Seis miembros de organizaciones sociales, entre ellos una exdiputada, acusados de millonario desvío de fondos en Neuquén
La fiscalía formuló cargos contra los integrantes de la cooperativa Viento Sur y el FOL. Anunció que en una próxima etapa acusará a dos exministros y a Ricardo Soiza, también involucrado en la causa Planes Sociales.
Este martes se concretó la formulación de cargos contra dirigentes de organizaciones sociales de Neuquén. (Cecilia Maletti)
La fiscalía de Delitos Económicos formuló cargos contra seis integrantes de la cooperativa Viento Sur de Neuquén, a los que acusó de desviar fondos por más de mil millones de pesos en 2023, que actualizados representarían más de 6.000 millones. La plata la depositó el gobierno de Omar Gutiérrez para capacitaciones pero fue destinada al pago de sueldos, compra de terrenos y de vehículos, según la imputación.
Como coautores fueron acusados Diego Augusto Mauro, Sonia Elizabeth Barrios y Lilian Larroza Velázquez; mientras que como partícipes quedaron la exdiputada Gabriela Suppicich, Ruth Valencia Beksabe Navarrete y Federico Gabriel Sánchez.
Uno de los abogados defensores, Mariano Pedrero, señaló al término de la audiencia celebrada este martes que «queda claro que todo el dinero que recibió la cooperativa Viento Sur fue destinado al pago de personas que estaban en situación de riesgo, se destinó a obras, se destinó a capacitación. No se planteó en ningún momento que hubiese enriquecimiento de algunos de los integrantes de la cooperativa».
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La situación de los exfuncionarios
Por otra parte cuestionó que «esta investigación se inició hace más de 9 meses y las únicas personas expuestas públicamente fueron mujeres que trabajan en los barrios, con los sectores más vulnerables. Y los funcionarios ni siquiera fueron citados a prestar declaración ni allanaron sus viviendas».
Al respecto el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Narváez confirmaron que en una próxima audiencia irán contra dos exministros de Desarrollo Social, Germán Chapino y Abel Di Luca; contra el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza, y contra el ex Coordinador Provincial, Tomás Siegenthaler. Los tres últimos están cerca de ir a juicio oral en el caso conocido como estafa con planes sociales.
La maniobra imputada
En la formulación de cargos de este martes, los fiscales y las asistentes letradas Fernanda Sabatini y Agustina Jara acusaron a los imputados de defraudar al Estado por 1.341.400.640 pesos, dinero proveniente del Programa de Acciones para la Capacitación de Integrantes de las Organizaciones Sociales de la Comunidad.
Ese programa se creó mediante decreto 1672 el 18 de agosto de 2022, en coincidencia con el descubrimiento de la maniobra con planes sociales.
Los fondos asignados debían ser utilizados por las organizaciones de la sociedad civil para capacitar a sus integrantes en herramientas para su inserción laboral o en la economía social.
Pero según la fiscalía, el dinero fue distribuido de la siguiente manera:
• Se destinaron 1.093.164.103,42 pesos al pago de sueldos (mediante 10.220 transferencias).
• Hubo pagos a proveedores y servicios por 180.202.949 pesos.
• Inversiones en plazos fijos: 179.027.945 pesos, con una ganancia por intereses de 40.335.404 pesos.
• Compra de bienes e inmuebles por 23.160.756.
Se trata de sendos terrenos en San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Plottier y en la meseta de Neuquén capital. Además adquirieron una camioneta Renault Kangoo 2015; un camión Ford F-250 y una camioneta DFSK C32.
Al respecto, el abogado defensor Pedrero explicó a la prensa que «la capacitación se hace mientras trabaja, aprende el oficio, realiza obras y por eso corresponde recibir una contraprestación, de otro modo es esclavitud. Ese dinero que se pagó en concepto de salario. Las personas estaban aprendiendo un oficio y a la vez trabajaban y percibían un ingreso».
Los roles de los imputados
La fiscalía le atribuye a Diego Mauro «haber pergeñado toda la maniobra defraudatoria con el fin de beneficiarse con el dinero sustraído». En ese sentido, «dio directivas a las autoridades de la Cooperativa Viento Sur para que el dinero proveniente del programa se gaste de la forma detallada en los hechos».
«Decidió usar el dinero para el pago de sueldos a beneficiarios por un monto de $ 1.093.164.103, transferir a su cuenta personal $ 1.164.682, a la cooperativa Cae Babylon $ 5.216.144,87 y la cuenta de la cooperativa del banco Credicoop $ 14.170.000», además de disponer que la compra de los terrenos y vehículos.
Sonia Barrios y Lilian Larroza Velázquez fueron imputadas como coautoras por su desempeño como tesorera y vocal de la cooperativa respectivamente.
A Suppicich le atribuyeron ser partícipe necesario, ya que a su cuenta transfirieron 4.455.253 pesos. La exdiputada dijo en varias entrevistas que brindaba capacitaciones en género a integrantes de la cooperativa.
Ruth Becksabe Navarrete Federico Sánchez también recibieron transferencias, por 5.510.445 y 4.572.693 pesos respectivamente.
Embargo e inhibición de bienes
El juez Raúl Aufranc tuvo por formulados por cargos y también fijó un embargo sobre los terrenos y vehículos, y una inhibición general sobre los bienes de los imputados por el plazo de seis meses.
La investigación fue declarada compleja, por lo que la fiscalía tiene un año de plazo para concluir esta etapa.
Sobre el grupo pesaba también una acusación por supuesta extorsión, pero fue archivada y el viernes pedirán su sobreseimiento.
La fiscalía de Delitos Económicos formuló cargos contra seis integrantes de la cooperativa Viento Sur de Neuquén, a los que acusó de desviar fondos por más de mil millones de pesos en 2023, que actualizados representarían más de 6.000 millones. La plata la depositó el gobierno de Omar Gutiérrez para capacitaciones pero fue destinada al pago de sueldos, compra de terrenos y de vehículos, según la imputación.
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