera inmediata sus derechos, aun cuando los autores de la ocupación no consentida se atribuyan la representación o los derechos del pueblo.


Formá parte de nuestra comunidad de lectores

Más de un siglo comprometidos con nuestra comunidad. Elegí la mejor información, análisis y entretenimiento, desde la Patagonia para todo el país.

Quiero mi suscripción

Comentarios