La jueza federal de Zapala ya investiga el viaje de jueces a Lago Escondido

La fiscal Etchepare había pedido que se levantara el secreto fiscal y bancario de todos los magistrados, funcionarios, empresarios y prestadores.

La jueza federal de Zapala, Silvina Domínguez, que subroga en el juzgado de Bariloche, ya inició una investigación por el viaje de jueces, empresarios y funcionarios del gobierno porteño a la estancia Lago Escondido, del magnate inglés Joseph Lewis. Dispuso algunas o todas las medidas que le había solicitado la fiscal Cándida Etchepare, entre las que están el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todos los involucrados.

El viaje se hizo entre el 13 y el 15 de octubre pasados. Todos volaron en un avión privado, salvo los directivos de Clarín que lo hicieron en vuelo regular. La información original surgió porque se difundió el manifiesto del servicio, en el que aparecen los nombres de los pasajeros.

Pero el aparente hackeo del teléfono de uno de ellos, Marcelo D’Alesandro, ministro de Seguridad del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, abrió a la opinión pública un chat entre los miembros del viaje, que se llaman a sí mismos Los Huemules.

La veracidad de lo que allí escribieron o grabaron en audios o de las fotografías que compartieron está en discusión, aunque las voces que se escuchan en el intercambio son reconocibles.


Quién es la mina


En esas conversaciones,  aparece una voz adjudicada al juez federal Julián Ercolini que tranquiliza a sus compañeros de viaje con la certeza de que la fiscal -“la mina”, dice- ya aceptó desplegar acciones para que la denuncia que había presentado un abogado de Roca, Marcelo Hertzriken Velazco, volara a los tribunales de Comodoro Py o se archivara sin más.

La denuncia es esencialmente por incumplimiento de los deberes y la aceptación de dádivas.

Pero la fiscal Etchepare, negó esa conversación a RÍO NEGRO, pidió a la jueza Domínguez:

• “Se disponga el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todos los nombrados en el apartado II del presente dictamen, junto con el de las compañías Hidden Lake SA (CUIT 30-68590523-6) y Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos SA (30-71095473-5), a fin de que se recaben los datos bancarios necesarios para determinar la veracidad de las facturas y pagos descriptos precedentemente y si efectivamente fueron los investigados quienes efectuaron tales erogaciones (ley 11.683) o si se registran pagos anteriores por esos montos efectuados por terceras personas físicas o jurídicas”.

• “Se solicite a AFIP-DGI que tenga a bien analizar la autenticidad de las facturas presentadas en autos por las empresas mencionadas precedentemente. Algunas de ellas, emitidas dos semanas después de que hubieran consumido los servicios allí consignados”.

• “Encomendar a la fuerza de seguridad que la magistrada estime correspondiente que tenga a bien analizar el material fílmico obtenido en autos a fin de identificar debidamente allí a los pasajeros consignados en el formulario de declaración general del vuelo 26917, así como también a las demás personas que se observa que se reúnen con ellos y, en especial, a los tres individuos que acompañan a Nicolás Van Ditmar, a quienes en tal caso deberá convocarse a declarar”.

•_“Se requiera a Aerolíneas Argentinas los datos de el o los vuelos de regreso en los que habrían retornado a Buenos Aires Casey y Rendo”.

Fuentes del juzgado dijeron a este diario que se dispusieron medidas, algunas de las cuales son las que pidió la fiscal y otras, diligencias de otra índole.


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