Rechazo tajante en Río Negro a la iniciativa para desregular las inmobiliarias

El proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados para simplificar la compraventa de propiedades y desobligar a las inmobiliarias de tener un profesional a cargo puso en alerta a los colegios y cámaras de esa actividad en Río Negro, que la tomaron como “una burla” y una muestra de “profundo desconocimiento”.

La presidente del Colegio de Martilleros con jurisdicción en el Alto Valle y Valle Medio, Mariela Alcoyaga, dijo que la iniciativa impulsada por el diputado del partido PRO Alejandro Bongiovanni “es una locura”, porque la preparación profesional de los matriculados, que cuentan con especialización y título universitario, “es irreemplazable”.

Señaló que realizan un trabajo técnico que no está al alcance de cualquiera y que comprende desde los criterios de tasación de propiedades, hasta los estudios de “dominio”, y el cuidado “riguroso” en la comprobación, por ejemplo, de posibles inhibiciones o embargos de los inmuebles, en operaciones que involucran “mucho dinero”.

Refirió que “no se trata de salir a la esquina y vender una casa, sin preparación”. Alegó también que poner en práctica la ley sería como “permitir la venta de remedios en un kiosco”.

El presidente del Colegio de Martilleros de Bariloche, Sergio González, también dijo que están “muy preocupados” ante la posible aprobación de la ley, porque generaría “un panorama adverso, por falta de controles”.

Señaló en contraste que la derogación de la ley de alquileres y la flexibilización de ese mercado “fue una buena medida”, pero la pérdida de la colegiación para los titulares de inmobiliarias, aunque parezca ir en el mismo sentido, sería “un grave paso atrás”.

Alcoyaga dijo entender los “lineamientos” políticos que busca imponer el nuevo gobierno nacional, pero a su entender, “con esto se pasan de rosca en la desregulación”.

Un rubro consolidado

En todo Río Negro son unos 600 los martilleros matriculados, 250 de ellos en el Alto Valle y alrededor de 150 en Bariloche. “Luchamos desde hace tiempo contra el ejercicio ilegal, la usurpación de títulos y contra lo que propone este señor -dijo Alcoyaga, en referencia al diputado-. Es evidente que no se informó lo suficiente. El proyecto parece redactado con inteligencia artificial”.

González dijo que puede resultar atractiva la consigna de que la ley brindará “facilidades” al consumidor y eliminará gastos, pero a su juicio “es un despropósito”.

Su colega asentada en Roca consideró que el proyecto “es una burla, algo ofensivo”. Subrayó que “nadie sin ser profesional puede hacer un avalúo de precios y contemplar un montón de cosas como un porcentaje de incidencia, la depreciación de los inmuebles. Piensan que tener una inmobiliaria es ser un simple cobrador de alquileres, pero nada que ver”.

Desde el colegio a su cargo sostuvieron que la tarea de los martilleros brinda “seguridad jurídica, eficiencia económica y lo más imprtante, protección de los derechos de los ciudadanos”.

Admitió que puede tomarse su planteo como una defensa corporativa pero, según Alcoyaga, la tranquilidad de operar en la compraventa de propiedades con profesionales habilitados es un reaseguro contra la “indefensión” de los clientes y “la única forma de evitar fraudes y estafas”.