Qué pasará con el protocolo de violencia laboral en la Justicia y la Legislatura de Neuquén

El Ejecutivo publicó el propio luego de las denuncias por maltrato, acoso y abuso sexual contra Adrián Urrutia y Ernesto Seguel, que presentaron sus renuncias.





El decreto 2190 que aprobó el protocolo de intervención para situaciones de violencia laboral, acoso y/o discriminación abarca al Poder Ejecutivo de Neuquén y a los organismos centralizados y descentralizados. ¿Qué pasará con el resto de los poderes?

En el caso del Judicial, la discusión se desarrolla actualmente en el ámbito del convenio colectivo. No es un protocolo: hay un capítulo específico sobre violencia laboral en el que el sindicato hizo una propuesta, que ahora está en debate en las oficinas, y después deben analizar los paritarios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Está pensando como un abordaje.

En lo que respecta a la Legislatura, la ley 3168 del Estatuto del Personal Legislativo, sancionada en 2018, tiene un anexo con dos protocolos: uno de intervención para casos de violencia de género y/o discriminación sexista, y uno específico para violencia laboral de siete artículos.

La define como «las acciones y omisiones de una persona o grupo de personas que, en ocasión del ámbito o relación laboral, en forma sistemática y recurrente atenten contra la dignidad, integridad física o sexual, psicológica o social del/de la agente mediante abusos de poder o autoridad, amenazas, intimidación, discriminación, inequidad salarial, cuando del responsable acusado se desprende tal facultad o deber».

También enumera las formas de maltrato psíquico o social (gritar o insultar de manera ofensiva o delante de sus pares, asignar tareas sin sentido con la intención de humillar) e incluye el acoso sexual. Queda afuera el ciber-acoso, por ejemplo, que está contemplado en el protocolo del Ejecutivo y abarca el hostigamiento virtual, con correo electrónico, mensajería instántanea, distribución no consentida de audios e imágenes.

La denuncia debe ser presentada por mesa general de entradas, dirigida a la secretaría de Cámara con pronto despacho, e indicar las medidas cautelares que se solicita. Cualquiera de estas conductas se considera falta grave y la sanción prevista es la suspensión.

La comisión que actúa en estos casos está integrada por una representante de la presidencia y dos del gremio.

El vicegobernador, Marcos Koopmann, ya le encargó a la secretaria de Cámara que proponga una modificación en este punto y sume a la comisión a un abogado o abogada externa a la Legislatura y un profesional de la psicología.

El Consejo de la Magistratura, que es el organismo encargado de seleccionar mediante concurso público de antecedentes y oposición a jueces, juezas y al funcionariado judicial, está evaluando adherir al protocolo del Ejecutivo, con algunas especificaciones.


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